Por Danilo Contreras Guzmán *
Debo iniciar esta columna ofreciendo excusas a los contados lectores de esta nota por la brusquedad del título, pero el ejemplo del autoproclamado padre putativo de los cartageneros cunde. Me comprometo a seguir esforzándome por proscribir de mis escritos cualquier improperio, pese a que la moderación parece ser un hábito pasado de moda. Lo haré por elemental respeto a mis conciudadanos.
Pero entremos en materia.
Hace una semana dejé vertidos en una columna algunos hallazgos que me causaron gran preocupación. La intención de hacer las denuncias era generar una deliberación necesaria en la opinión pública local, y quizás -por qué no – entre nuestros paisanos del interior que constantemente se declaran hijos adoptivos de esta villa y, en consecuencia también, hijos putativos del alcalde Dau (leer ‘Un patrimonio en ruinas y mucho dinero arrojado al mar‘).
Pero no pasó nada. Pocos se inmutaron. Prefiero pensar que ello fue así por el limitado número de mis lectores, en vez de considerar que tengo algo de razón al atreverme a semejante título para este artículo. En fin. Debemos seguir adelante, pues por lo menos la escritura de estas denuncias me sirve como catarsis ante la impotencia que muchos cartageneros sentimos por el desgreño y el atropello que padece nuestro lar nativo.
Recordemos que hace ocho días, en la citada columna, aludí a una de las obras enumeradas en la Ley del Sitio, el ‘macroproyecto’ de Protección Costera, que blindaría a la ciudad amurallada de los efectos dañinos de la elevación del nivel del mar por cuenta del cambio climático. Sin embargo, ese proyecto, actualmente en ejecución, cuyo valor supera la bicoca de $160 mil millones, muy probablemente no servirá a los fines propuestos y, Dios no lo quiera, pondrá en riesgo la declaratoria de patrimonio universal que la Unesco deparó a nuestro Centro Histórico y en general a nuestros bienes monumentales.
Los temores referidos encuentran causa en la opinión de expertos reunidos en la máxima autoridad de asesoramiento del Distrito en materia de afectaciones al patrimonio, como lo es el Comité Técnico de Patrimonio de Cartagena, integrado por profesionales de reconocida y respetable trayectoria en estas materias en la ciudad.
Ante la gravedad de los conceptos emitidos por la referida corporación y considerando que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, y la señora vicepresidenta de la Nación, Marta Lucia Ramírez, han declarado a los cuatro vientos que personalmente se han puesto al frente de la vigilancia y gerencia de una obra de la importancia y magnitud del proyecto de protección costera, cualquiera podría preguntar si tales funcionarios sabían o no de las irregularidades puestas sobre la mesa por los expertos en patrimonio de la ciudad.
Varias circunstancias hacen pensar que las autoridades mencionadas están al tanto de los detalles de las irregularidades denunciadas, pero guardan un silencio demasiado parecido a la complicidad.
Esta semana he recibido, como respuesta a un derecho de petición elevado al secretario técnico del Comité Técnico de Patrimonio del Distrito, que a su vez es el director de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena -IPCC-, copias de las actas en las que constan los debates sobre la inviabilidad patrimonial del proyecto de Protección Costera, que incluye observaciones técnicas sobre la real efectividad de la obra en cuanto a defensa contra el cambio climático y algunas ambientales. De esos documentos, y de otros que he ido recabando, se colige que varios funcionarios estaban al tanto, detalladamente, de las irregularidades y que, pese a ello, parece que tenían como misión impedir que el proyecto se paralizara.
En efecto, el asunto se viene discutiendo en el seno del Comité Técnico de Patrimonio del Distrito desde el 15 de septiembre de 2021, vale decir, desde hace más de cuatro meses, conforme consta en acta de esa fecha. En aquella reunión, el Comité emitió “concepto desfavorable” e indican que el proyecto de Protección Costera debe atender una serie de recomendaciones que constan en el acta a partir de la página 25 del documento cuyo facsímil se aporta anexo para su lectura. (Leer ‘Acta N° 21 de septiembre 15 de 2021‘).
Pero hay una circunstancia particular que llama nuestra atención por las implicaciones que tiene: En el acta referida, página 26, al momento de hacer constar los votos negativos a la aprobación del proyecto de Protección Costera, en perspectiva patrimonial, se atestigua que el exsecretario de Planeación Distrital, Juan David Franco Peñaloza, en calidad de delegado del alcalde de la ciudad, de manera extraña “no emitió voto” frente a una circunstancia que conforme, el criterio de los restantes expertos, determina que el proyecto de Protección Costera pone en riesgo la declaración de patrimonio universal de la Unesco sobre Cartagena.
Vale resaltar que, contando con la presencia del exsecretario de Planeación que renunció hace unos días (para regresar, muy seguramente, mondo y lirondo a su ciudad de origen), se dejó constancia en dicha acta que no se aportaron ante la instancia del Comité ni el concepto favorable del Ministerio de Cultura, que es menester por mandato legal, ni “copia de ninguna resolución”, y que “existe afectación con relación al límite sobre área de influencia de la muralla de la Escollera submarina BIC Distrital y nacional. POT Decreto 0977 de 2011, art. 415. Limites del Centro Histórico y su área de influencia” (SIC). Ver páginas 22 y 23 de la precitada acta.
