Por Enrique del Río González *
En Norteamérica el porte de armamento es una garantía constitucional prevista en la segunda enmienda: “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho a poseer y portar armas no será infringido”. En Colombia el monopolio de las armas está en cabeza del Estado y excepcionalmente se le permite a la población civil; aún así, desde el año 2018, el presidente de la República ha proferido decretos de suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego, basado en sus facultades legales y atendiendo a la protección de los derechos fundamentales, en especial la vida e integridad personal.
El mandatario se basa en lo indicado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-296 de 1995, en el sentido de entender que: “…según las estadísticas existentes…el porte de armas promueve la violencia, agrava las consecuencias de los enfrentamientos sociales e introduce un factor de desigualdad en las relaciones entre particulares”.
Quienes por necesidad tramitan y obtienen legalmente los salvoconductos cumpliendo con los requisitos y acreditando las aptitudes, están sin forma de resguardo personal. Esto no sería un problema si las armas no se necesitaran, pero, como están las cosas en materia de seguridad, es imperativo tener herramientas de defensa. La realidad nos muestra que los facinerosos pululan armados hasta los dientes, mientras la ciudadanía se encuentra desprotegida, dada la insuficiencia de la fuerza pública.
Según documenta la Fundación Ideas Para La paz, Colombia es uno de los países que reportan más homicidios en Latinoamérica, y de estos punibles, entre el 70% y el 80% se ejecutan con armas de fuego. Para el 2019 se cometieron 9.131 y en esa misma anualidad usando estos artefactos se reportaron otros delitos así: hurtos, 80 a entidades financieras; 45.043 a personas; 67.890 a comercio; 2.230 a residencias; 12.063 de motos y carros. También se destacan 4.454 casos de lesiones personales; 155 de violencia intrafamiliar y 146 de delitos sexuales.
A las armas ilegales se accede fácilmente; según estudios hay nueve de ellas por cada 100 habitantes. Para el año 2017 se evidencian en posesión de civiles, 4’264.790 ilícitas y solamente 706.210 legalizadas. Es importante resaltar que de las 85.982 armas incautadas entre 2014 y 2016, 37.210 eran hechizas (de fabricación artesanal).
Como puede evidenciarse, el problema de la criminalidad armada es la ilegalidad; las amparadas no deben ser motivo de preocupación. De hecho, lo lamentable es que los delincuentes, que casi nunca han tramitado un permiso, anden campantes y con la tranquilidad de saber que sus víctimas no podrán repeler su actuar criminal, pues conocen que la población permanece inerme por mandato oficial.
* Abogado, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas; especialista en Derecho Probatorio. Magister en Derecho. Profesor Universitario de pregrado y postgrado. Doctrinante.
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