Gracias a Dios; a las víctimas por perdonar y respaldar el proceso; al equipo negociador y al gobierno nacional en general; al equipo negociador de las Farc y a todos sus miembros; al Congreso de la República; a la sociedad civil que con sus miles de propuestas enriquecieron el acuerdo final; a los países garantes y colaboradores; a los órganos nacionales e internacionales; al Papa Francisco y a la Corte Constitucional por contribuir a que la guerra que afectó gravemente durante 52 años a nuestras instituciones y a la sociedad colombiana terminara definitivamente.
Bienvenida las Farc a la sociedad, al Estado de derecho y a la democracia.
Soy un convencido de que las naciones civilizadas acaban sus conflictos a través del diálogo, la negociación y la mediación; y que siempre será mejor la paz que la guerra.
Logrado el acuerdo definitivo entre el gobierno y las Farc, viene una etapa difícil que demanda grandes responsabilidades, esfuerzos y compromisos de todas las autoridades; esto es, del gobierno nacional, gobernadores, alcaldes, órganos de control, de la justicia y, por supuesto, de la sociedad civil, para lograr una paz estable y duradera y un posconflicto exitoso, que sólo será posible reparando integralmente a las víctimas, combatiendo las grandes desigualdades sociales y garantizando los derechos fundamentales, con oportunidades para todos, con educación, empleo, vivienda digna y garantía de los demás servicios públicos.
Hay que atacar seriamente la corrupción. Este debe ser uno de los principales retos de los órganos de control y demás autoridades y, por supuesto, de los ciudadanos. No podemos aspirar a vivir en paz mientras la corrupción sigue permeando todas las instituciones colombianas. No pueden los servidores públicos manejar un hermoso discurso de paz y a la vez apropiarse indebidamente de los dineros públicos.
Es necesario que continúe el proceso de restitución de tierras para que los campesinos retornen a sus predios con todas las garantías. La Reforma Rural Integral acordada debe dignificar a los campesinos fortaleciendo integralmente su economía.
Los países que fueron nuestros aliados en la guerra son esenciales para consolidar la paz y el posconflicto.
Espero que el Eln siga el ejemplo de las Farc y que las Bacrim se sometan pronto a la justicia. Mientras, es deber del Estado combatirlos para garantizar la tranquilidad, vida e integridad de los administrados.
El 24 de agosto de 2016 no solo es un día histórico para Colombia sino para el mundo: son muchas las razones para estar felices.
El próximo 2 de octubre votaré con entusiasmo por el Sí en el plebiscito, y espero que lo hagan la mayoría de los colombianos.
A los que promueven el No debo recordarles que la paz no es del presidente Santos, ni de los partidos de la Unidad Nacional, ni de los demás actores que la promovemos. La paz es un bien supremo que está por encima de todo lo anterior; es un derecho colectivo, un derecho fundamental, un deber jurídico y un fin fundamental a cargo del Estado y los ciudadanos.
Nuestro tribunal constitucional ha reiterado que “la paz es un sentimiento general y permanente del pueblo que se funde con el ordenamiento jurídico en la búsqueda de la garantía de la dignidad humana y el establecimiento de una sociedad verdaderamente democrática, en tanto no se puede hablar de democracia con la intervención de actores armados en el diario vivir; no hay democracia ni libertad sin paz. La paz es un componente de la democracia y la democracia un requisito inherente a la paz. La paz no solo implica la solución pacífica de conflictos. La paz es reconciliación. Es por eso que la paz real implica perdón de las víctimas a sus victimarios, sin importar en qué orilla se encuentren.”.
A los que no avalan la paz porque consideran que no habrá justicia sino impunidad, debo aclararles que el Marco Jurídico para la Paz establece los instrumentos de justicia transicional encaminados a la búsqueda de la paz y a la terminación del conflicto armado. El sistema de justicia transicional, antes “justicia restaurativa o transaccional”, aparece en el ámbito jurídico como alternativa para que los países superen sus escenarios de violencia social y política. Es un mecanismo empleado por las sociedades para enfrentar los legados de violencia del pasado y consolidar la democracia; es un instrumento que comprende un conjunto de medidas alternativas orientadas a la superación de la impunidad respecto de los delitos y afectaciones a los derechos humanos, llegándose a convertir hoy en día en componente imprescindible en los procesos democratizadores del posconflicto.
América Latina es pionera en la aplicación de justicia transicional desde la década de los 80 hasta la fecha; se ha adoptado en Perú, El Salvador, Honduras, Argentina, Chile, Guatemala y ahora en Colombia. En otros continentes también se ha puesto en práctica en países como Kosovo, Sudáfrica, Sierra Leona, Uganda, Mozambique, Nepal, Irlanda del Norte, Bosnia-Herzegobina, Túnez, La República Democrática del Congo, entre otros.
Adenda: uno de mis estudiantes me preguntó que si yo votaría en el futuro por algún líder exmiembro de las Farc. Sin titubear, yo le respondí que sí.
* Abogado, Mg. en Derecho Público; expersonero distrital y docente universitario
Armando De Avila
Importante es tener la sistematización del inventario que dejó el comflicto. Un inventario que contabilice las pérdidas de seres humanos, de patrimonios, incluso de medio ambiente. El postcomflicto si bien no tendrá recursos para su recuperación total, debe tener cuantificado unos mínimos que le den a las víctimas garantías.