Por Rubiela Valderrama Hoyos *
Como ya es sabido, las políticas públicas son un instrumento de planeación que orientan a la acción para lograr objetivos prioritarios de cambio frente a realidades sociales relevantes. Estas deben ser fruto de un proceso de concertación intersectorial y co-creación, en el que participan la administración distrital, la ciudadanía, la sociedad civil, los gremios, la academia y todas las personas interesadas en el tema que se esté abordando en ellas.
Así mismo, las políticas públicas definen una visión de mediano y largo plazo a fin de que los programas y proyectos establecidos tengan el tiempo y la sistematicidad para su implementación y puedan producir las mejoras, los cambios o la erradicación de las situaciones anómalas que se identificaron en el diagnóstico inicial, el cual es el objetivo básico de las políticas públicas.
El gobierno de ‘Salvemos Juntos a Cartagena’ se propuso en el Plan de Desarrollo 2020 / 2023 la formulación de más de 10 políticas públicas que, en general, han pasado de agache, sin embargo, la Política Pública de Educación es otra historia.
Y quiero aclarar que no la defiendo porque trabajo en ese sector sino porque ha sido una de las políticas que inició su proceso de construcción desde el año 2021, que está en su fase final de aprobación de su Conpes Distrital y ha surtido cada una de las etapas técnicas que indica el Departamento Nacional de Planeación, a diferencia de muchas que han iniciado tardíamente y están en etapa contrarreloj intentando llegar al pódium final en las mejores condiciones.
Es el caso de la política pública de mujeres y géneros a la cual me referiré en la parte 2 de este artículo.
Desde su planeación en el 2021, la política pública de educación se concibió como un proceso participativo y técnico, que además de involucrar a la ciudadanía integró al equipo directivo y líderes de proyectos de la Secretaria de Educación -SED – para tener un producto final del que se apropien la comunidad y la institucionalidad.
En la etapa de alistamiento se desarrollaron 37 mesas de trabajo con participación directa de la comunidad educativa, mientras que en la de agenda pública se dio un despliegue territorial amplio en las zonas urbana y rural (insular y ribereña), con 117 mesas en las que se alcanzaron casi 4.000 participaciones.
La etapa de formulación ha contado con la participación de funcionarios de la SED y expertos externos para afinar los productos y el plan de acción que atenderá los desafíos expuestos por la comunidad. En total se han realizado 121 mesas técnicas.
El proyecto será una robusta herramienta de planeación que fortalecerá la gestión educativa a nivel local, aportando una hoja de ruta que garantice el derecho a la educación de calidad y pertinencia a niños, niñas y jóvenes de Cartagena. “Un legado para Cartagena, que contribuya a cerrar brechas de acceso, calidad e infraestructura, una política que piensa la educación desde los territorios y las voces y el sentir de la comunidad educativa”, tal como lo ha dicho la secretaria de Educación, Olga Acosta Amell.
No puedo dejar de señalar que entre los productos puntuales de esta necesaria y urgente Política Pública de Educación se encuentra el proyecto ‘Barullos de Género desde las Escuelas’, que busca erradicar las violencias basadas en género contra las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el cual tengo el honor de coordinar su desarrollo e implementación en 35 instituciones oficiales, pilotaje que nos está demostrando lo necesaria que es esta pedagogía de la No violencia en las comunidades educativas distritales.
La implementación de la política pública educativa está prevista para un horizonte de 16 años (cuatro periodos de gobierno) y sus 61 productos responden a los objetivos específicos con los que se proyecta cumplirla.
Entre los más relevantes, por su peso económico e impacto en la calidad, cobertura y cierra de brechas, están los relacionados con atención a primera infancia, ambientes escolares y recurso humano, estrategias de permanencia y universalización de los servicios tecnológicos en la escuela, así como el fortalecimiento de la convivencia escolar y prevención de todo tipo de violencias.
Esperamos que sea acogida por toda la ciudadanía, y defendamos / exijamos su implementación en los años venideros.
* Trabajadora Social, feminista, Mg. en Estudios de Género, activista por los derechos humanos de las mujeres
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