Dirigentes políticos, gremiales, cívicos, comunales y comunitarios, activistas anticorrupción y ciudadanos del común participaron ayer en la audiencia pública convocada por el Concejo de Cartagena para escuchar las inquietudes, propuestas y sugerencias de la comunidad al Proyecto de Acuerdo Número 044 por «medio del cual se autoriza al alcalde mayor de Cartagena para comprometer vigencias futuras excepcionales, celebrar los contratos que garanticen el servicio de alumbrado público en el Distrito de Cartagena y se dictan otras disposiciones”.
Algunos de forma presencial, y la mayoría de manera virtual -a través de la plataforma Zoom – los participantes expresaron sus conceptos sobre los alcances de la iniciativa distrital, así como sobre su conveniencia, su legalidad y su constitucionalidad.
Entre los intervinientes estuvieron el exconcejal Américo Mendoza Quesseps, quien conceptuó que el proyecto no define con claridad una serie de elementos que permitan saber con exactitud cuáles serán los costos de operación ni qué es lo que el Distrito dispondrá con el contrato que se propone; la exalcaldesa encargada Yolanda Wong, quien propuso que el servicio sea licitado, con el fin de que los operadores interesados le muestren a la ciudad cuáles son sus planes de inversión, y no adjudicar el servicio a dedo; y el veedor ciudadano Héctor Pérez Fernández, quien también se mostró en desacuerdo con adjudicar el contrato a dedo, cuando lo transparente es abrir una licitación pública con el mayor número posible de proponentes, para que se de la posibilidad de escoger la mejor opción.
Asimismo, participaron el presidente de la Junta de Acción Comunal de Manga, Julio Romero, quien sugirió que el actual concesionario termine de adelantar los trabajos que están en curso, para lo cual lo correcto es prorrogarle por un año más la concesión y después sí adelantar -como debe ser – una licitación que garantice la prestación de un servicio óptimo; y el veedor ciudadano César Cárcamo Camargo, quien llamó la atención sobre el hecho de que el 5 de diciembre pasado, el entonces alcalde electo, William Dau, durante una audiencia pública, se comprometió a que en el término de un año -el primero de su mandato – realizaría un proceso licitatorio, pero, sorpresivamente, ahora pretende entregar a dedo el jugoso contrato a tres empresas determinadas, entre ellas «una de Barranquilla sobre la cual hay serias inquietudes«.
De igual manera, participaron el líder comunal Aldo Lora Hernández, quien pidió incluir en el proyecto las obras requeridas para la iluminación de la Vía de la Cordialidad, «la cual no se puede aplazar más«; y el veedor ciudadano Rafael Castro Otero quien pidió investigar qué papel ha desempeñado el ciudadano José Contreras en la elaboración de la iniciativa y el cambio de posición del alcalde Dau.
Intervino igualmente el presidente del Consejo Territorial del Distrito, Antonio Aponte, para quien, teniendo en cuenta la serie de dudas jurídicas que se tienen sobre el proyecto, el camino que debe seguir el Concejo es estudiarlas con atención para no incurrir en errores.
E, igualmente, participó la exjefa de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, Érika Martínez Nájera, quien, en su condición de vocera de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi, manifestó que, conjuntamente con algunos de los gremios asociados al Consejo Gremial de Bolívar «hemos revisado el proyecto (…)» y, «en este caso yo quiero decir claramente que este grupo de gremios (…) cree importante que el Concejo acompañe la solicitud que hizo la Alcaldía para la celebración de un convenio interadministrativo que comprometa vigencias futuras para la prestación del servicio de alumbrado público«.
En representación del Distrito, la jefa de la de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito y actual secretaria General encargada, Mirna Martínez Mayorga, manifestó que el Concejo debería estar tranquilo, ya que el proyecto de alumbrado público sí está contemplado en el Plan de Desarrollo ‘Salvemos Juntos a Cartagena’, y señaló que con la aprobación de la iniciativa se logrará alcanzar una mejor ciudad, para todos, ya que traería beneficios como el mantenimiento de la tarifa del alumbrado y la inversión en las obras requeridas. Además, indicó que el contrato que se suscribiría sería apenas por el término de 10 años.
Entre los concejales que participaron en la audiencia estuvo el coordinador de ponentes del Proyecto 044, Carlos Barrios Gómez, quien manifestó que, teniendo en cuenta que el tema del alumbrado público es muy complejo, conviene realizar una sesión especial del cabildo con la asistencia de voceros de las empresas a las que el Distrito piensa adjudicar el contrato: EPM, Codensa y Alumbrado Público de Barranquilla, con el fin de que le expliquen a la ciudadanía qué es exactamente lo que ellos les ofrecen a Cartagena para los próximos 10 años en materia de alumbrado público, ya que, definitivamente, en el proyecto ello no está claro.
El concejal expresó -igualmente – que le parecía muy curioso que la anterior vocera del Consejo Gremial de Bolívar, Verónica Monterrosa Torres, haya dicho el año pasado que, en concepto del empresariado local, lo más conveniente era la prórroga por 18 meses de la actual concesión, «y hoy la doctora Érika Martínez (…) avala el convenio interadministrativo de esta manera«; por eso, dijo, «a veces las posiciones de los gremios uno no las entiende«.
.