El sueño de toda persona se asume como realizado cuando se adquiere un techo propio, ese es casi que el propósito material de la vida, símbolo de que el trabajo y sacrificio de años y años tuvo sentido al verse materializado en cuatro paredes. Casi que uno puede morir tranquilo con la certeza que dejará a sus hijos al menos con un techo donde vivir.
Como todos saben, Cartagena hace un par de días amaneció con la noticia de que con policía a bordo se estaban desalojando a 106 familias que de buena fe habían adquirido apartamentos en edificios hoy cuestionados en su construcción o adquisición de licencias. Dicha noticia motivó una indignación generalizada al hacerse cada vez más evidente que el Distrito, ni antes de la crisis ni ahora, ha interiorizado lo delicado de la situación, una coyuntura que entre excusas y traslados de responsabilidades tiene sumergido en la zozobra a familias que hasta hace poco habían visto realizado su sueño de adquirir casa propia. Nadie duda de la responsabilidad que en todo esto han tenido las autoridades distritales, incluso ni ellas mismas lo niegan, pero es justamente esa corresponsabilidad la que obligaría a estas entidades a generar soluciones inmediatas dignas para todas estas personas. Esta crisis inmobiliaria estalló ya hace casi un año en la ciudad e independiente a la situación jurídica del alcalde, se descubrió casi que de inmediato un desorden urbanístico en el que el común denominador era la adquisición de licencias de construcción de forma fraudulenta.
Ahora, casi un año después, uno de los principales responsables de semejante crisis, el Distrito de Cartagena, sale de un momento a otro con que 16 edificios están a punto caer y que de forma inmediata deben ser desalojados. Y, como si fuera poco, dispone que si sus habitantes no tienen donde quedarse deben, junto con su familia, irse a vivir en un coliseo a dormir en colchonetas. Produce entre ira e indignación semejante mediocridad, pero más allá de lo mediocre de las medidas resulta más humillante que el que determine la urgencia y obligue a tomar medidas inmediatas ante el “colapso inminente” sea el fiscal general de la Nación con un simple comunicado. Un comunicado que originó una reacción que se esperaría de una tragedia natural, un pronunciamiento cuyos efectos fueron similares a un sismo de 8.0 en la escala de Richter, pero no sobre las víctimas sino sobre un alcalde que manda a reubicar de inmediato a 106 familias en un albergue improvisado con colchonetas, baños y agua como si una avalancha acabara de ocurrir.
Lo absurdo de esta situación es tal, que la decisión de desalojo se está debatiendo ante un Juzgado Penal de Control de Garantía, sometido a las reglas de un sistema que no ha sido creado para dirimir situaciones de esta naturaleza. Ello no es justo ni con ese fiscal ni con el juez ni con las víctimas; tampoco lo es con los abogados, que curiosamente no son los de la defensa de los responsables sino los de las propias víctimas, que se hallan entre la espada y la pared, los que además de la lucha que deben enfrentar contra constructores y bancos tienen que ahora enfrentarse al propio Distrito y a la Fiscalía. ¡Por Dios! ¡Eso solo ocurre aquí!
Es claro que todo esto no es más que otra forma de diluir responsabilidades y de decir que la medida que a continuación se tome o no es porque así lo decidió un juez de la República y no simplemente porque lo dispuso el alcalde o el fiscal; un mecanismo cuyo propósito evidente es imprimirle una supuesta legitimidad a la improvisación y desproporción de las decisiones de primer mandatario local.
Ojalá que en este caso el juez no se preste para ese juego y por el contrario, como opino debería ocurrir, declare su incompetencia para decidir sobre ese punto en particular y acto seguido el alcalde proceda a suspender directamente, por simple sentido común, tan absurda medida.
Lo mínimo que se esperaría de la Alcaldía es una reubicación a lugares dignos, sitios que en esta ciudad turística llena de hoteles, hostales, residencias, etc., abundan. Si ello no fuera posible, al menos un subsidio para que estas personas busquen donde quedarse. ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde está la empresa privada? ¿Dónde está la responsabilidad social? ¿Dónde están los millones que surgen mágicamente a montones y que se gastan maquillando la ciudad por la llegada de unas horas de un importante personaje? La declaratoria de calamidad pública dota de herramientas presupuestales extraordinarias al Distrito para solventar la crisis. Ojalá sean aprovechados de manera eficiente.
No pretendo saber de estructuras pero sé que un comunicado del fiscal no tiene la capacidad de derrumbar un edificio y sé que sin ese comunicado esas personas aún estuvieran ahí al igual que esas estructuras tal como lo han estado por años; y en el mismo sentido es claro que en materia de construcción no son las investigaciones judiciales las que ocasionarán en ellas un desgaste acelerado. Puede la Administración encontrar de forma oportuna soluciones así sean momentáneas para esas familias; pero soluciones dignas, no sacarlos con la policía y llevarlos a un albergue como si estuviéramos en tiempos de guerra o de alguna tragedia natural; algo que aunque constituyan unas condiciones menos cómodas a la que estaban acostumbradas estas personas en sus hogares, al menos sea algo acorde con su estatus de víctimas de la corrupción.
* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología