
Por Agustín Leal Jerez *
Cuando alguien que tiene altas probabilidades de llegar a ser presidente de Colombia sostiene que entre la ética y el Derecho no existe relación alguna, termina acercándose inevitablemente a una concepción del Derecho separada también de la moral. Por eso resulta necesario que nuestros habituales lectores comprendan la trascendencia política, jurídica y cultural de semejante afirmación.

No pretendemos elaborar aquí un tratado de Filosofía del Derecho. El tema es demasiado complejo y, además, dista mucho de existir un consenso definitivo entre los grandes teóricos y publicistas del Derecho.
Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre las consecuencias prácticas de divorciar el Derecho de toda consideración ética y moral.
Además, analizaremos cuáles serían las consecuencias de esta posición frente a la Constitución Política de Colombia.
Cuando, hacia el final de la Edad Media y durante la modernidad temprana, Europa comenzó a abandonar progresivamente la tradición judeocristiana como fundamento exclusivo de la validez e interpretación del Derecho, surgió una nueva concepción jurídica basada en la razón humana, la soberanía política y la autonomía del Estado.
Este tránsito permitió avances fundamentales: la secularización de las instituciones, la igualdad formal ante la Ley, la consolidación del Estado moderno y el nacimiento del constitucionalismo contemporáneo. Sin embargo, también abrió una discusión que continúa hasta nuestros días ¿puede existir un Derecho completamente separado de la moral?
La respuesta a esta pregunta ha generado diversas posiciones. Algunos sostienen que el Derecho solo es legítimo cuando se encuentra subordinado a principios morales superiores; otros defienden una separación estricta entre ambas esferas; y un tercer grupo admite una distinción conceptual entre Derecho y moral, pero reconoce múltiples puntos de contacto entre ellas.
Curiosamente, las formulaciones más influyentes de la tesis de la separación entre Derecho y moral surgieron en dos de las grandes potencias europeas de finales del Siglo XIX y comienzos del XX: Inglaterra y Alemania.
En Inglaterra, el jurista John Austin desarrolló la denominada teoría del mandato del soberano. Según esta concepción, el Derecho consiste esencialmente en órdenes emitidas por quien detenta el poder supremo y respaldadas por la amenaza de una sanción. Su célebre formulación sostenía que la existencia de una norma jurídica es una cuestión distinta de su bondad o maldad moral.
Por su parte, en Alemania se fortaleció una corriente positivista que concebía el Derecho como la voluntad formalmente expresada por el Estado. Para muchos de sus exponentes, la validez de una norma dependía de su creación conforme a los procedimientos jurídicos establecidos y no de su contenido moral.
Las tragedias humanas provocadas por las dos guerras mundiales y, especialmente, la experiencia del régimen nazi, llevó a numerosos filósofos y juristas a replantear esta separación absoluta entre Derecho y moral.
Sin abandonar necesariamente la autonomía del Derecho como sistema normativo, comenzaron a surgir teorías que reconocían la necesidad de ciertos principios éticos mínimos para preservar la dignidad humana y evitar que la legalidad pudiera convertirse en instrumento de la barbarie.
A partir de entonces, el debate dejó de centrarse en una disyuntiva absoluta entre Derecho y moral para desplazarse hacia una cuestión más compleja: cómo mantener la seguridad jurídica y la autonomía de la Ley sin renunciar a los principios éticos.
Sin consideraciones de tipo moral, los Juicios de Núremberg difícilmente habrían podido realizarse. Los principales dirigentes nazis actuaron, en gran medida, al amparo del Derecho positivo vigente en el Tercer Reich. Muchas de las conductas por las cuales fueron juzgados habían sido autorizadas o toleradas por el ordenamiento jurídico alemán de la época y, en no pocos casos, contaban con respaldo político y social.
Precisamente por ello, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg se apoyó en la idea de que existen principios superiores de humanidad y justicia que ningún Estado puede desconocer legítimamente. Los acusados fueron condenados por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, categorías jurídicas que expresaban la convicción de que ciertos actos son intolerables incluso cuando han sido autorizados por la legislación interna de un país.
Núremberg marcó así un punto de inflexión en la Filosofía jurídica contemporánea. A partir de entonces, la relación entre Derecho y moral dejó de ser una discusión meramente académica para convertirse en un problema práctico de primer orden. De esa experiencia surgirían posteriormente la expansión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los tribunales penales internacionales y, décadas después, la Corte Penal Internacional.

