Mediante un comunicado de prensa, la Alcaldía de Cartagena anunció que «a partir del 1 de febrero de 2021» se «garantiza el alumbrado público en la ciudad con la empresa EPM (Empresas Públicas de Medellín)».
Se resalta en el remitido que EPM, el nuevo operador del alumbrado público de la capital de Bolívar, es una empresa «reconocida nacionalmente por su experiencia, liderazgo, transparencia y fortaleza técnica, comercial y financiera«.
Se destaca de igual forma que «el contrato tendrá un costo de $26.577 millones, de los cuales $22.285 millones serán invertidos en modernización, expansión y actividades complementarias y $4.292.615.987 para la administración, operación y mantenimiento«.
Se informa asimismo en el comunicado que el secretario general del Distrito, Adelfo Doria Franco, expresó que “con el fin de hacer más eficiente el uso de los recursos«, la Administración «contratará con EPM la administración, operación, mantenimiento, reposición, expansión, modernización y actividades complementarias del sistema de alumbrado público en el Distrito de Cartagena y sus corregimientos”.
De igual manera se dice que el vicepresidente ejecutivo de ‘Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología’ del nuevo operador, Darío Amar Flórez, manifestó que “venimos con todas las ganas y con la camiseta puesta«, ya que «EPM es una empresa con 65 años de historia» y «55 años de experiencia en alumbrado”.
E igualmente se asegura que «a partir del 1 de febrero de 2021, con la entrada en operación de EPM, la tarifa a los usuarios se mantendrá igual y no aumentará durante la presente vigencia«.
¿27 días sin operarios de alumbrado público y de semaforización?
A las 9 de la noche del pasado lunes 4 de enero, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, anunció que desde el día siguiente la empresa Afinia, filial de Empresas Pública de Medellín -EPM, asumiría «la operación del alumbrado público de Cartagena«.
No obstante, horas después, el burgomaestre se retractó y dijo que no, que Afinia solo iba a suministrar la energía, y que sería el Distrito el que prestaría el servicio de alumbrado público directamente. Por su parte, el servicio de semaforización lo asumiría el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte –DATT (leer ‘A partir de hoy, el Distrito asumirá el alumbrado público de Cartagena‘).
Pero, finalmente, ni lo uno ni lo otro. Desde la medianoche del 4 de enero y hasta el momento de publicarse esta nota, ninguna entidad pública o privada ha operado el alumbrado público de la ciudad, como tampoco el sistema de semáforos.
El hecho es que el próximo lunes 1 de enero, cuando la empresa antioqueña asuma la operación del alumbrado público, habrán transcurrido 27 días sin que se hubiera operado debidamente el servicio. Se habrá observado que las luminarias -en un gran porcentaje – se encendieron en el día y apagaron en la noche, pero ello gracias a las fotoceldas instaladas en cada una. En varios casos, por falta de mantenimiento, las luces permanecen o apagadas o encendidas.
En cuanto al sistema semafórico, aún no se sabe a partir de qué día comenzará a operarlo el DATT. De acuerdo con lo que Revista Metro pudo establecer, la central de mando desde donde son controladas las intersecciones semafóricas permanece cerrada, bajo llave. Y sin nadie que los opere, los equipos de monitoreo y los semáforos pueden funcionar automáticamente, como en efecto viene ocurriendo, pero con demasiada frecuencia estos últimos suelen ‘dispararse’ y ‘sacar la mano’ cuando se producen apagones o fluctuaciones en el suministro de energía, como ocurrió el martes de la semana pasada en las intersecciones del Mercado de Bazurto y de Los Cuatro Vientos (leer ‘Cartagena, 19 días sin operador del alumbrado público ni de la semaforización‘).
Sobre este caso, en respuesta a las declaraciones del secretario general del Distrito, Adelfo Doria Franco, en el sentido de que «la semaforización está bajo control de la Alcaldía de Cartagena a través del DATT«, el representante legal de los anteriores concesionarios, Raimundo Pereira Lentino, manifestó que aún no se han entregado las correspondientes instalaciones ni los restantes equipos e insumos para la prestación del servicio «porque la Administración no ha convocado para continuar las deliberaciones sobre reversión, entrega y pago ni el DATT se ha pronunciado oficialmente«.
