
Por Anthony Sampayo Molina *
Desde que el abogado Abelardo De la Espriella hizo público su interés en aspirar a la Presidencia de la República se produjo un evidente reacomodo dentro de las tendencias políticas de la Derecha. Y la más afectada, sin duda, fue la señora Vicky Dávila, quien, gracias al trabajo periodístico que venía desempeñando en Revista Semana -particularmente en su papel de oposición al gobierno de Gustavo Petro – había logrado aglutinar a buena parte de los sectores críticos del actual gobierno.
Su figura se erigía como un símbolo mediático del antipetrismo encarnado en alguien ajeno a la política tradicional, lo que en términos contemporáneos se denomina un outsider. Sin embargo, con la irrupción de De la Espriella en el escenario político, ese símbolo pareció desplazarse, dejándola sin el lugar privilegiado que hasta entonces ocupaba.
Lo anterior, lejos de constituir un planteamiento con fines políticos, permite comprender la posible razón que subyace en la actitud agresiva de la candidata Vicky Dávila hacia quien, se supone, la unen años de amistad y gratitud, desde cuando Abelardo De la Espriella asumió la defensa de su esposo, así como una aparente coincidencia ideológica en su rechazo férreo al presidente Gustavo Petro. Su estrategia, sin embargo, ha girado principalmente en torno a descalificar a De la Espriella por los clientes que representó durante su ejercicio como abogado penalista. Y es precisamente sobre ese punto donde se centran estas palabras.
A lo largo de nuestra evolución, la herramienta esencial que permitió al ser humano salir del estado de barbarie y avanzar hacia una sociedad civilizada fue la ley: ese conjunto de normas abstractas e impersonales que no solo limitó el poder de las masas en su afán de ejercer justicia por mano propia, sino también el poder del Estado, antes omnipotente frente a ciudadanos desarmados y sometidos al arbitrio del gobernante de turno.
A medida que la ley fue adquiriendo un lugar preponderante en la organización social, surgió la figura del abogado, llamado a ser su intérprete y garante. En el ámbito penal, esa misión se tradujo en la tarea de preservar el equilibrio del sistema, ya fuera desde el rol de juez, de acusador o de defensor, siempre bajo una misma premisa: que nadie podrá ser juzgado sino conforme a la ley preexistente al acto que se le imputa.
Y es justamente en ese marco, en la defensa de la ley, donde se desarrolla la labor del abogado defensor. Al igual que el juez o la Fiscalía, su función no consiste en proteger intereses personales, sino en garantizar que la Justicia se aplique dentro de los límites que la propia ley impone. El defensor no acude al proceso a justificar lo que el cliente hizo, sino a verificar cómo debe aplicarse el Derecho frente a lo que se le atribuye haber hecho. Su lealtad no es hacia la conducta del acusado, sino hacia el orden jurídico que lo ampara, incluso cuando la opinión pública lo condena de antemano. En esa distancia ética radica la dignidad de la defensa penal: en ejercer una función contramayoritaria, incómoda y necesaria, que impide que la justicia se degrade en simple castigo o linchamiento moral.
Si bien la mayor parte de las críticas suelen dirigirse a los abogados defensores, jueces y fiscales, tampoco escapan al juicio de quienes, en nombre de la moral, los responsabilizan de todo lo que consideran errado en la sociedad. Con frecuencia se censura al juez que absuelve o al fiscal que no actúa conforme al clamor popular, olvidando que su deber no es complacer a las masas, sino proteger la ley. Y esa ley -fruto de siglos de lucha y sacrificio – no puede aplicarse de forma selectiva según la simpatía o antipatía que despierte el acusado, como si el primer juicio que debiera hacerse fuera el de decidir a quiénes se les puede aplicar la ley y a quiénes no.
Resulta paradójico que quien hoy encabeza una cruzada moral contra un abogado por los clientes que alguna vez defendió haya acudido a ese mismo profesional cuando la libertad de su esposo dependía de la defensa técnica que ahora desprecia. Esa incongruencia no solo desdibuja la legitimidad de su crítica, sino que revela un rasgo preocupante de su personalidad pública: la facilidad con que puede instrumentalizar la Justicia cuando le conviene y demonizarla cuando no. La abogacía, en cambio, no admite esas licencias.
El abogado penalista no elige causas para complacer a la opinión, sino para garantizar que incluso el más impopular de los acusados tenga derecho a ser juzgado conforme a la ley. Confundir esa función con complicidad es desconocer los cimientos del Estado de Derecho. Por eso, más que un debate entre derechas, lo que está en juego aquí es la comprensión misma de la Justicia y la coherencia moral de quienes dicen defenderla.
* Abogado, especialista en Derecho Penal y Criminología; especialista en Derecho Administrativo y magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
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