Al tiempo que participaba en una mesa de concertación promovida por la Procuraduría, a la cual asistieron voceros de la Contraloría y de los consorcios que operan cada componente del Sistema Integrado de Transporte Masivo -SITM, la gerente de Transcaribe, Sindry Camargo Martínez, sin enterar a ninguno de estos, activaba al menos dos planes de contingencias.
Por un lado, interponía una acción de tutela contra el «consorcio Colcard de Recaudo y Gestión de Flotas de Transporte Público, Smartmatic y Dataprom«, con el propósito de que un juez ordenara a estos la entrega de «los accesos a sitios y lugares que se necesiten para atender el recaudo. Esto son: taquillas de estaciones y sus respectivas llaves de acceso a ellas«, así como «claves de acceso a software, información almacenada en las bases de datos, documentación técnica, mecánica y electrónica y de usuarios de los torniquetes y equipos de seguridad«.
Y por el otro, convocaba para el próximo viernes 26 de marzo a una reunión extraordinaria de la junta directiva de Transcaribe, con el fin de que sus miembros aprueben la declaratoria de una urgencia manifiesta que permita contratar la operación del recaudo del sistema, el cual -como se sabe – fue suspendido por la firma Dataprom en su condición de proveedor del correspondiente software.
Revista Metro tuvo acceso al Orden del Día propuesto, dos de cuyos puntos son la «declaratoria de urgencia manifiesta y situación del SITM ante la suspensión del servicio por parte del concesionario de recaudo» y la «solicitud de autorización de contratación por urgencia manifiesta superior a los 500 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes)».
Y justamente mientras se realizaba la mesa de concertación, a las 4 y un minuto de la tarde, el consorcio operador del recaudo publicó en su cuenta en Twitter: «En estos momentos Colcard denuncia en mesa de trabajo con @TranscaribeSITM la mala fe contractual con que actúa Transcaribe al pretender presuntamente contratar a Supergiros de manera fraudulenta«.
Supergiros, como se sabe, presta servicios de envío y recibo de dinero, de pago de servicios públicos y de recarga de tarjetas del SITM.
Los Planes B y C
La declaratoria de una urgencia manifiesta para poder contratar el recaudo del sistema, anunciada oportunamente por Revista Metro en la nota ‘Transcaribe, sin plan de contingencia: solo funcionará «si sus usuarios se portan bien»‘ (hacer click), es, por lo visto, el Plan B contemplado por la gerente de Transcaribe para paliar la crisis por la cual atraviesa el sistema.
El Plan C, por lo visto también, fue la acción de tutela instaurada, pero las medidas cautelares solicitadas fueron negadas por el juez 4° de Pequeñas Causas Laborales (leer ‘Auto Admisorio y Nugatorio de Medidas Transitorias‘).
Urgencia manifiesta, ¿legal o ilegal?
De acuerdo con varias fuentes consultadas para esta nota, la Ley 80 de 1993 es clara en indicar en su artículo 42 que existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; o cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos. Se trata de una acción que le otorga a las entidades públicas la posibilidad de contratar en la modalidad de contratación directa las obras, bienes o servicios que se requieran para conjurar la crisis.
Pero, para el caso que se analiza, lo que se propone a la junta directiva de Transcaribe es declarar la urgencia manifiesta para contratar a otro proveedor del software de recaudo, presentando como una situación excepcional lo que en realidad ha sido una constante en Transcaribe: la grave situación financiera del sistema que se ha venido advirtiendo desde hace años por el Concejo Distrital, por los entes de control y por otros actores, entre ellos el propio alcalde William Dau Chamat y la actual gerente del sistema (leer ‘Concejo le insiste al Distrito que «entre todos debemos salvar a Transcaribe»‘).
«Además, se ha trasgredido el principio de la buena fe contractual«, advirtió un experto en contratación pública que pidió reserva de su nombre, «ya que mientras las partes están reunidas, concertando, convocadas por el Ministerio Público, una de ellas está promoviendo acciones que, lejos de generar confianza e incidir en una amigable composición, necesarias ante una crisis como la que se padece, lo que hacen es radicalizar las posiciones de cada uno«.
«A mí me sorprende«, agregó, «que se pidan facultades para contratar más de 500 SMMLV, es decir más de $500 millones, cuando no cuentan con esos recursos para pagar al recaudador actual; yo, sinceramente, no creo que en el caso de la urgencia manifiesta alguien permita que se le induzca al error, ni que abran una tronera para que los actuales concesionarios presenten millonarias demandas«.
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