Por Danilo Contreras Guzmán *
El proyecto de protección costera no es una iniciativa cualquiera. Por el contrario. Se trata de uno de los cacareados macroproyectos en el que Cartagena de Indias se juega su suerte y su futuro como conglomerado humano, pues con estas obras se debe garantizar su adaptación al cambio climático que en La Heroica tiene implicaciones graves por la constante elevación del nivel de mareas y el hundimiento del litoral que puede implicar la definitiva afectación de nuestro patrimonio monumental y de la zona turística, así como graves riesgos de inundaciones y desplazamiento de comunidades humildes cuyos asentamientos ancestrales se encuentran a orillas del mar y de los cuerpos de agua.
Documentos del Establecimiento Público Ambiental -EPA – de la ciudad señalan que en el año 2040 los niveles de elevación del mar podrían ascender hasta 20 centímetros, con catastróficas consecuencias de afectación a uno de cada cinco cartageneros, inundaciones del 26.2% de las viviendas, 28% de la industria, 35% de la infraestructura vial, 86% del patrimonio monumental bajo amenaza de inundación y 100% de playas en riesgo de erosión.
Tales escenarios implicarían la debacle definitiva de Cartagena de Indias.
La Ley 1784 de 2016, o Ley del Sitio, que justamente recuerda la devastación sufrida por la ciudad por cuenta de la reconquista de Pablo Morillo, que sumió en el ostracismo y la decadencia a la ciudad por más de una centuria, consignó entre sus prioridades la ejecución del Proyecto de Protección Costera como una fórmula para enfrentar el cambio climático cuyos efectos ya son visibles y se agudizan cada día más.
La ejecución de una obra con tales implicaciones ha correspondido al alcalde William Dau, quien, con su promesa de lucha contra la corrupción, parecía ser el garante de que el Proyecto de Protección Costera no se convirtiera en simple lucro para los contratistas y sus amigos en disímiles gobiernos. Pero la frustración para los cartageneros, como ha sido costumbre con las obras estratégicas en la ciudad, parece persistir.
La mediática presencia del mandatario junto a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, autoproclamada madrina y mecenas de la ciudad, avivaban la esperanza de que el proyecto transitaría hacia buen puerto. El mismo Dau, en declaraciones a la prensa, se desgañitó amenazando con que no firmaría un contrato de licitación de las obras si los oferentes eran firmas cuestionadas o en las que estuviesen implicadas personas como el empresario y contratista Alfonso Hilsaca. Por su parte, la vicepresidenta ha sido asidua veedora de los procesos de contratación y ha formulado no pocas observaciones al mismo.
Sin embargo, estas manifestaciones no han resultado más que fuegos artificiales que han mantenido al grueso de la opinión pública mirando al cielo las luces de los voladores, mientras que las alertas encendidas por expertos y organismos especializados entendidos en el tema han sido flagrantemente desatendidas.
Repasemos algunas de esas alarmas para probar, inequívocamente, que las máximas autoridades distritales y nacionales tienen conocimiento de graves irregularidades, pero nos están enredando en un asunto crucial para la ciudad.
Una de las primeras alertas se disparó cuando nadie menos que los directivos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar dirigieron una carta al alcalde William Dau, con copia a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, Eduardo José González, cuyo asunto denominaron “Comentarios a las obras de ingeniería planteadas para la protección costera de Cartagena y a los temas contractuales vinculados a ellas”.
Lea ‘Comentarios a las obras de ingeniería planteadas para la protección costera de Cartagena‘
Lea ‘Anexos a Comentarios a las obras de ingeniería planteadas para la protección costera‘
El documento formula graves cuestionamientos a los “Estudios de reparación y protección costera para la construcción y ampliación de las Av. Santander y Av. 1ª, desde Crespo hasta El Laguito” ejecutado a través del Convenio 138/2009 entre el Distrito de Cartagena y la Universidad de Cartagena, y el posterior contrato interadministrativo Nº VAL 02-2017 realizado entre las mismas entidades, cuyo objeto fue “Actualización de diseños y línea base ambiental”, vale decir, la génesis conceptual del proyecto.
