En pasado 27 de diciembre, en la nota ‘De pifias, enseñanzas y efectos que apenas están por verse, como los del alumbrado‘ (hacer click), informamos que el Contrato Interadministrativo Nº 030 de 2020 suscrito con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta por valor de $4.760’563.650, estaba en la mira de los entes de control.
Y anunciamos que la razón era clara: dicho contrato se suscribió sin los debidos Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, ya que, al parecer, los responsables del manejo de los servicios públicos en el Distrito creyeron que la Fiduciaria de Occidente (que maneja el porcentaje del recaudo del impuesto de alumbrado público correspondiente al servicio de alumbrado navideño) podía girar directamente al contratista los recursos correspondientes, y ello, por lo visto, no es así (leer ‘Carta del Concesionario del Alumbrado Público al Distrito‘).
Señalamos igualmente en dicha nota que tanto la Contraloría como la Procuraduría habían pedido al Distrito la correspondiente información, sobre todo la relativa a los trámites presupuestales que al parecer habrían sido ignorados (leer ‘Oficio de la Procuraduría al Distrito de Cartagena‘).
Pues bien, el proceso investigativo avanzó, particularmente el que tuvo a su cargo el contralor delegado para el Sector de Minas y Energía, Orlando Velandia Sepúlveda, para quien -en efecto – lo informado por Revista Metro y denunciado igualmente por varios veedores ciudadanos «es contrario a lo establecido en el Decreto 111 de 1996 en su artículo 71«.
Lo dicho sobre la imposibilidad de la Fiduciaria de Occidente de realizar los pagos solicitados por el Distrito fue corroborado por la propia entidad financiera, la cual dejó claro que «se abstiene de realizar el pago instruido, toda vez que si bien la cuenta Distrito y sus subcuentas son de disposición de la entidad territorial, el Fideicomiso no fue constituido para atender las erogaciones que tenga el Distrito de Cartagena derivadas de relaciones jurídicas contraídas con terceros, sino para atender las erogaciones propias del proyecto de Concesión de alumbrado público derivadas del contrato suscrito entre la Unión Temporal Ecosodio S.A.S. & Electroconstrucciones S.A. con el Distrito de Cartagena«.
En consecuencia, ante la gravedad de los hechos, el contralor delegado (abogado e ingeniero, con especialización, entre otras, en Derecho Minero – Energético, y quien fuera presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos) compulsó copias de lo actuado, por «presunta falta disciplinaria«, a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco (leer ‘Traslado de pruebas Contraloría a Procuraduría caso Cartagena‘).
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