
Por Mercedes Posada Meola y Rubiela Valderrama Hoyos *
La historia de las movilizaciones sociales en Colombia es la historia de la lucha por la vida, la dignidad, el cese de la violencia, el reconocimiento pleno de los Derechos Humanos, la participación política, mejores condiciones laborales, la consecución de la paz y la defensa de la democracia.
Tras largos años de “idas, vueltas y revueltas”, diversos movimientos y colectivos sociales han visto en las calles el principal escenario para ejercer presión sobre el gobierno, expresar su malestar frente a los abusos y propiciar transformaciones que redunden en el bien común.
Como resultado de estos procesos ha sido posible conquistar y exigir derechos fundamentales como el derecho de reunión y manifestación, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Nacional, que no podemos perder de vista a la luz del momento que vive el país.
Uno de los principales recursos con los que han contado los movimientos y colectivos en las protestas recientes han sido sus celulares, no solo para organizar y convocar a las actividades de movilización, sino para dejar evidencia de las represiones cometidas por parte de la Fuerza Pública, para dar cuenta de relatos más allá de los oficiales que suelen circular de forma distorsionada por muchos medios de comunicación y para sensibilizar e informar a las personas a través de diversos testimonios que les permiten formarse una idea propia de lo que sucede.
Dice Manuel Castells que el antídoto con el que cuenta la ciudadanía para vencer el miedo y expresarse públicamente frente a la usurpación de los derechos por parte de las instituciones del Estado es la indignación, un sentimiento que moviliza y que al final deviene en la esperanza de cambio.
Desde esta perspectiva y al calor de las protestas nacionales y locales, que han tenido repercusiones y gran solidaridad internacional, sentimos que llegó la hora de consensuar de manera rápida y ágil. Exigir derechos no nos puede costar la vida.
A todo conflicto le tiene que llegar una negociación y esta se logra poniendo sobre la mesa propuestas que se conviertan en políticas públicas y que le permitan a la ciudadanía obtener logros y beneficios como resultado de su lucha, para que no muera la esperanza de un mejor país y de alcanzar la paz que tanto queremos los colombianos.
La judicialización a los responsables de los asesinatos y atropellos contra los jóvenes y la sociedad civil durante las protestas, respuestas frente a los asesinatos de los líderes sociales, cumplimiento a lo pactado en los Acuerdos de Paz, alternativas reales para superar la pobreza y la desigualdad que se han profundizado con la pandemia, son algunos de los temas más apremiantes que tiene que atender el actual gobierno.
Además de lo anterior, es importante retirar las reformas en curso: a la salud, pensional y laboral; lograr la masificación de la vacuna contra el coronavirus y establecer una renta básica que les permita a los ciudadanos tener garantizados unos mínimos para vivir dignamente.
El alcance de estos propósitos en el Distrito de Cartagena de Indias nos permitiría frenar el aumento de los índices de pobreza monetaria y multidimensional, los cuales, según el DANE, se extendieron a más de 140 mil nuevas personas, lo que nos pone en retroceso frente a la media nacional.
Desde esta perspectiva, es muy importante que en Cartagena se logre implementar el Plan de Desarrollo en torno a lo social de una manera eficaz, de modo que se inyecten los tan cacareados recursos a las comunidades menos favorecidas y se logre así llevar bienestar a los hogares en pobreza de la ciudad, en concordancia además con los consagrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Un punto fundamental en esta negociación por la ciudad es la derogación de la Ley 2038 de 2020, la cual no ha sido reglamentada y que causaría un cambio en la unidad de contratación de lo público a lo privado, generando -como hasta ahora – más riqueza para las élites y mayor pobreza y despojo del territorio de las comunidades negras, nativas y ancestrales.
El POT y el PEMP deben construirse de manera realmente participativa, de modo que las propuestas de la comunidad seas tenidas en cuenta y queden plasmadas en el documento final. Para ello, debe reestructurarse la agenda de construcción que se tiene diseñada hasta ahora y armonizarla con las preocupaciones alrededor del efecto del cambio climático, como una forma además de proteger a nuestras poblaciones costeras e insulares.
De igual forma, es urgente la actualización de la política pública ‘Cartageneras y cartageneros en pleno goce de sus derechos’ y su ejecución integral, de modo que se realicen acciones que permitan prevenir y erradicar las violencias basadas en género, se establezcan hogares de acogida para evitar más feminicidios, se pueda garantizar empleo formal y apoyo económico para las mujeres, se materialice la participación real y efectiva de las mujeres en todas las instancias de toma de decisiones políticas, y sobre todo, se evite la desaparición de niñas como Alexandrith Sarmiento Arroyo.
Nuestra indignación colectiva debe convertirse en políticas públicas para el buen vivir. Que no muera la esperanza de un país digno, democrático, reconciliado y en paz.
* Mercedes Posada Meola, feminista por convicción y condición; magister en Desarrollo Social; directora del Programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y Rubiela Valderrama Hoyos, feminista, activista por los Derechos Humanos de las mujeres, trabajadora social y magister en Estudios de Género, área Mujer y Desarrollo. Integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres y feministas de Cartagena y Bolívar.
Las opiniones expresadas por la columnista Mercedes Posada no comprometen a la UTB ni a sus directivos.
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