La reacción de la Administración Distrital ante el requerimiento de la Fiscalía General de la Nación de preservar la integridad de las personas que habitan 16 edificios, en los que la Universidad de Cartagena encontró inconsistencias en su construcción, fue mucho más que desproporcionada.
En el afán por demostrar efectividad o por librarse de señalamientos posteriores, se procedió a la declaratoria de calamidad pública y a la disposición de medidas “preventivas” que rayan en la arbitrariedad y el atropello institucional, con un desacertado manejo comunicacional y operativo de la crisis.
Contrario a la mesura con que correspondía abordar la complejidad del asunto, la comprensión y solidaridad que demandaban más de 700 familias afectadas, la Administración Distrital actuó de manera improvisada, autoritaria e indolente, creando además un pánico innecesario en toda la ciudad, que sintió como si el desplome de los edificios estaba por ocurrir en cadena en las próximas horas.
La orden de evacuación no fue consecuente con la dimensión de la emergencia en los edificios. “Nunca hemos dicho que hay que demolerlos y muchos menos dijimos que se iban a caer”, sostuvo en declaraciones de prensa Arnoldo Berrocal, jefe del departamento de estructuras de la Universidad de Cartagena, pero la orden perentoria del alcalde (e) fue en otros términos: “Si no evacuan voluntariamente hoy, entra la Policía a actuar», lo que equivale decir: los sacamos a las malas.
Las dramáticas escenas de hombres, mujeres y niños llorando de desesperación por quedar de la noche a la mañana en la calle, abandonando los apartamentos en los que invirtieron sus recursos y en algunos casos los ahorros de toda la vida, proyectaron ante el país y el mundo una gran injusticia, un atropello institucional y no una acción de prevención de riesgo por parte de la autoridad.
El procedimiento de la Administración Distrital evidencia improvisación por varias razones: la Universidad de Cartagena nunca alertó sobre la inminencia de desplome en alguno de los edificios; cada caso debe tener sus propias características y consecuentemente su nivel de riesgo en el tiempo o por las circunstancias, por lo que no había ninguna razón para inferir que la evacuación debía ordenarse de manera tan apresurada y en simultánea para todos los edificios.
De manera inexplicable no se han atendido conceptos alternos de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, que advierten sobre posibles errores en los estudios realizados por la Universidad de Cartagena, ni del más connotado ingeniero estructuralista de la ciudad, Jorge Rocha, quien con relación a uno de los edificios declarados en riesgo aseguró: “A los propietarios les digo que estén tranquilos, ya que aquí no está pasando nada. El edificio no se va a caer, no tiene problemas de concreto, ni de diseño y está bien calculado sobre pilotes”.
La declaratoria de calamidad pública para ordenar el desalojo, no evacuación concertada, debía estar acompañada de un plan de acción, que la Alcaldía nunca dio a conocer, más allá del insultante ofrecimiento de colchonetas en albergues temporales. Solo después del caos generado y sin precisión de ningún tipo, se anunció la gestión de posibles subsidios de arriendo para los damnificados.
De no ser por la decisión de la juez, Tercera Penal con Función de Control de Garantías, Yuris Ponce, quien suspendió temporalmente la orden de desalojo del alcalde, en Cartagena se habría cometido un histórico episodio vergonzante de criminalizar a familias víctimas de estafa y de corrupción, cometidas por quienes construyeron y permitieron la construcción irregular de los edificios donde confiadamente compraron sus viviendas.
El alcalde Sergio Londoño y algunos de sus coequiperos, probablemente fueron motivados por temores de desgracias mayores, pero evidentemente fueron mal asesorados e incurrieron en errores que terminaron por re victimizar a centenares de familias que hoy parecen condenadas, mediante acto administrativo, a la demolición de su dignidad y de sus esperanzas.
* Periodista y columnista, jefe de Comunicaciones y Cultura Proyecto Laboratorios Vivos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe.









