El exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado, como lo sabe todo el país, fue destituido por el Consejo de Estado por un grave acto de corrupción.
Tras un proceso que se extendió por más de tres años y seis meses gracias a hábiles maniobras dilatorias orquestadas soterradamente por él mismo, finalmente el alto tribunal pudo probar que el funcionario había tejido una perversa red clientelista para hacerse reelegir.
Para que lo ternaran, el máximo representante del ministerio público había nombrado en altos cargos a amigos, esposos o familiares de decenas de magistrados de la Corte Suprema; y para que lo eligieran, había hecho lo propio con amigos, esposos o familiares de numerosos senadores de la República.
De manera estratégica, con la destreza de un hábil prestidigitador, Ordóñez había movido las fichas de la nómina de la Procuraduría para su propio beneficio. De acuerdo con una documentada y no controvertida investigación del portal La Silla Vacía, el procurador había nombrado para hacerse ternar y reelegir a «amigos o familiares de 31 senadores y nueve exsenadores; 22 amigos y familiares de magistrados de las altas cortes, incluyendo de siete consejeros de Estado, de dos magistrados de la Corte Constitucional, de siete magistrados o exmagistrados de la Corte Suprema y de un exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura» (Ver historia ‘La Silla empieza a armar el universo del Procurador’).
Pero hubo algo más en términos judiciales. Luego de anular su reelección por las irregularidades referidas, el Consejo de Estado le profirió un nuevo golpe judicial al cuestionado procurador. Tras otro dilatado proceso, se probó que Ordóñez había destituido e inhabilitado ilegalmente a la entonces senadora Piedad Córdoba. Con su fallo, los magistrados le dieron la razón a quienes, desde un principio, consideraron que la sanción contra la congresista había sido una burda retaliación política.
Esto, lo probado; lo que fue confirmado por un juez de segunda y definitiva instancia; lo que ya pasó a cosa juzgada. Pero hay evidencias de que, además de ello, Ordóñez utilizó el poder que le confirió su alto cargo, demasiado tiempo, para dar rienda suelta a su homofobia, su misoginia, su fanatismo religioso y su afán discriminador.
Por todo ello, lo menos que puede esperarse es que la ciudadanía imponga una condigna sanción social a un personaje como Alejandro Ordóñez, destituido por el Consejo de Estado no propiamente por hacer las cosas bien al frente de la entidad instituida para vigilar que las actuaciones de los servidores públicos se ciñan estrictamente a la Ley, y para promover y garantizar la defensa de los derechos humanos.
Que a un individuo como el clientelista exprocurador se le tenga como líder de opinión y sea una constante fuente de los medios; que se le invite a congresos y simposios para conocer y que se conozca más aún su ideario político y su retrógrado pensamiento; y que se le tenga como vocero de un sector de la ciudadanía sin que sea claro de dónde surge dicha representatividad, es una muestra de la grave crisis de valores que padece el país.
Ya el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, en su libro ‘Ceguera moral’, denunció la insensibilidad y el deterioro moral progresivo que, según él, se está convirtiendo en el común denominador de nuestro tiempo.
Bauman llama ‘adiáfora’ al hecho de «situar ciertos actos o categorías de los seres humanos fuera del universo de evaluaciones y obligaciones morales». Para el connotado pensador, la moral (o más exactamente la ética), no es esencial en determinados campos del quehacer humano. Ciertos individuos -dice – pueden hacer lo que quieren, aún lo más inmoral y antiético, y no afecta para nada su imagen, al menos ante un sector de la opinión pública.
Otros destacados analistas, como la filósofa española Adela Cortina, han descrito también el perverso fenómeno. En su ensayo ‘Para qué sirve la ética’, Cortina dice que «ningún país puede salir de la crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad».
Pareciera que Bauman y Cortina se hubieran inspirado en lo que viene ocurriendo en Colombia con Alejandro Ordóñez, cuya salida de la Procuraduría por la puerta de atrás, para no hablar de otros tantos hechos que han signado también su vida pública, no ha tenido -ni tiene por lo visto – consecuencias éticas.
Otoniel Sabalza Barrios
Señor director me identifico totalmente con editorial. En esta sociedad actual se invirtieron los valores eticos y morales. Para la muestra el señor Alejandro Ordoñez, pero lo inconcebible es que despues de haber sido destituido de su cargo, este dando opiniones y se lo acepten. Lo primero que debio hacer el presidente Juan Manuel Santo era no recibirlo en el palacio presidencial en el encuentro para duscutir lo del NO y sus opiniones sobre el tema del plebiscito. Pero pienso que entre ellos se cubren las espaldas. Esta situacion la tenemos que cambiar. Muchas gracias por dejarme opinar en su importante medio digital.
Gustavo Londoño Pérez
A Veces No Reflexionamos Sobre Estas Conductas. Gracias por hacer que no olvidemos el quehacer perverso de éstos siniestros personajes.
Lo peor de éste señor fue el haber dirigido el ministerio público con el propósito de atacar a los desvalidos y a las minorìas. Este señor, Lamentablemente, se dedicó a hacer todo lo contrario a sus deberes legales y misionales.
De acuerdo con el artículo en su totalidad.