Por Álvaro González Álvarez *
De la idoneidad de los funcionarios
Por estos días estoy tomando un curso de actualización que ofrece una de las autoridades ambientales de uno de los estados (en EE.UU.) en donde trabajo. El curso de cuatro módulos y totalmente gratis está enfocado en suministrar nueva información normativa y metodológica para entrenar a consultores (empresa o individuo) que elaboran reportes de ingeniería o que revisan diseños de medidas para el manejo del agua lluvia a nombre de cualquier municipalidad.
En el curso hay gente de todas las edades y con diferentes años de experiencia y credenciales académicas. El común denominador es que todos están dispuestos a aprender (o desaprender) y la interacción es realmente respetuosa y de buen nivel técnico. Nada de esos egos que uno típicamente ve en Cartagena que sacan de una a relucir sus diplomas sin que siquiera se les pregunte y, lo peor, es que uno nota que tienen serios vacíos conceptuales a pesar de ostentar dichos títulos.
¿Y cuál es la relevancia de traer todo esto a colación? Revisar, aprobar, controlar y realizar labores de seguimiento son algunas de las tareas de varias de las agencias encargadas de la planeación urbana (Secretaría de Planeación y Curadurías), medio ambiente (EPA – Cartagena y Cardique) e infraestructura (Secretaría de Infraestructura y Valorización). Para esto debe tenerse personal capacitado y con experiencia. Infortunadamente, por años, el Distrito de Cartagena se ha caracterizado por el clientelismo y el nepotismo, lo cual va en detrimento del objetivo principal de cualquier funcionario: velar por los intereses de la ciudadanía que es la que paga sus salarios.
Parece que en Cartagena (y en Colombia en general) se les dificulta entenderlo, ya que muchos empleados públicos actúan como si la obligación de cumplir con su trabajo fuera en realidad un favor que les están haciendo a uno. Sin mencionar que es un milagro que cumplan con la jornada laboral completa o que respondan cuando se les solicita información. Esta dinámica impide avanzar y crea en el ciudadano desconfianza en lo público, lo que a su vez condiciona la manera cómo estos (los ciudadanos) interaccionan. Cartagena no ha llegado al estado que está de la nada. Una verdad de a puño: años de desidia y mediocridad institucional generalizada no pueden dar otro resultado.
Caso Sendero Carioca 2, Villa Zuldany y Realidad de Mis Sueños
Año tras año se otorgan licencias de construcción de proyectos urbanísticos. Una de las preguntas que varios ingenieros que vivimos en el exterior nos hacemos es cómo es posible que se hayan aprobado tantos casos que evidencian lo deficiente de los procesos de revisión. El Acuarela y los edificios de los Quiroz son los casos más notables, pero no los únicos. Al final siempre son los ciudadanos quienes pagan los platos rotos, ya sea económicamente y/o con el deterioro de su calidad de vida.
Hace unos días leí el caso de los barrios Villa Zuldany y Realidad de Mis Sueños, en donde los habitantes reclaman que la construcción del complejo residencial de vivienda de interés social denominado Sendero Carioca 2 (conformado por los edificios Guanabara, Copacabana, Ipanema, Flamengo, Manaos y Botafogo) los habría dejado desconectados, porque la Carrera 89, que antes utilizaban como vía de acceso desde y hacia La Cordialidad, quedó dentro del lote de los conjuntos residenciales (‘Barrios dignos, no guetos: el caso de Villa Zuldany y Realidad de Mis Sueños’). Las imágenes de satélite de la Figura 1. muestran la evolución del trazado de la Carrera 89 desde 2005 a 2021. En mi concepto, lo ideal habría sido, por ejemplo, (a) prolongar toda la Carrera 89 bordeando el lote (línea verde punteada en la Fig.1) o (b) extender la Carrera 89 bordeando parte del lote y conectarla con la Carrera 91 (parte de la línea verde punteada que conecta con línea roja en la Fig.1). Pero, como dice el refrán popular, «una cosa piensa el burro y otro el que lo ensilla». Por el bienestar de todos los cartageneros, en especial los residentes de los barrios en cuestión, esta situación necesita solucionarse. ¿Hasta cuando va a continuar el caos en la planeación urbana de la ciudad y la ineptitud de algunas de las entidades distritales?
El 29 de marzo de 2022, El Universal publica el artículo ‘Carrera 89, la vía privatizada que reclaman estos tres barrios de Cartagena’. Solo pasaron nueve días, cuando el 7 de abril de 2022, el mismo medio saca la nota ‘El canal que promete acabar con las inundaciones en estos 3 barrios’. Curiosa la sincronización, debido a los contrastes de la información de estos dos artículos. El primero informa sobre el reclamo del que hacía alusión en el párrafo anterior, mientras que el segundo pareciera un publirreportaje para lavar imagen de la constructora. «Perfect timing«, diría el gringo.
Como si se hubieran alineado los astros, sucedieron dos eventos adicionales. Uno fue que, el 31 de marzo de 2022, finalmente recibí la información que le solicité el pasado febrero al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA-Cartagena) respecto a los permisos de ocupación de cauce presentados ante este ente ambiental desde el año 2020 hasta 2021 (como para variar, me tocó presentar una tutela para que me dieran la información). El otro evento fue que recordé que este proyecto urbanístico había sido suspendido a principios del año 2021, ya que estaban construyendo las estructuras de drenajes pluviales sin el correspondiente permiso de ocupación de cauce, lo que hace suponer que debieron presentar uno para levantar la suspensión. Este permiso de ocupación de cauce era necesario debido a que las estructuras de drenaje que se estaban construyendo descargarían en el cauce natural existente conocido como el Canal Calicanto.
Al revisar la información, efectivamente, se evidencia que la empresa Ipanema Desarrollos Inmobiliarios había solicitado un permiso de ocupación de cauce después de la suspensión. El 14 de septiembre de 2021, el EPA-Cartagena comienza el correspondiente trámite administrativo (ver documento aquí), lo cual conlleva la revisión, principalmente, de los diseños de las estructuras hidráulicas propuestas para el manejo del agua lluvia.
Entre la información recibida, encontré dos reportes hidrológico-hidráulicos con fechas de marzo y mayo de 2021 (uno de los informes tiene dos versiones) y el Concepto Técnico No. 2277, resultado de la revisión realizada por Andrés Aguirre Mendoza, quien fuera en ese entonces asesor del EPA-Cartagena. A su vez, este concepto técnico fue revisado y aprobado por Norma Badrán y Víctor Chávez, quienes fungen, respectivamente, como subdirectora técnica de Desarrollo Sostenible y coordinador del Área de Vertimientos (ver documentos aquí).
Al leer los informes encontré varias inconsistencias (las cuales no enumeraré debido a la limitación de espacio, pero que con mucho gusto estoy abierto a discutirlas con quien esté interesado) y falta de información vital que no permiten la revisión apropiada de los diseños propuestos, cuya construcción está ya bastante adelantada. Más aún, basados en los archivos que recibí, todo indicaría que el ente ambiental no tiene en su poder toda la documentación de soporte, tales como planos, cuencas delineadas (en formatos .kmz, .shp, o .dwg), imágenes de satélite usadas para el análisis de la cobertura del suelo, los archivos en formato original de las modelaciones hidrológico-hidráulicas hechas, cálculo de los números de curva ponderados, observaciones hechas durante el proceso de revisión, entre otros.
Pregunto: ¿cómo hicieron Aguirre, Chávez y Badrán para revisar todo a través de reportes entregados en formato PDF? ¿Cómo hizo el señor Mouthón para revisar antes de firmar el permiso de ocupación de cauce otorgado (ver documento aquí)? ¿Todo estaba tan perfecto que no existe un documento en donde se hayan consignado las observaciones encontradas durante la revisión?
¿Ahora los lectores sí logran entender la importancia de la escogencia y preparación de los empleados públicos que mencionaba al principio del artículo?
En todos los años que tengo ejerciendo la profesión (y haber escrito varias publicaciones científicas) jamás me han revisado un informe al que no le hayan hecho observaciones de fondo y/o de forma. Para cerrar, otro dato curioso, el señor Aguirre supuestamente ha trabajado en el pasado con uno de los autores del informe. ¿No parece que hay razones suficientes para generar suspicacias? Como le dijo Diomedes Díaz a Ernesto McCausland: «no sé, Ernesto, no sé».
En el ejercicio de la profesión la ética y la moral deben ser siempre más importantes que lo legal.
*Doctor (Ph.D.) en Recursos Hídricos e Ingeniería Ambiental. Con licencia de Ingeniero Profesional (P.E.) en el Estado de Nueva York. Ingeniero consultor senior, investigador y docente en EE.UU. en el área de la hidrología, hidráulica, sistemas de conducción y bombeo de agua potable y residual, y sistemas de tratamiento de agua potable y residual.
.