
El hecho de que, de forma reiterada, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, cuestione los contenidos de los informes periodísticos de los diferentes medios de comunicación del país y, en general, critique las noticias que estos difunden, ya comienza a inquietar no solo a los comunicadores sino -además – a las organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
«La frecuencia con la que el presidente controvierte a la prensa deja entrever una estrategia para posicionar su narrativa y su agenda en redes. Del mismo modo, pretende sembrar la duda ante la audiencia, sobre la idoneidad de los medios para hacer su trabajo«, advirtió sobre el fenómeno la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP.
De acuerdo con la «organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados«, como se indica en su página web, «en sus publicaciones, el presidente hace correcciones, réplicas o reproches a medios de comunicación por la manera en la que cubren a su gobierno. También, ha calificado la información periodística como falsa y ha replicado mensajes de terceros que se refieren a periodistas de manera desobligante y burlona«.
«Hay una tendencia regional en la que las cuentas oficiales de los jefes de Estado se utilizan para deslegitimar adversarios o periodistas, o incluso para instigar a la ciudadanía a la violencia en contra de ellos«, advierte también la FLIP, por lo cual «el presidente debe ser contundente a la hora de abstenerse de emitir cualquier mensaje que la ciudadanía pueda interpretar como permisivo frente a la violencia contra la prensa«.
Aunque históricamente quienes ostentan poder suelen culpar al mensajero y no, como debería ser, al causante de los hechos que informa, lo que ocurre cada vez con más frecuencia es que tanto el presidente Petro como algunos de sus ministros y miles de sus seguidores acusan a los periodistas de ejercer el oficio atendiendo perversas directrices de los propietarios de los medios y hasta de «los representantes del establecimiento«, como han llegado a manifestar.
En la mayoría de los entes territoriales, para algunos petristas los medios de comunicación -tradicionales y alternativos – «cumplen su deber y son juiciosos y responsables» cuando publican noticias que consideran favorables a su ideario político o, en algunos casos, a sus propósitos electorales, pero son «perversos y desinformadores» cuando revelan hechos que prefieren que ignore la ciudadanía.
En el caso de Cartagena de Indias (donde, por distintas razones, hay decenas de ciudadanos con los más diversos perfiles que aspiran a la Alcaldía), el fenómeno parece ser -por lo visto – una estrategia mediática de quienes tienen la necesidad de hacerse ver antes las directivas del Pacto Histórico con el fin de tener opción de contar con su aval.
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