Por Danilo Contreras Guzmán *
El más reciente informe de la ONU, conocido este mes de octubre, tiene un título suficientemente alarmante como para que nadie con vida sobre la tierra lo pase inadvertido: “El planeta se encamina a un catastrófico aumento de 2.7 grados de temperatura global en este siglo, porque no recortamos las emisiones de gases con efecto invernadero”, siendo que el límite aceptable es de 1.5 grados de temperatura.
Así leído parecería un simple dato estadístico de los científicos que nada tiene que ver con nosotros, ciudadanos de a píe. Sin embargo, con la certeza que solo da la ciencia, está claro que ese aumento persistente y exponencial de la temperatura global que ocurre desde hace algo más de 200 años por cuenta de la revolución industrial, ha desatado la sexta extinción masiva de las especies conocidas, entre ellas el homo sapiens.
No es un juego. Ya ha sucedido sobre la tierra. Los eventos de extinción ocurridos han tenido lugar por alteraciones catastróficas de las condiciones ambientales del planeta, acaecidas por fenómenos extraordinarios como erupciones volcánicas masivas o colisión de asteroides, que causó la desaparición de los mitológicos dinosaurios hace 66 millones de años. Ahora ocurre por causas atribuibles única y exclusivamente al hombre.
Científicos han descubierto “que en los últimos 100 años, más de 400 especies de vertebrados se extinguieron. En el curso normal de la evolución, tales extinciones habrían tomado hasta 10 mil años”. Y seguimos los humanos hacia un abismo de holocausto planetario. Así de dramático es. Los datos no dejan mentir.
Frente a esa realidad, no puede haber nadie en la ciudad, la región, el país o el mundo que pueda permanecer ajeno al problema, pues esa negligencia es más bien culpabilidad dolosa imperdonable, empezando por los líderes políticos y de gobierno a quienes corresponde adoptar una agenda difícil.
Desde hace ya un lustro, en la campaña presidencial pasada, ha sido Gustavo Petro el único dirigente nacional que ha propuesto explícita y audazmente una política tendiente a adaptarnos al cambio climático. Lo ha hecho a partir de una propuesta clara: abandonar el modelo extractivista que sustenta la economía y los ingresos nacionales en el petróleo y el carbón, a través de un programa de transición que intente generar los menores inconvenientes, que sin duda se generarán, como suele ocurrir con cualquier cambio.
Una agenda nacional de “emergencia climática” debe iniciar por un proceso de pedagogía masiva dirigido a la ciudadanía, a efectos de que todos estén advertidos de los desafíos que enfrentamos, sin distinciones de clase, raza o credo; todos los seres humanos.
Lo que sigue sin duda, en la actual coyuntura, es votar a candidatos que abracen sin titubeos una agenda de “emergencia climática” para introducirla en las leyes de la República, desde el Congreso Nacional, y ejecutarla desde la misma Presidencia de la Nación. No hay más tiempo que perder.
Los caminos están determinados. Países del mundo más avanzados en ciencia, innovación y tecnología han emprendido ya esa ruta, que se constituye en un imperativo moral para todas las naciones del mundo.
Algunas de esas medidas son la transición masiva hacia la producción de energías limpias como la eólica o solar, para abandonar en un periodo racional nuestra dependencia del petróleo y el carbón.
Así mismo, medidas fiscales tendientes a castigar la emisión de gases efecto invernadero. En países como Alemania las compañías energéticas y las industrias intensivas en consumo de energía, como la aviación, verbigracia, tienen la obligación de adquirir certificados de emisión de gases con efecto invernadero por cada tonelada producida, empezando en 2021 a un precio de 10 euros por tonelada y llegando a un valor de 35 euros por tonelada de CO2 emitido a la atmosfera en 2025.
Esos recursos deben ser capitalizados para invertir en ciencia, innovación y tecnología para la transición. Ecopetrol y otras empresas dedicadas a la producción de energía en las que el Estado tenga inversiones, deben convertirse en la vanguardia de implementación de estos programas.
El transporte y la construcción tienen que sufrir una revolución innovadora para cumplir con los requerimientos que impone este reto. Es preciso facilitar la movilización de la gente en un transporte público óptimo, no contaminante; la transición hacia vehículos eléctricos o la bicicleta se imponen. Las viviendas y los edificios tienen que ser eficientes, consumiendo energías limpias. Los paneles solares ya son una alternativa.
El reciclaje debe convertirse en un hábito de las familias colombianas.
El concreto y el modelo de depredación de los ecosistemas impulsado por el egoísmo y la avaricia de unos pocos no tienen espacio en esta nueva era. La casa de los pájaros en los manglares, de los peces en el mar devastado o en Ciénagas como la de la Virgen, debe ser respetada como un templo de veneración a la naturaleza que hemos destruido. Proyectos urbanísticos y hoteleros que expropian a la naturaleza, como los que avanzan sin piedad en los territorios del norte de la ciudad y que ahora han puesto el ojo en las zonas de pobreza del suroriente de Cartagena, no pueden seguir ejerciéndose bajo los mismos parámetros. Alianzas público privadas poco transparentes, como la que amenaza con la construcción de una anacrónica e ineficaz Quinta Avenida en Manga, arrasando el manglar que es la morada de las garzas al caer la tarde, no pueden continuar.
No hay tiempo. Es preciso que todos tomemos las decisiones adecuadas. Por nuestro bien, y por el bien de nuestros hijos y nietos. Salvemos al planeta entre todos. Debemos hacernos cargo.
* Abogado y especialista en Derecho Administrativo y Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.