Es igualmente importante destacar que en aquella reunión de septiembre estuvo presente un representante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, la encargada de liderar el proyecto de Protección Costera desde el nivel nacional.
Por otra parte, en acta de sesión de del 10 de noviembre de 2021 se resalta que al proyecto de Protección Costera se le dio el carácter de “tema urgente”, conforme se lee en la página 2 del facsímil del referido documento que también aportamos para su lectura. Dicha reunión fue igualmente presidida por el exsecretario de Planeación Distrital, Juan David Franco Peñaloza. Se hizo constar además que en aquella nueva reunión seguía como pendientes el concepto favorable del Ministerio de Cultura en relación con la intervención del patrimonio constituida por el proyecto de Protección Costera, y que no se aportó ninguna resolución, como acaeció en la reunión del 15 de septiembre (leer ‘Acta N° 27 de noviembre 10 de 2021‘).
En el texto del acta de 10 de noviembre pasado NO se hace constar el detalle de la votación de los asistentes a la reunión, de modo que podríamos deducir que la recomendación de “retiro de la propuesta por inviable patrimonial y ambientalmente” fue asumida unánimemente por los miembros, incluido el representante delegado por el alcalde de Cartagena, el exsecretario de Planeación, Juan David Franco.
Sin embargo, existen algunas circunstancias de las que podría inferirse que el funcionario de planeación que presidió el comité en representación del alcalde Dau siguió insatisfecho con relación al concepto desfavorable rendido en relación con el proyecto de Protección Costera. Veamos.
Ya se dijo que, en la reunión de septiembre del año anterior, el exsecretario de planeación distrital omitió emitir su voto en cuanto a la negativa a dar aprobación desde el punto de vista patrimonial el proyecto de Protección Costera.
En contraste con lo anterior, se sabe que el director de Patrimonio del IPCC, Alfonso Cabrera Cruz, que funge como secretario técnico del Comité de Patrimonio del Distrito y quien fue la persona que primero dio la alarma ante esa corporación sobre la eventual afectación que el proyecto de Protección Costera causaría a la Escollera Sumergida de la Marina, fue suspendido por la Procuraduría Provincial de Cartagena el día 25 de noviembre del año anterior, 15 días después de la sesión del 10 de noviembre en la que se conceptúo que era menester retirar la propuesta de intervención al patrimonio que implicaba la iniciación del las obras de protección Costera (leer ‘Procuraduría Provincial abre investigación disciplinaria y ordena suspender a jefe de Patrimonio del IPCC‘).
Lo más extraño es que la investigación en que se produjo la suspensión se inició por denuncias formuladas en contra del funcionario por hechos puestos en conocimiento de la Procuraduría por la exdirectora del IPCC el día 9 de julio de 2021, por circunstancias supuestamente ocurridas en las vigencias de 2018 – 2019.
La suspensión fue levantada luego por decisión de 15 de diciembre de 2021 de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública en la que se expresó que “la Procuraduría Provincial de Cartagena entonces, no agota la argumentación necesaria para entender lo anterior, sino que simplemente se circunscribe a reproducir apartes de la copia del oficio aportado por la funcionaria que funge como informante, Saia María Vergara Jaime, directora del IPCC, documento datado el 22 de noviembre de 2021 signado por Juan David Franco Peñaloza en su calidad de secretario de Planeación distrital y presidente del Comité Técnico en el que pone de manifiesto situaciones ocurridas en sesiones de trabajo del comité técnico de patrimonio en que se puso a consideración proposiciones que fueron votadas en pleno de dicha junta y respecto de las cuales el secretario de Planeación signante del oficio no compartió su aprobación”, en clara alusión a las dos últimas sesiones del Comité en las que el tema de urgencia fue el concepto relacionado con el proyecto de Protección Costera. Leer página 9 del Auto de la Procuraduría caso Alfonso Cabrera.
La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública encontró -entonces – que no había nexo causal entre denuncias referidas a hechos de 2018 – 2019 y las decisiones adoptadas en el seno del Comité de Patrimonio a finales del año anterior, en las que evidentemente el exsecretario de Planeación era partidario de dar concepto favorable a la obra de Protección Costera.
Para todos los efectos es conveniente es saber si tanto el exsecretario de Planeación, quien renunció recientemente, como la exdirectora del IPCC, quien también renunció a su cargo, mantenían informado al alcalde de la ciudad sobre las graves alarmas de riesgo del patrimonio lanzadas desde el seno del Comité Técnico de Patrimonio sobre las afectaciones que causará el proyecto de Protección Costera, y si los delegados de la UNGRD que estuvieron en tales sesiones también informaron a sus superiores de las referidas irregularidades. Era el deber de todos.
Pero -además – debe saberse si la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien prácticamente ha actuado como gerente del proyecto de Protección Costera, tenía conocimiento de la existencia o no de conceptos previos de intervención del patrimonio por parte del Ministerio de Cultura, en el caso del referido proyecto, considerando las graves afectaciones que esta causa al patrimonio histórico de la ciudad.
Se lo preguntaremos al alcalde y a la vicepresidenta por derecho de petición.
* Abogado y especialista en Derecho Administrativo y Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.