Entre los señalamientos se destacan: i. “inconsistencias en la presentación de la información básica (topografía, batimetría, granulometrías, geomorfología, oleaje)”; ii. “Sorprende que para todos los análisis realizados y la importancia del proyecto expresen que se tuvieron datos de viento sólo hasta 2011”; iii. No se explica cómo fue el proceso para llegar a la solución de las obras”; iv. “No se aclara si las estructuras logran la sedimentación por sí solas, o si sólo sirven para contener el material dragado”; v. “No se determina en cuánto tiempo las estructuras logran comenzar a retener las arenas del transporte litoral”; vi. “En la evaluación de alternativas no es clara la comparación de costos entre unas y otras, pues varios cuadros muestran valores diferentes para las mismas obras”; vii. “La Universidad de Cartagena recomendó la alternativa 1 con un costo de $191,808 millones, que según el estudio es la de mayor estabilidad y menor mantenimiento; sin embargo, luego reducen las dimensiones de las estructuras de dicha alternativa para poderse ajustar al presupuesto existente de $160.000 millones. No hubo un criterio técnico que justifique dicho cambio”; viii. “No hay una justificación del rompeolas enfrente de la ciudad amurallada”; ix. “No se explica por qué no se pueden utilizar los espolones existentes”; x. “Las conclusiones son muy pobres”, entre otras observaciones. Empero, no se conoce pronunciamiento alguno del alcalde al respecto. Como tampoco de otras autoridades ni de los entes de control en el marco de sus competencias.
Otra alerta imposible de desconocer es la lanzada por el Comité Técnico de Patrimonio Distrital, integrado por profesionales reconocidos de la ciudad y presidido por el propio alcalde o su delegado, el secretario de Planeación del Distrito, que en acta No 21 de Septiembre de 2021 dejo constar que el proyecto de Protección Costera se devolvía con observaciones entre las cuales consignó la siguiente: “Teniendo en cuenta que es un tema de defensas costeras tendrán que garantizar si realmente va a evitar que el centro se inunde pues hasta ahora es una propuesta para hacer playas para hotel por la bahía de las animas el agua no va a dejar de entrar…” (SIC).
Respecto del último documento mencionado vale recordar, conforme lo expusimos en nota anterior, que el secretario de Planeación de la época, quien comparecía como delegado del alcalde y quien presidía la reunión, se abstuvo de remitir voto al respecto de los conceptos consignados por el comité. El buen y honesto sentido de las cosas indicaría que el secretario de Planeación de la época informó al alcalde sobre las graves inquietudes expresadas por el Comité respecto de la eficacia y pertinencia del proyecto, tal como está concebido.
Finalmente, y no porque no existan otras alertas graves sino por razones de espacio y consideración con mis contados lectores, haré referencia a las dudas planteadas por uno de los fallidos oferentes del proyecto. Se trata de la firma de Países Bajos, Van Oord Dredging Contractors, representada por su gerente regional Jürgen Nieuwenhoven, quien en entrevista para el portal Contratopedia Caribe señaló, entre otras inquietudes que motivaron el retiro de su compañía con más de 150 años de experiencia internacional, las siguientes: i. “luego de analizar, detenidamente, el proyecto desde sus aspectos técnicos, financieros y jurídicos llegamos a la conclusión de que el mismo no es viable, incluso para una empresa que como nosotros lleva tanto tiempo haciendo este tipo de obras (…)«; ii. “Con relación a los equipos a utilizar, llama poderosamente la atención que las personas a cargo de la estructuración de la obra hayan establecido como equipos a emplear, dragas que no están diseñadas por sus fabricantes para ejecutar rellenos hidráulicos en condiciones marítimas como las que habitualmente presentan las costas a intervenir (…)”. De esta irregularidad uno podría reconocer indicios de amañamiento eventual de pliegos de condiciones. Ante la pregunta de La Contratopedia: “Por su experiencia, ¿qué creen habría que modificarle a este proyecto para que sea viable?”, Nieuwenhoven respondió: “Tal como está previsto el proyecto, a nuestro juicio, desde los puntos de vista técnico, financiero y de plazo de ejecución, es muy poco probable que se lleve a cabo”. Gravísimo. Otra observación a destacar del empresario holandés es la siguiente: “Pretender reconformar las playas utilizando para ello equipos de dragado como los propuestos por la entidad resulta bastante exótico, por decir lo menos” (subrayas fuera del texto). Y en cuanto a los estudios que son fundamento del proyecto, el empresario agregó: “Uno podría advertir varios reparos y observaciones frente a los estudios adelantados por la Universidad de Cartagena, pues finalmente son el resultado de una labor humana y dada esta condición son susceptibles de criticarse y mejorarse. Sin embargo, creo que el principal inconveniente que presentan estos estudios es que muchos fueron elaborados a partir de información que fue recaudada hace bastante tiempo. Eso hace necesario que los estudios sean actualizados a las condiciones reales de los sitios a intervenir. Creemos que hace falta mucha información que permita la toma de decisiones, a partir de las condiciones actuales de los diferentes sitios donde se construirá la obra”.
Ante estas alarmas, además de otras que reseñaremos en otros escritos, surgen dudas sobre si se ha incurrido en irregularidades a sabiendas o por mero desgreño.
En cualquiera de las hipótesis planteadas, dolo o desgreño, queda claro que autoridades y contratistas, al unísono, juegan con el destino y el bienestar de los cartageneros.
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* Abogado y especialista en Derecho Administrativo y Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.