
En diciembre de 2015, un documentado informe de la Fundación Cívico-social pro Cartagena –Funcicar – reveló unos presuntos sobrecostos y una serie de obras inconclusas en un paquete de construcciones y refacciones de varios centros de salud contratadas durante la Administración de Dionisio Vélez Trujillo.
En marzo de 2019, el entonces procurador general Fernando Carrillo Flórez reveló que, tras una exhaustiva investigación, se confirmó lo denunciado por Funcicar: durante el gobierno de Vélez Trujillo se habrían efectuado contratos «sin el lleno de requisitos legales exigidos por la Ley (…), generando un presunto detrimento fiscal de casi $56 mil millones, y más grave aún, vulnerando el Derecho Fundamental a la Salud de más de 470.249 habitantes» (leer ‘“Varias obras contratadas en Cartagena son unos monumentos a la ineficiencia”: PGN‘).

El resumen de los hechos, que dejaba muy ‘mal parados’ a Vélez y a la directora del Departamento Administrativo de Salud Distrital -Dadis – para la época de los hechos, Martha Rodríguez Otálora, lo hizo el propio Carrillo Flórez al anunciar la apertura de las correspondientes investigaciones disciplinarias: tras varias visitas de inspección realizadas a los lugares donde se adelantaron o debieron adelantarse las obras, así como una revisión a los expedientes de los respectivos procesos contractuales, los auditores de la Procuraduría se encontraron con que los contratos «a pesar de que fueron suscritos e iniciados en la vigencia 2014 y con plazos de entrega de 6 a 12 meses, cuatro años después no se han logrado terminar, ya que presentan serios problemas derivados de la fase de planeación, contratación y ejecución, toda vez que se efectuaron sin el lleno de requisitos legales exigidos por la Ley (…), licencias de construcción y titularidad de los predios, entre otras, generando un presunto detrimento fiscal de casi $56 mil millones, y más grave aún vulnerando el Derecho Fundamental a la Salud de más de 470.249 habitantes, que hacen parte de la población más vulnerable del Distrito de Cartagena» (leer ‘Concretamente, ¿qué es lo que tiene a Dionisio Vélez a punto de ser sancionado por la PGN?‘ y ‘Resumen de hallazgos‘.
Leer también: ‘¿Por fin se le acaba el efecto teflón al exalcalde Dionisio Vélez Trujillo?‘.
Casi un año después, en febrero de 2020, el entonces viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés González, anunció que «en Bolívar se producirán decisiones disciplinarias en temas sensibles y dolorosos como los elefantes de las construcciones de centros de salud, que están siendo investigados y que se fallarán prontamente y con el debido proceso» (leer ‘Procuraduría anuncia fallos sobre ‘elefantes blancos’ en el sector salud de Cartagena‘).
En noviembre de 2020, la Procuraduría informó que, por todos los hechos constatados, por fin había sancionado «con suspensión a exalcalde de Cartagena Dionisio Vélez por irregularidades en adecuación de centros de salud«. A Dionisio Vélez Trujillo lo sancionó con ocho meses de suspensión de un cargo que ya no ocupaba; y a Martha Rodríguez Otálora la sancionó con destitución e inhabilidad de 15 años (leer ‘La nimia sanción impuesta a Dionisio Vélez por la Procuraduría, la noticia de ayer‘).
Y ayer, cuatro años después de dicha sanción, la revista Cambio recordó esos vergonzosos hechos. Tras señalar que «le sigue la pista a un contrato que se firmó en la segunda Alcaldía de Álex Char y que está en la lupa de las autoridades por los millonarios sobrecostos y obras abandonadas«, advirtió que «el ‘modus operandi’ ocurrió primero en Cartagena con el mismo contratista de Char y con una de sus funcionarias más cercanas«, refiriéndose a la exdirectora del Dadis, Martha Rodríguez Otálora, y del contratista Gary Espitia Camargo.
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Sobre lo ocurrido en Cartagena bajo el Gobierno de Dionisio Vélez, recuerda Cambio que en septiembre de 2014, la entonces directora del Dadis, Martha Rodríguez, «adjudicó dos contratos para modernizar las Unidades Primarias de Atención (UPA) y Centros de Atención Permanente (CAP), para beneficiar a cerca de 470.249 habitantes del Distrito de Cartagena. El primer contrato por 29.893 millones de pesos se lo dio al Consorcio Salud Heroica, el cual contemplaba 25 instituciones de salud del grupo 1 y 2 (UPA). El segundo, se lo dio a Coinses S.A. por 64.061 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 14 meses y el cual contemplaba 41 instituciones de salud del grupo 3 y 4 (10 CAP y 4 hospitales)».
Que «en 2020, el entonces procurador Fernando Carrillo le puso la lupa al contrato y, por las faltas gravísimas cometidas en la ejecución del contrato, suspendió por ocho meses al exalcalde Dionisio Vélez Trujillo y por 15 años a Martha Rodríguez. La decisión, por supuesto, no cobijó a los contratistas por la naturaleza del ente de control disciplinario».
Que «en 2019, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde de Cartagena Dionisio Fernando Vélez; la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Martha Cristina Rodríguez; el contratista Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios (Coinses) S.A., y los contratistas integrantes del Consorcio Salud Heroica S.A. y el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena, quien se encargó de hacer la interventoría. En ese momento, la Contraloría dijo que el presunto detrimento patrimonial podría llegar a los 37.810 millones de pesos. Fue un anuncio más, pues cuatro años después, no ha pasado nada. Bueno, lo que sí pasó es que en 2021 declararon la nulidad de todo lo actuado, volvieron a abrir el proceso pero, esta vez, no vincularon al exalcalde Vélez y disminuyeron el detrimento a 12.582 millones de pesos«.
Y que no «se sabe en qué van las investigaciones en la Fiscalía. Lo que sí se sabe es que después de dejar las obras inconclusas en Cartagena desde 2015, el contratista Gary Espitia cayó bien parado pues –un año después– fue contratado por su amigo Álex Char para replicar ese modelo de modernización que, como lo reveló Cambio, también tiene irregularidades, aunque en este caso la Procuraduría, ya en cabeza de Margarita Cabello, no ha entrado a cuestionarlo. Eso está a punto de cambiar porque, según fuentes judiciales, la Fiscalía lo analizará al detalle« (leer ‘El oscuro negocio de amigos de Char para modernizar los hospitales en Barranquilla y Cartagena‘).
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