Sobre este particular, este portal pudo conocer que Pereira Lentino le escribió el pasado 25 de enero un oficio al alcalde Dau Chamat manifestándole que, desde cuando culminó la concesión el pasado 4 de enero, ha estado atento a definir lo concerniente a la «reversión y entrega de los Sistemas de Alumbrado Público y Semáforos«, pero, como «a la fecha no ha habido avances«, le solicita «priorizar la diligencia de entrega y recibo de la Central de Semáforos compuesta por software modernos y sensibles a la salinidad que caracteriza nuestra región y clima».
«Hoy, la Central no está siendo operada por ninguna persona«, le advirtió Pereira a Dau; «el local donde se encuentra instalada es ajeno; los trámites de cesión de posesión contractual a favor del Distrito están demorados; y el riesgo de deterioros y seguridad son altos«.
De acuerdo con lo que se pudo establecer, copia de esta carta fue enviada por Pereira a los entes de control, a los cuales les pidió acompañamiento «en la gestión de reversión y entrega, al igual que a la liquidación del contrato» de concesión.
¿Falta de previsión u otra primiparada?
Sobre los hechos anteriores, Revista Metro dialogó –off the record y por separado- con tres fuentes distritales, que coincidieron en manifestar que, de buena fe, lo que quiso en todo momento el alcalde Dau fue evitar que quienes operaban el alumbrado público y la semaforización continuaran haciéndolo, pero al centrarse en ello se cometieron varios yerros que dieron al traste con la posibilidad de que el contrato que finalmente se suscribió con EPM se firmara antes del 4 de enero, con el fin de que los dos servicios se prestaran sin solución de continuidad.
Sobre las razones por las cuales el mandatario no quería que la Unión Temporal Ecosodio S.A. – Electroconstrucciones Ltda., la anterior concesionaria, continuara prestando el servicio, dos de las fuentes manifestaron que fue porque estaba convencido de que detrás de ella estaba el empresario Alfonso Hilsaca Eljadue.
«Yo creo que el error fue haber dejado el proceso, prácticamente, en manos de un asesor externo de la Secretaría General, de apellido Contreras, que tiene notorios vínculos con empresas prestadoras de estos servicios«, aseveró un funcionario del Distrito que pidió reserva de su nombre; «y por ello el alcalde perdió la oportunidad de realizar un proceso licitatorio amplio y transparente, como debió ser, y como había prometido, no terminar adjudicando a dedo el alumbrado público como terminó haciéndolo«.
«Pero fíjese que no todo fueron errores«, advirtió -sin embargo – otra de las fuentes; «la interventoría sí pudo adjudicarse, y se hizo mediante un concurso de méritos donde, aunque hubo algunos ruidos, sobre todo porque llegó a decirse que había interés en adjudicársela a unas firmas barranquilleras, finalmente resultó ganadora la misma empresa que venía prestando ese servicio«.
En efecto, a partir del lunes 1 de febrero y hasta el viernes 31 de diciembre de este año, la interventoría del alumbrado público estará a cargo de la firma QBM2, de la cual es representante legal el conocido ingeniero William Murra Babún.
CONTRATO CON CARIBEMAR
Luego de ser publicada la nota anterior, una fuente anónima hizo llegar a Revista Metro copia del Contrato No. 002 suscrito por el secretario general del Distrito, Adelfo Doria Franco, con la representante legal de la firma Caribemar -filial de EPM, Blanca Ruíz Arroyave, cuyo objeto es la prestación del «servicio de mantenimiento correctivo de las redes de energía del sistema de alumbrado público» de Cartagena.
De acuerdo con las cláusulas de dicho contrato, el plazo de este será de un mes, y aunque se estipula que «el valor del presente contrato es indeterminado«, ya que «se obtiene de la sumatoria de los valores facturados por servicios prestados«, su valor «se estima en la suma de $82’518.926» (leer ‘Contrato Distrito – Caribemar‘)
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