Por Agustín Leal Jerez *
Comenzamos por reconocer que el alcalde William Dau ha acertado en la escogencia del equipo de Hacienda del Distrito, sin dejar de resaltar que en Cartagena existen profesionales capaces. Hemos leído el informe presentado por la secretaria de Hacienda al Concejo Distrital y consideramos que está completo, con todos sus anexos, como debe ser. En dicho informe se registra un superávit de $324.674’588.654 en las finanzas distritales, impulsado por los recursos del balance, como resultado de la baja ejecución del presupuesto de inversión a 31 de diciembre de 2020.
Nos hubiese gustado conocer el Marco Fiscal de Mediano Plazo antes de escribir esta columna para poder medir las acciones concretas del equipo económico frente a la crisis fiscal y social que se nos avizora en la ciudad, porque, si bien es cierto que el ejercicio fiscal del año 2020, técnicamente, registra un superávit, las cosas no son tan hermosas como nos las pintan. Veamos:
En esta parte, solo nos vamos a ocupar de analizar los ingresos corrientes de libre destinación -ICLD, porque son los recursos que dependen de la gestión fiscal que haga el Distrito y son los que soportan en su mayor parte los gastos de funcionamiento y la inversión social, además.
Para esta vigencia esta Administración presentó, y así quedó aprobado en el presupuesto, Acuerdo 044 de 2020, la suma de $565.081’186.250 como valor total del ICLD, cifra que criticamos duramente en nuestra columna ‘Proyecto de presupuesto 2021: un verdadero fiasco‘ (hacer click), porque, a pesar de la pandemia, incrementaba estos ingresos en un 9.42%.
Pero la sorpresa ha sido mayor porque, de acuerdo con el Acta de Cierre de presupuesto 2020, el total recaudado por estos impuestos fue de $474.872’565.493:
Lo que deja el escenario fiscal de estos ingresos de la siguiente manera:
En lo que va corrido del año, en cuanto se refiere al impuesto predial unificado-IPU, se ha recaudado lo siguiente:
Como podemos observar, a parte del desfase presupuestal de -15%, en tratándose del rubro IPU, tenemos que, frente al recaudo efectivo del tributo, se le suma un 6% adicional, que resulta de analizar la tabla anterior, para un total acumulado del -21%. En lo que respecta al Impuesto de Industria y Comercio -ICA, que también constituye parte de estos recursos, hasta el cierre de esta columna no tenemos cifras oficiales para el primer bimestre, pero calculamos que el desfase puede ser mucho mayor, por las consideraciones que hemos hecho en otras oportunidades, con respecto a la fragilidad de este impuesto, frente a la pandemia.
Haciendo un promedio ponderado de estos dos tributos, podríamos decir que se proyecta una contracción en los ingresos corrientes de libre destinación cercanos al 26%, lo que significaría, en dineros dejados de percibir a 31 de diciembre, de alrededor de $113 mil millones. Sin perder de vista, desde luego, que estos ingresos son los que mayormente apalancan los rubros para reducir la pobreza y la desigualdad dentro del Plan de Desarrollo ‘Salvemos Juntos a Cartagena – 2020-2023’.
Por otro lado, en lo que respecta a la parte contable de los estados financieros publicados por el Distrito, diferimos en cuanto se refiere al cálculo del pasivo exigible, por las siguientes razones:
Dentro del componente ‘Créditos Judiciales’ de los Estados Financieros, se contempla la suma de $12.817’011.513 como créditos judiciales exigibles; mientras que en el informe que rindió la Oficina Asesora de Jurídica al Concejo Distrital y en el acta de cierre presupuestal 2020 aparecen $38.476’225.232.69 como embargos ya decretados en contra del Distrito. Es decir, se aprecia una diferencia de $25.659’213.819.69. De igual forma, todas las sentencias contra el Distrito que se encuentren ejecutoriadas, especialmente aquellas que tengan más de 180 días, deben, por obligación legal, de computarse en este rubro (Artículo 192 y Sss CPACA). Igual proceder se aprecia en el componente ‘Pasivos Estimados, Litigios y Demandas’, que se encuentran en cero. Si lo que se dice por la calle es cierto, que este rubro tiene un peso superior a los $700 mil millones, luego entonces, todos los indicadores económicos de solvencia del Distrito estarían mal calculados; inclusive la estimación de riesgo AA.
Así las cosas, el equipo económico y de Hacienda Pública del Distrito debe mostrar toda su capacidad de gestión para impedir que las finanzas distritales se deterioren aún más, en detrimento de la población más pobre y menos favorecida del Distrito, cuyos programas sociales se encuentran financiados en más del 80% con estos recursos. A los nuevos miembros del gabinete distrital los saludamos con una de las promesas de campaña del alcalde Dau: “irrigar cantidades masivas de dinero en los sectores vulnerables de Cartagena…” Esto como «acciones a corto plazo, mientras se trabaja en la implementación de soluciones definitivas a los problemas de Cartagena”.
* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.
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