Por Rafael Vergara Navarro *
Mientras Juana Perea en Nuquí por defender la vida ofrendó la suya, el Acuerdo de Escazú esperaba, como hoy, ser ratificado en el Congreso de la República. Concertado durante cuatro años por 24 naciones latinoamericanas, contiene normas de protección para líderes, acceso a la justicia, participación, inclusión y acceso a la información, desarrollos de la Conferencia de Río (1992), la legislación interna y aportes de la Cepal.
Su necesidad no se discute, explica su existencia y la resistencia a que entre en vigor. De los 117 líderes ambientalistas asesinados en la región, Colombia sufre por 64. Cuando en agosto 26 escribí la columna ‘Escazú’, recordé como hoy a Enrique Oramas, defensor de los Farallones de Cali. Asesinatos, agresiones, amenazas, ¡Esto tiene que acabar!
Desde el 11 de diciembre del 2019, cuando el Gobierno firmó el Acuerdo, comenzaron las presiones de los que se disgustan con la cooperación sur-sur y ven la estructura internacional de apoyo como pérdida de soberanía. Subordinados ante el norte les duelen las relaciones horizontales.
No hay que tapar el sol con las manos, el Acuerdo previene conflictos, aporta a la toma de decisiones informadas y participativas, la rendición de cuentas, la transparencia y gobernanza. Lo crítico y el cuidado eficaz del territorio, de la creación, lo exige. Fracking, glifosato, megaminería, oro vs. agua, páramos, la Amazonía, bosques, frontera agrícola, ríos, bahías, ciénagas, conflictos social ambientales por doquier.
En México con la 11ª ratificación por unanimidad, el 5 de noviembre, Escazú entró en vigor; es lo pactado entre los 22 países firmantes. Pese al mensaje de urgencia del presidente Iván Duque al Congreso, su partido y aliados se oponen. Mientras los mexicanos celebran incluir en su legislación el derecho al desarrollo sostenible, acá a gremios y a sus congresistas del Centro Democrático les asusta, consideran que sobra. El que no ve el exceso puede ser autor o cómplice. El respeto al capital natural no es limitante ética en el afán de lucro empresarial o el caos informal. Aquí el desarrollo no es sostenible, por eso la regulación, la exigencia de responsabilidad ambiental. Desregular es contaminación y degradación.
Por el miedo a las consultas, los gremios alinearon a los partidos gobiernistas con tesis autárticas; dicen que el Acuerdo al entregar soberanía creará nuevas cortes, que la justicia ambiental no parará los muertos e implicará más gastos. Menos derecha y más sensatez. Sostenibilidad entraña responsabilidad ambiental y climática. Ojo, descarbonizar, firmamos el Acuerdo de París.
El senador Antonio Sanguino, ponente de la Alianza Verde, denuncia que no se ha dado el primer debate: cuatro veces se aplazó la reunión de la comisión conjunta de Senado y Cámara, y tuvieron que recurrir al Estatuto de la Oposición para impedir su archivo. ¡Presidente, cumpla su palabra! De acuerdo, que en homenaje a su vida la Ley se llame Juana Perea. ¡Ciudadanos, hagamos sentir nuestra voz!
* Abogado, ambientalista, gestor de Paz y director del Ecobloque
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