Las consecuencias de este debate volvieron a manifestarse tras la reunificación alemana, ocurrida el 3 de octubre de 1990. Uno de los problemas más complejos que debió enfrentar la justicia alemana fue el juzgamiento de los guardas fronterizos de la antigua República Democrática Alemana que habían disparado contra personas que intentaban cruzar el Muro de Berlín o huir hacia Alemania Occidental.
Durante décadas, el régimen de Alemania Oriental había establecido un sistema normativo que autorizaba e incluso exigía el uso de la fuerza letal para impedir la fuga de ciudadanos. Los guardas actuaban, por tanto, conforme a órdenes oficiales y dentro de un marco jurídico formalmente válido en su Estado.
La dificultad jurídica era evidente. El principio de legalidad penal, consagrado en los instrumentos internacionales y en las constituciones democráticas, prohíbe castigar conductas que no constituían delito al momento de su realización. Además, quienes efectuaron los disparos no eran ciudadanos de Alemania Occidental y actuaban bajo el amparo de las leyes vigentes de la República Democrática Alemana.
La cuestión fue finalmente resuelta por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania en su célebre sentencia del 24 de octubre de 1996. El tribunal acogió la denominada fórmula de Radbruch, elaborada por el jurista alemán Gustav Radbruch, antiguo ministro de Justicia de la República de Weimar.
Tras la experiencia del nazismo, Radbruch sostuvo que existe un límite extremo a la obediencia jurídica: cuando la contradicción entre la ley positiva y la justicia alcanza un grado intolerable, la Ley pierde su condición de Derecho.
Su célebre formulación afirmaba que «la injusticia extrema no es Derecho». Con fundamento en esta tesis, el Tribunal Constitucional concluyó que las normas de la Alemania Oriental que autorizaban matar a quienes intentaban abandonar el país constituían una negación tan grave de los derechos humanos fundamentales que no podían ser reconocidas como verdadero Derecho. Por ello confirmó la validez de las condenas impuestas a los guardas fronterizos.
Quienes deseen profundizar en este debate encontrarán una exposición particularmente rigurosa en los trabajos de Robert Alexy, quien desarrolló la relación entre la fórmula de Radbruch, los derechos fundamentales y la conexión necesaria entre Derecho y corrección moral.
Después de este breve paseo por el trasegar de la moral y el Derecho, vamos a ocuparnos de nuestra Constitución de 1991 y su postura frente al tema tratado.

Las constituciones de la posguerra nacieron de una lección histórica dolorosa: la legalidad, por sí sola, no basta. Para impedir que la injusticia extrema vuelva a revestirse de Derecho, incorporaron principios, valores y derechos fundamentales que constituyen una permanente pretensión de corrección frente al poder político.
Nuestra Constitución no ha sido ajena a este hecho y, sin entrar en detalles, podemos afirmar que la Carta de 1991 está corregida por dos grandes operadores jurídicos: la Justicia y la moral. Nuestra Constitución, en su preámbulo y en su Artículo 2, señala como su fin esencial la persecución de un orden justo y, para que no haya duda de que la corrección es de tipo moral, en su Artículo 34 sanciona las conductas contrarias a la moral social.
La Corte Constitucional, en jurisprudencia pacífica, ha dado valor normativo a la moral social más allá de la figura del enriquecimiento ilícito. En muchas sentencias la ha tratado como una norma presupuesta por la sociedad plural colombiana, como una especie de precipitado, de sedimento que corrige permanentemente el Derecho.
Para dar un solo ejemplo, frente al derecho a la libertad de culto, en la sentencia SU-510 de 1998, la Corte Constitucional avaló la prohibición de la evangelización cristiana al pueblo arhuaco de la Sierra Nevada, por considerar este adoctrinamiento contrario a la moral social de esta comunidad.
Es decir, que quien pretenda adjudicar Derecho en Colombia, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, tiene que entender que, sin la moral, ora inmersa en la justicia, ora como moral social, no es posible conseguir un orden justo.
Así, quien prometa cambio y justicia social y desconozca la moral como correctora del Derecho, lo que ofrece es tiranía.
* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.
.











