Un reciente informe de la Contraloría General de la República -CGR, revelado por la revista Cambio, expone la dramática situación financiera de la Nueva EPS. Según el informe periodístico, basado en el documento de 82 páginas del ente de control fiscal, la crisis que padece la mayor entidad promotora de salud del país, con más de 11,5 millones de afiliados, es -literalmente – dramática y mucho más profunda que antes de la intervención del gobierno Petro.
De acuerdo con la Contraloría, la crisis en dicha operadora no solo persiste, sino que se ha profundizado de manera alarmante durante la intervención estatal bajo el denominado Gobierno del Cambio. Aunque la entidad ya arrastraba problemas estructurales acumulados de años anteriores, el informe concluye que las medidas adoptadas durante la intervención han agravado el deterioro, convirtiendo una situación precaria en una catástrofe que amenaza la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.
En este punto, un dato que no es menor, y el cual -por lo visto – hoy pocos recuerdan: la Nueva EPS fue intervenida por la Superintendencia de Salud –Supersalud – en abril del 2024, pero ya, desde antes, venía siendo administrada bajo las directrices del Gobierno Nacional, producto de una serie de presiones a las cajas de compensación que tenían mayoría en la junta directiva. Como deberá recordarse, como consecuencia de cuestionadas maniobras reseñadas con rigor y detalle por La Silla Vacía, el 16 de enero de 2024 fue nombrado presidente de la junta de la EPS el abogado Aldo Cadena, quien «militó con Petro en el M-19 y desde entonces es de su reducido círculo de confianza», como resaltó el reconocido medio, y quien -además – ha sido un operador político importante para Petro (leer ‘El gobierno consolida la toma de la Nueva EPS poniendo a su gerente‘).
El hecho es que, cuando se oficializó la intervención de la Nueva EPS el 3 de abril de 2024, los entendidos en la materia se sorprendieron. Nadie entendía por qué la Supersalud intervino a una operadora que venía siendo manejada, literalmente, por una ficha del presidente. Hoy, por lo visto, la respuesta es obvia (leer ‘Aldo Cadena, ficha del gobierno Petro, asume la presidencia de Nueva EPS‘).
Según lo revelado por Cambio (al momento de elaborarse esta nota Revista Metro no ha tenido aún acceso al informe de la CGR, la deuda y el déficit de la Nueva EPS se duplicaron en los últimos años, con un incremento explosivo durante el periodo de intervención. Específicamente, entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, la deuda creció un 198%, pasando de $5,42 billones de pesos a $21,37 billones. En 2023, la cifra se duplicó hasta alcanzar $11,7 billones, y en 2024 escaló a $18,38 billones, para llegar a los $21,37 billones en marzo de este año. Además, el patrimonio de la entidad pasó de un saldo positivo de $485.209 millones en 2022 a un negativo de $-4,95 billones en 2023, $-6,69 billones en 2024 y $-6,25 billones en marzo de 2025. Estas cifras, destacadas no solo por Cambio sino -además – por otros medios capitalinos, evidencian un desequilibrio entre ingresos y egresos que pone en riesgo la atención a millones de usuarios.
La auditoría también identifica graves irregularidades administrativas que se intensificaron bajo la intervención, como un aumento del 155% en anticipos pendientes por legalizar, de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, y facturas represadas sin auditar por valor de $22,1 billones, de las cuales el 97% corresponden a 2024 y el primer semestre de 2025. La Contraloría advierte sobre falencias en la contratación de prestadores, deficiencias en reservas técnicas subestimadas en $11,1 billones y una concentración de riesgos en solo 36 proveedores que representan el 40% de las obligaciones pendientes. Estos hallazgos, según el informe, reflejan malas decisiones gubernamentales que han distorsionado la realidad financiera y comprometido la liquidez de la EPS (leer ‘La Nueva EPS agoniza: la intervención que convirtió la crisis en catástrofe‘).
Tal como han resaltado tanto medios como varios analistas e -incluso – algunos exministros de Salud, la crisis de la Nueva EPS no es un fenómeno aislado ni reciente, sino que ya venía gestándose desde años anteriores a la intervención, con deudas estructurales derivadas de un modelo de salud insostenible donde los gastos superan los ingresos. Sin embargo, el informe deja claro que durante el gobierno Petro, la situación se ha agravado exponencialmente, con un incremento en quejas y reclamos del 151,6%, de 177.479 en 2022 a 446.520 en el primer semestre de 2025, y un récord de más de 66 mil tutelas solo en 2025. Medios como Semana han enfatizado que esta evolución apunta a una «inviabilidad estructural» que podría llevar al colapso de la entidad a finales de año, afectando el 22% de la población afiliada.
Por lo que se ha podido establecer, el deterioro observado en la Nueva EPS no es un caso único, sino que parece repetirse en otras EPS intervenidas, como parte de una tendencia general en el sistema de salud donde 29 entidades acumulan deudas por $32,9 billones. El Colombiano y otros medios han reportado que solo seis EPS cumplen con condiciones financieras básicas, lo que revive el debate sobre la reforma estructural del sector y -además – sobre el hecho de que las operadoras ya venían en crisis, pero esta se ha agravado durante la actual administración. Para algunos analistas, lo más grave es que este hecho podría no ser casual, sino ex profeso. Hay razones -dicen – para creer que la consigna del Gobierno es acabar las EPS con el fin de presionar la estatización del Sistema de Salud.
Cada vez en mayor número, gremios, expertos y veedores exhortan a los entes de control a una investigación profunda para determinar responsabilidades fiscales, disciplinarias e, incluso, penales, ya que la gravedad de la crisis ha causado varias muertes evitables.
La defensa del Gobierno Nacional
Mientras tanto, el Gobierno, utilizando todas las herramientas a su alcance, defiende la intervención como un esfuerzo por salvar el Sistema y -sobre todo – intenta imponer la narrativa de que los únicos culpables de la crisis de la Nueva EPS son sus directivos, desprendiéndose de cualquier responsabilidad (leer ‘Las redes del gobierno como bodega de Petro: así se movieron 77 cuentas oficiales‘).
El pasado 12 de septiembre, durante una alocución tras conocerse el informe de la Contraloría, el presidente Gustavo Petro manifestó que «han estafado al pueblo colombiano trasladando billones de pesos a un cartel de la contratación detrás de la Nueva EPS, cuyos verdaderos propietarios aún deben descubrirse. Aunque la intervención ha reducido su poder, todavía falta camino por recorrer».
Asimismo, luego de exponer las deudas y afectaciones que arrastra el Sistema de Salud desde la promulgación de la Ley 100, denunció «enorme robo a la salud en Colombia» por decenas de billones de pesos, insinuando que los responsables del mismo son los directivos de la EPS. Según el mandatario, el mayor robo se produjo en 2023, cuando se esfumaron 4,4 billones de pesos.
«Habían ocultado 5 billones de pesos en cerca de 12 millones de facturas sin procesar«, señaló Petro, pero «este gobierno los descubrió al intervenir la Nueva EPS» (leer ‘El presidente Gustavo Petro revela millonario desfalco de la Nueva EPS‘).
.
