
Por Gabriel Jaime Dávila Gómez *
Colombia necesita conocer toda la verdad sobre las denuncias que rodean a Carlos Oyola Tovar, el llamado hacker de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-. Su gravedad exige investigar la eventual estructura detrás de las actuaciones denunciadas: sus propósitos, recursos, responsables y posibles conexiones. Que no se haya demostrado una alteración del resultado electoral no vuelve irrelevante un posible ataque contra la democracia.

Existe una herramienta pertinente: la investigación en contexto que impulsó la Fiscalía de Eduardo Montealegre junto a Natalia ‘Tocarruncho’ Springer. Su propósito es reconstruir patrones, estructuras y cadenas de responsabilidad. Apliquemos ese rigor: establecer si los acontecimientos están relacionados, sin convertir coincidencias en culpabilidades. La Corte Suprema lo precisó: el contexto orienta el análisis, pero no sustituye las pruebas de responsabilidad individual.
Los reiterados cuestionamientos de Gustavo Petro al sistema electoral, su insistencia sobre el código fuente, la solicitud del censo formulada por la DNI y los documentos que describen un supuesto plan contra la Registraduría merecen examinarse en una misma cronología. Pedir auditorías es legítimo. Lo que debe esclarecerse es si existió alguna conexión entre aquellas actuaciones públicas y las operaciones ilícitas denunciadas. Esa conexión debe probarse.
También deben verificarse los señalamientos sobre apoyo extranjero. Corresponde determinar si hubo delitos electorales, informáticos o, de acreditarse sus requisitos específicos, alguna conducta de traición a la patria. La gravedad política no reemplaza la tipificación penal; tampoco justifica descartar anticipadamente una investigación sobre la Soberanía Nacional.
El procurador tiene mucho que decir. Gregorio Eljach afirmó en agosto que la prevención institucional permitió «que hubiera elecciones en Colombia porque no iba a haber». Es una declaración demasiado seria para dejarla pasar. ¿Qué información concreta sustentó esa afirmación? ¿Qué riesgos conocieron y qué actuaciones emprendieron? ¿Existe alguna relación con lo que ahora se denuncia? Su intervención merece reconocimiento; el país merece conocer su alcance.
También debe reconocerse la firmeza del registrador Hernán Penagos. Antes de las elecciones presentó los sistemas y sus controles al procurador, anunció la custodia del código fuente y mecanismos para verificar su integridad. Hubo una defensa institucional con medidas concretas.
A mi juicio, Colombia resistió gracias a instituciones que ejercieron sus competencias, a la separación de poderes y a la vigilancia ciudadana. El Congreso debe profundizar ese control. Destaco la firmeza del Centro Democrático al reclamar garantías electorales y acompañamiento internacional, una tarea que debe continuar hasta esclarecer estas denuncias.
Como ingeniero de sistemas y con más de 20 años de experiencia en el ejercicio de la función preventiva en materia electoral, destaco también la tecnología electoral y sus controles. La auditoría del IIDH/CAPEL (el programa especializado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos -IIDH – del Centro de Asesoría y Promoción Electoral -CAPEL-) no identificó afectaciones materiales a la integridad de los componentes examinados en la segunda vuelta. Colombia puede valorar esa fortaleza: programas, actas, testigos, trazabilidad y auditorías que permiten verificar los resultados. La confianza se sostiene en controles comprobables y vigilancia permanente.
Venezuela dejó una lección decisiva: las actas producidas por las máquinas y conservadas por los testigos permitieron documentar la victoria de Edmundo González, según el Centro Carter. La tecnología y la custodia ciudadana de la evidencia pueden preservar la verdad del voto, incluso cuando el poder pretende desconocerla.
Pero proteger las cifras no basta para proteger al elector. Un estudio de la Fundación Conflict Responses -CORE – documentó presión armada en 27 municipios, aunque no encontró un efecto estadísticamente significativo a escala municipal. Esas amenazas merecen investigación y protección para sus víctimas, aun cuando no hayan cambiado al ganador. Su eventual conexión con otras operaciones debe demostrarse. Una sola conciencia sometida por un fusil ya representa una herida democrática.
Cambiar de Gobierno no garantiza que desaparezcan las amenazas. El pasado que describen estas denuncias exige esclarecimiento, responsabilidades y garantías de no repetición. La democracia seguirá en riesgo mientras haya armas que presionen al ciudadano o funcionarios dispuestos a poner el Estado al servicio de intereses particulares.
La serpiente de la intimidación y del abuso del poder sigue viva. Colombia debe mantener firmes sus instituciones, protegida la libertad del elector y abierta la exigencia de verdad.
* Ingeniero de Sistemas; especialista en Planeación Estratégica y Prospectiva; especialista en Contratación Estatal. Consultor y Articulador Netxus-IA; E-mail: gabriel.jaime.davila.gomez@gmail.com
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