
Por Luis Junieles Dorado *
Recientemente salió a la luz una discusión en la ciudad de Cartagena de Indias vinculada con el acceso a una playa pública. El hecho ocurrió en una zona distinguida de un hotel exclusivo, y se trató de un operativo de intervención realizado por la Policía Nacional para restringir el acceso al espacio en el cual se halla el establecimiento. En consecuencia, tal suceso ocasionó una controversia al existir material audiovisual, el cual se difundió para denunciar el hecho, puesto más tarde a disposición de la Procuraduría General de la Nación.

Ahora bien, se destaca que estas zonas insulares y el litoral marino pertenecen al Estado, por lo que constituyen espacios públicos para la ciudadanía. En efecto, se está ante un caso de nivel constitucional, contemplado en el Artículo 63 de la carta magna, donde se determina que los bienes de uso público no se pueden alienar, embargar o prescribir; por lo tanto, el territorio y sus propiedades hacen parte de la Nación.
Por consiguiente, y siguiendo una indagación elemental en función de la Constitución, es posible afirmar que ninguna entidad privada o natural está en la facultad de prohibir el acceso a la playa o al mar sin que haya un soporte legal que lo determine de esa manera; en caso de que así sea, se estaría sustituyendo una norma de implicaciones constitucionales.
Como resultado, la situación en mención produce una imagen notoriamente nociva, tanto para turistas como para la población residente, dado que habilita importantes cuestionamientos en torno a si le competía o no a la Policía Nacional llevar a cabo un control prohibitivo de estas dimensiones, desalojando presuntamente a unos visitantes de una playa cerca a un hotel reconocido.
En efecto, este tema es notablemente preocupante, dado que demanda explorar con rigurosidad cuál es argumento jurídico real de tal acto y qué función cumple la autoridad, en este caso la Policía Nacional, en temas que, por su condición, pertenecen al espacio público.
Aunado a esto, se resalta un interrogante pertinente, esto es, ¿hubiese sido el mismo procedimiento o trato si se hubiera tratado de visitantes extranjeros o si aquellas personas gozaran de un estatus social privilegiado? ¿O, en cambio, el acto correspondió al mero escenario de que las personas que estaban ocupando esa parte de la playa fuesen ciudadanos colombianos? Ante esto, es crucial determinar un precedente sólido, dado que no resulta positivo que la ciudad se publicite como una región excluyente, solo en beneficio de las clases sociales más favorecidas.
De conformidad con la Constitución Política de Colombia, las playas son de uso público, por lo que estas les pertenecen a todos los ciudadanos. Por ende, aunque la Policía Nacional cuenta con la obligación de controlar y asegurar el orden, tal tarea no debe llevarse a cabo selectivamente, ni en beneficio de intereses particulares. Así, su función deberá estar encaminada a asegurar la seguridad, el acceso gratuito y el goce del bien público para todos los individuos.
De tal modo que los hechos descritos deben investigarse con rigurosidad, debido a que, si la ciudad busca acabar con la imagen negativa que le precede, esa transformación tendrá que iniciar desde los mismos funcionarios y el sector turístico y hotelero, lo que implica fomentar la inclusividad, la justicia y la equidad para todos.
* Abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Seguridad Social y Derecho Procesal Penal, magister en Derecho Universidad Externado de Colombia, juez civil municipal de Cartagena de Indias.
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