En países como el nuestro donde la corrupción resulta ser la regla general en muchos niveles, es el control social una herramienta esencial y determinante para que, en la medida de lo posible, los corruptos no hallen un camino totalmente despejado a sus perversos propósitos. Sin embargo, por ser justamente el enemigo más visible de la corrupción, hace que sea esta actividad altamente vulnerable y blanco permanente de aquella. Vemos a diario cómo, valiéndose de la infiltración de personajes encubiertos que figuran como ciudadanos indignados pero que en realidad son un cáncer silencioso, contaminan un escenario que en muchas ocasiones resulta ser el último eslabón a que puede recurrir una sociedad para hacer respetar sus derechos.
Esos agentes infiltrados de la corrupción, como ocurre en todas las profesiones, existen de distintas calidades; hay unos cuyo nivel de descaro es tan grande que poco peligro representan al ser fácilmente identificables; sin embargo, existen los más peligrosos, aquellos difíciles de percibir, aquellos que confunden, los que parecen estar ejerciendo buenas acciones pero una vez logras despejar todo un entramado de apariencias, cortar toda la maleza y llegar hasta el corazón de la selva, los ves abrazados, tomando y disfrutando con aquel corrupto que decían combatir.
¿Qué hacer entonces con esta vulnerabilidad del control social? Pues la respuesta es clara: ello se combate con educación, no tragar entero y siempre ir más allá. Una de las técnicas más utilizadas por los infiltrados y por los mismos corruptos es hacerse los indignados. Al momento en que estalla un escándalo son los primeros en sacar pecho y en pedir a gritos que se sancionen a los responsables, pero no a todos, solo a los desafortunados que por el escándalo se hicieron más visibles, a los que están en la superficie y evitar de esa forma que se llegue al fondo de esas contaminadas aguas en donde sin duda alguna estarán ellos camuflados.
Tener claridad sobre ello resulta trascendental dada la coyuntura por la que atraviesa el país y en la que Cartagena es tristemente protagonista; si no tenemos cuidado con la forma en que se ejerce dicho control podemos incurrir en la injusticia de hacer blanco de ataques a personas que en muchos casos son también víctimas u otros que simplemente se adaptan, sin que ello los exculpe, a las reglas de juego que les establecen, reglas que están intencionalmente mal diseñadas por los encargados de crearlas y que en tiempos de crisis se hacen los desentendidos con las esperanza de no quedar expuestos o simplemente seguir lucrándose con dicho defecto.
Concretamente en Cartagena este fenómeno lo podemos percibir en el ámbito de la construcción. Vemos a diario cómo surgen quejas por estructuras que de alguna manera impactan el paisaje a que hemos estado acostumbrados y es una reacción casi que automática el atacar de entrada a los constructores, de ahí pasamos a los curadores y hasta a los notarios, pero pocos se cuestionan si lo que en realidad está mal es la construcción o la norma que la regula. Justamente es ese análisis superficial el que los infiltrados de la corrupción pretenden establecer y es una forma en que los poderosos logran escabullirse y figurar de impolutos funcionarios escandalizados cuando en realidad son el origen mismo del problema. No es que los constructores sean unos santos, ni que la corrupción se encuentre ausente en las mencionadas entidades; el punto que es mientras que la norma esté mal hecha será la corrupción o la indignación social una constante con la que tocará aprender a convivir.
A nivel político sucede algo parecido, y para tocar concretamente un caso vigente en Cartagena, es la propia norma la que autoriza que los órganos de control, como por ejemplo la Contraloría, hagan su paso y lobby por un órgano político para su elección, órgano obviamente compuesto y organizado, como debe ser, también por intereses políticos. Entonces, mientras que la norma que tenemos establezca que es el Concejo, corporación donde necesariamente se conformarán mayorías que por lo general hacen parte de la coalición de gobierno, sea el órgano encargado de nombrar a quien va a controlar a ese gobierno y a ellos mismos, estamos estancados en un círculo vicioso que nos obliga, por Ley, a tener cierto nivel de tolerancia ante ciertas maniobras políticas que algunas veces resultan muy difícil de ubicar entre ilegales o simplemente inmorales. Esto es igualmente aplicable a nivel nacional.
En el ámbito de justicia es lo mismo; por ejemplo, mientras se establezca que el fiscal General de la Nación sea nombrado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de una terna que manda el presidente de la Pepública, es obvio que los candidatos amigos del presidente hagan lobby ante esos magistrados quienes por su apoyo obviamente esperaran alguna retribución, algunas veces ilegal, otras inmoral y otra simplemente irrelevante. También es fácil calificar a los jueces de corruptos si decidimos ignorar la norma que los obliga a actuar de determinada forma.
Por todo lo anterior hay que saber al momento de ejercer control social hacia donde apuntar, no quedarnos en la superficie, no quedar satisfechos con castigar solamente a los que en un momento dado se hacen visibles sino ir al corazón del problema y no dejarse manipular, en muchos casos de buena fe, por los infiltrados de la corrupción.
* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología








