
Por Iván José Sanes Pérez *
Hablo como doliente de las víctimas. Lo que más buscan ellas es justicia: que sus victimarios paguen por lo que hicieron y que haya reparación. Y para que esa justicia sea efectiva, es indispensable fortalecer a la Fiscalía y su capacidad de investigar con herramientas modernas, confiables y completas.
Sé que la Fiscalía cuenta con WATSON, una herramienta de inteligencia artificial que entre otras cosas analiza millones de registros del Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA – para buscar patrones, similitudes y asociar casos por modus operandi, características de los sospechosos, armas, lugares u horarios.
Es un avance importante. Pero ni la mejor inteligencia artificial puede hacer magia si los datos que alimentan el sistema están incompletos o mal registrados.
El SPOA debería ser la bitácora que permita a fiscales y a la policía judicial detectar reincidencia, asociar procesos y tener una visión clara del investigado.
Sin embargo, personas plenamente individualizadas con nombre y cédula no aparecen al ser consultadas, a pesar de tener varios radicados abiertos.
Conozco casos. Uno de ellos es el de un presunto abusador sexual señalado por múltiples víctimas. Esa misma persona está vinculada también a tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, uso de prendas privativas de la fuerza pública y concierto para delinquir.
Aún así, muy pocos de esos procesos se reflejan cuando los fiscales o los servidores con funciones de Policía Judicial consultan el SPOA por su cédula. No es un caso aislado. He visto varios.
Esto dificulta enormemente el proceso de investigación. Impide que el investigador se entere de otros delitos graves de la misma persona, obstaculiza la detección de patrones de conducta, aleja el poder asociar los procesos y deja al investigador sin información completa.
Cuando el encargado de diligenciar el sistema tiene la información completa del indiciado o imputado y omite registrarla, no debería quedar en una simple observación. Debería generar amonestación o falta disciplinaria si no existe justificación.
El deber de alimentar correctamente el SPOA existe y ya ha motivado sanciones, pero falta que se aplique de manera sistemática. Muchos de estos errores son inconscientes, producto del cansancio y la carga laboral, pero otros lamentablemente no lo son tanto.
Otra falla recurrente es la de personas con doble nacionalidad: en una investigación aparecen con un número de identidad y en otra con el número de su otra nacionalidad. El sistema debería permitir consignar ambas, y para quienes no tienen doble nacionalidad, la opción por defecto “no aplica”.
Además, el SPOA debería tener información , como mínimo, de la base de datos de la Registraduría Nacional para validar nombre y cédula. Si la cédula no corresponde con el nombre, el sistema debería generar una alarma inmediata. Es una medida sencilla que evitaría errores y fortalecería la trazabilidad.
Ni WATSON ni ninguna otra herramienta van a funcionar bien si la información de base está incompleta. El SPOA no puede seguir siendo un cuaderno de apuntes obsoleto y fragmentado. Debe convertirse en una verdadera herramienta para la investigación: con alertas automáticas, con cruces efectivos de información y con controles reales sobre la calidad del registro.
Fortalecer el SPOA es fortalecer a la Fiscalía y a la policía judicial. Y fortalecerlas es darles a las víctimas una respuesta más cercana a la Justicia que reclaman. Esto hay que corregirlo. Y hay que corregirlo pronto y con firmeza; si no… ni Sherlock Holmes nos salva.
* Secretario de Víctimas de Bolívar; exdirector de Icultur; abogado e ingeniero de Sistemas; magíster en Derecho y Gestión Urbanística; magíster en Educación; especialista en Gestión Gerencial, en Derecho Administrativo y en Derecho Urbano. Exconsejero nacional de cultura y actual miembro de la junta directiva de Foncultura.
Nota del editor: la opiniones expresadas en esta columna por su autor no comprometen a la entidad en la cual presta sus servicios profesionales.
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