
Por Horacio Cárcamo Álvarez *
Desde la Primera República quedó patente un sino trágico de violencia en nuestra sociedad que, doscientos años después, aún se mantiene.
Las armas que lograron la independencia luego se volvieron contra sí mismas en la confrontación de los estados federales y facilitaron la reconquista de la corona española. Solo en cinco años abortamos los triunfos de las batallas inspiradas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, documento subversivo de los conspiradores ilustrados del período conocido como de la ‘Patria Boba’.

Durante el Siglo XIX, los caudillos de las fracciones partidistas resolvían las diferencias surgidas entre ellos por sus consignas y su posición frente a la Iglesia conquistando el poder a través de la guerra.
Al igual que en la Primera República, ello tuvo consecuencias: polarización de la nación, desolación en los campos, desmembramiento del territorio nacional al perder Panamá y la llegada tardía del país a la modernidad. Nueve guerras civiles de connotación nacional, otras regionales y muchas revueltas dejaron un saldo en muertos de hasta ciento cincuenta mil hasta el 1903.
La violencia no cesó durante el Siglo XX ni en lo que va del XXI, y las atrocidades, desde el corte de franela en tiempos de la confrontación armada liberal-conservadora hasta los campos de concentración en los que la extinta Farc-EP mantuvo prisioneros durante años a miembros de las fuerzas armadas regulares y a civiles, con un claro desprecio por las normas del Derecho Internacional Humanitario, ilustran la deshumanización a la que ha llegado la guerra.
La guerrilla de la Farc-EP firmó un acuerdo de paz, pero la guerra se mantiene con otros grupos armados, entre ellos disidentes de la misma organización que no acompañaron el proceso y otros que nacieron con líderes desertores.
Por lo menos tres son las razones que imposibilitan alcanzar la paz en el país. La primera, histórica, está relacionada con la negativa de las oligarquías a facilitar las reformas estructurales pendientes desde hace más de cien años, entre ellas la reforma agraria para terminar con la odiosa concentración absoluta de la propiedad de la tierra y la ausencia de Estado en educación, salud y otros servicios para dignificar a los pobladores de los territorios conocidos como la Colombia Profunda y de las barriadas pobres de los centros urbanos. La segunda razón es el narcotráfico, impulsor de todos los grupos armados, tanto subversivos -antiestablishment con algo de ideología política – como paramilitares autoproclamados, con complicidad, en algunos casos, de las fuerzas armadas del Estado, para la supuesta defensa de la institucionalidad o simplemente para el negocio. Y la tercera razón es la corrupción, que hace más daño que el tráfico de drogas, los carrobombas y las tomas, al robarse todo el dinero destinado a la educación, la salud y la paz, entre otras.
En Colombia, solo entre 1985 y 2018, según un informe de la Comisión de la Verdad, 450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado. A juicio de la misma entidad, si se hubieran contabilizado los subregistros, la cifra de homicidios estaría en 800 mil víctimas de la violencia. En la democracia más antigua de América se alcanzaron en el conflicto armado niveles de barbarie como los falsos positivos, que no se dieron en países de la misma región con dictaduras militares sanguinarias.
La paz es un fundamento imprescindible para lograr el desarrollo en cualquier sociedad. Un país en paz proporciona entornos estables y seguros que permiten a las personas vivir sin temor a la violencia, facilitándoles, además, concentrarse más en su realización personal y en el compromiso con sus familias y comunidades. Esto es lo que se niegan a aceptar, con pataletas y todo, quienes dicen que defienden la democracia.
Post scriptum: el periodismo investigativo y serio cumple con la función de vigilante del poder. Laura Ardila Arrieta ha hecho su trabajo con honestidad y, sobre todo, con valor. Si la violencia de los poderosos la reprimen, se socava la democracia.
* Abogado, con especialización en Gestión de Entidades Territoriales y en Desarrollo Social; exdirector Territorial para Bolívar del Ministerio del Trabajo. Doctrinante.
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