
Por Juan José Luna Gómez *
En Cartagena, durante ‘Góndola 2026’ de Fenalco, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, dejó una frase de esas que suenan impecables hasta que uno pregunta quién paga la cuenta. Habló de “nivelar la cancha” frente a Amazon, Shein, Temu y el comercio nacional.

Un día después, el anuncio dejó de ser solamente retórica. El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso su proyecto de Ley de Rescate Económico y propuso derogar el literal j) del Artículo 428 del Estatuto Tributario, eliminando el beneficio de IVA para las importaciones de bajo valor.
La intención de corregir una asimetría puede ser atendible. Que la solución sea encarecer la compra del consumidor merece bastante más que entusiasmo.
Como abogado comercialista, no desconozco el problema. Un comerciante colombiano paga renta, nómina, seguridad social, impuestos territoriales y costos de importación.
Tampoco puede ignorarse el abuso del régimen de envíos de bajo valor para fraccionar mercancías, subvalorarlas o disfrazar operaciones comerciales de compras ocasionales.
Según cifras oficiales recogidas por el Congreso, en 2024 ingresaron US$1.552 millones en envíos de hasta US$200, cerca del doble de 2022. Alrededor del 75% provenía de China y cerca del 60% correspondía a textiles, confecciones, calzado y accesorios.
Pero de ahí no se sigue que la respuesta sensata sea encarecerle la compra al consumidor. Los envíos de tráfico postal y urgentes de hasta US$200 no pagan gravamen arancelario, mientras la exclusión de IVA es más estrecha y depende de los acuerdos aplicables y de requisitos como la ausencia de fines comerciales.
No todo paquete menor de US$200 entra “sin pagar nada”, como suele repetirse con ligereza.
No se trata de predicar un mercado sin Estado. La Constitución combina libertad económica, libre competencia e intervención. Pero intervenir no es lo mismo que escoger por el consumidor. Si alguien encuentra afuera un producto semejante y más barato, acepta también una carga que suele olvidarse. Esperar.
Quien compra en una plataforma extranjera puede tardar días o semanas, asumir mayor distancia frente a garantías y renunciar a la disponibilidad inmediata.
Quien necesita el producto hoy puede comprarlo aquí, recibirlo enseguida y reclamar con mayor cercanía. El precio no es la única variable del mercado. El tiempo también cotiza.
Por eso resulta paradójico “nivelar la cancha” encareciendo una alternativa, en vez de preguntarse primero por qué producir, importar legalmente, formalizarse y vender en Colombia sigue siendo tan oneroso.
Tampoco conviene confundir neutralidad tributaria con proteccionismo. Si dos productos equivalentes terminan en manos del mismo consumidor, es razonable discutir cargas comparables.
Otra cosa es añadir gravámenes para volver menos atractivo el producto extranjero. Nivelar impuestos puede ser neutralidad. Nivelar precios a punta de impuestos ya es otra cosa.
Y si el problema son quienes fraccionan inventarios, subvaloran mercancías o disfrazan operaciones comerciales de pequeños envíos personales, que el Estado los identifique y sancione.
No parece razonable convertir el abuso de algunos en la factura de todos. Esas compras, además, movilizan operadores postales, mensajería, transporte y última milla que también desarrollan actividad económica en Colombia.
Queda entonces la pregunta incómoda: ¿desde cuándo la competitividad se construye haciendo más cara la alternativa del consumidor?
Una economía competitiva debería lograr que el producto colombiano gane porque produce mejor, innova, reduce costos, ofrece servicio, garantía, disponibilidad inmediata o un precio atractivo, no porque el Estado encareció al competidor en la frontera.
Uno vende inmediatez, cercanía y respaldo; el otro puede ofrecer menor precio a cambio de espera y distancia. El consumidor compara y decide. Corregir fraude y asimetrías es legítimo. Convertir el impuesto en brújula para orientar esa elección merece mucha más cautela.
Hay, además, una vieja tentación fiscal detrás del asunto. El Gobierno Petro ya propuso eliminar la exclusión de IVA del literal j) del Artículo 428 del Estatuto Tributario y estimó un recaudo cercano a $640 mil millones para 2026.
Después redujo temporalmente el umbral a US$50 mediante el Decreto Legislativo 1474 de 2025. La Corte Constitucional terminó declarando inexequible ese decreto por consecuencia, al caer la emergencia que lo sustentaba, como consta en la Sentencia C-079 de 2026. Una idea discutible no se vuelve buena porque cambie el presidente que la propone.
“Que paguen las plataformas” suena cómodo, pero en tributación hay que distinguir al sujeto que recauda del que soporta la incidencia económica.
Si introducir un producto cuesta más, ese costo puede repartirse entre plataforma, vendedor y comprador. No siempre llega entero al consumidor, pero tampoco desaparece por arte de birlibirloque.
Estudios recientes en Estados Unidos han encontrado traslado de aranceles a precios minoristas y efectos proporcionalmente mayores sobre hogares de menores ingresos.
Europa también endureció su régimen, aunque dentro de una reforma más amplia sobre trazabilidad, subvaloración, fragmentación de envíos y seguridad de productos.
Y esto ya no es marginal. En 2025 el comercio electrónico colombiano movió $145,4 billones y registró 684,6 millones de transacciones.
En el primer trimestre de 2026, las transacciones digitales crecieron 22,2% anual. Estamos hablando de un hábito de consumo instalado en la economía.
Si hay que nivelar la cancha, persigamos el contrabando técnico, la subvaloración, el fraccionamiento artificial y la reventa disfrazada de compra personal.
Exijamos trazabilidad a las plataformas. Pero hacer que lo barato sea más caro no vuelve competitivo a nadie.
Si para ayudar al comerciante colombiano la primera ocurrencia es cobrarle más al consumidor colombiano, alguien terminará pagando los platos rotos. Y ya sabemos quién tiene el bolsillo más cerca.
* Abogado, magíster en Derecho Privado, especialista en Derecho Comercial y en Derecho Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; consultor jurídico, docente e investigador universitario.
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