
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de dos disposiciones claves del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que le permitían trasladar cerca de $4 billones de diversos rubros del Presupuesto General de la Nación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –Ungrd-.
La decisión, adoptada como medida cautelar de urgencia en el marco de una demanda de nulidad, ‘congela’ el parágrafo del Artículo 4 y el inciso segundo del Artículo 5 del citado decreto, que le permitían al Ministerio de Hacienda modificar el Presupuesto de 2026 con el fin de contar con recursos para -según se indica en la norma demandada – atender la situación de desastre nacional declarada por el fenómeno de El Niño.
Para el alto tribunal, el Ejecutivo se tomó atribuciones que no le corresponden, ya que son facultad exclusiva del Congreso. Además, las normas suspendidas no se limitaban a autorizar la ejecución de recursos ya apropiados por el Legislativo, sino que -además – habilitaban “traslados indeterminados” entre partidas presupuestales sin una Ley que lo autorizara y sin que el país se encontrara bajo un estado de excepción.
El Consejo de Estado descartó que tales movimientos pudieran sustentarse en el Artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, pues esa disposición obliga a garantizar recursos para el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, pero no confiere potestad para modificar el presupuesto por fuera del procedimiento constitucional.
Además, el decreto cuestionado fue expedido mediante una norma ordinaria, y no identificó de manera específica las partidas objeto de los traslados.
La medida adquiere especial relevancia porque -como se ha dicho – ‘congela‘ la posibilidad de que, a escasos días de terminar su mandato, el gobierno de Gustavo Petro continúe comprometiendo recursos mediante contratos a dedo.
Y ello porque dicho decreto permitía que los dineros fueran ejecutados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo bajo un régimen excepcional de contratación, que contempla reglas de derecho privado, negociación directa y ausencia absoluta de licitación pública.
Como puede observarse en medios y redes, veedores, analistas y dirigentes políticos venían advirtiendo sobre el riesgo que ello implicaba, especialmente en el contexto de los últimos días de la administración Petro, cuando -como se ha visto – se multiplica la preocupación por la celeridad en la asignación de recursos y la debilidad de los controles.
Mientras se resuelve de fondo la legalidad del Decreto 802 de 2026, las disposiciones suspendidas no podrán aplicarse. Asimismo, el Consejo de Estado advirtió de forma expresa el peligro de que cuantiosos recursos fueran comprometidos antes de que avanzara el proceso judicial, lo que habría dificultado cualquier corrección posterior.
De esta manera, la Corte no solo reafirma los límites constitucionales entre el Ejecutivo y el Legislativo en temas presupuestales, sino que responde a las alertas planteadas por sectores políticos y técnicos sobre el manejo de fondos públicos en el tramo final de un gobierno sobre el cual, por variopintas razones, hay galopantes inquietudes en materia de transparencia.
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