
Por Luis Junieles Dorado *
Con el advenimiento de las redes sociales, muchos profesionales del Derecho han encontrado en las plataformas digitales un espacio de proyección de su trabajo y de los logros obtenidos, los cuales son compartidos entre sus seguidores. A través de este medio se hacen públicos no solo sus servicios jurídicos, sino también las experiencias vividas en el marco de las audiencias, convirtiéndolo en un campo pedagógico y, a la vez, en un espacio de actualización jurídica. De igual forma, esta dinámica se transforma en una herramienta de marketing personal que impulsa al abogado, al crear una reputación y una imagen visibles para todos los interesados en el Derecho.

No obstante, en diversas ocasiones esta práctica genera consecuencias delicadas para algunos funcionarios judiciales, en particular por la exposición en redes sociales del juez que preside la audiencia, lo cual implica un riesgo elevado para la seguridad del administrador de justicia, especialmente dentro del contexto actual que atraviesa el país.
Ahora, si bien los jueces, por el cargo que ejercen, son considerados sujetos de carácter público y, en consecuencia, se encuentran sometidos a la crítica derivada del rol que cumplen en la sociedad, este criterio no resulta absoluto. En una oportunidad, la Corte Constitucional definió reglas aplicables a estos casos, al ordenar a un periodista rectificar información difundida en una red social sobre supuestos actos de acoso laboral cometidos por una jueza en contra de sus colaboradores en el municipio de Sesquilé, Cundinamarca.
Cabe señalar que el escrito en cuestión estaba acompañado por una fotografía de la jueza, la cual se había sustraído del perfil de Facebook de la demandante. Ante ello, la Corte Constitucional explicó que el uso de imágenes o videos obtenidos en redes sociales requiere autorización expresa por parte del titular para ser utilizados por terceros. En palabras de la Corte: «(…) el hecho de que haya sido expuesta en la red social de la accionante (demandante), no implica que pueda ser utilizada por un tercero, menos si este uso está ligado a comentarios que atentan contra los derechos fundamentales del titular de la imagen» (Abogados, 2018, párr. 3).
En esa medida, los funcionarios más vulnerables a este tipo de riesgo son los jueces penales, quienes deben realizar a diario audiencias con bandas criminales y organizaciones de alta peligrosidad. En este sentido, la difusión de la identidad y del rostro de quien dirige la audiencia implica un riesgo real para su vida e integridad, lo cual afecta, además, su intimidad y el normal desarrollo de la función judicial.
De igual manera, debería existir un mayor control sobre el sistema público de grabaciones de audiencias perteneciente a la Rama Judicial (Rama Judicial de la República de Colombia, s.f.). Si bien dicho sistema responde al principio de publicidad, expone sin filtros tanto la imagen como la voz del administrador de justicia. En consecuencia, lejos de garantizar la transparencia de la actuación judicial, sitúa al juez en una condición de riesgo, al facilitar la obtención de datos personales.
En este sentido, aunque en virtud del principio de publicidad las audiencias, por regla general, son públicas para las partes involucradas, los medios de comunicación y la comunidad en general -salvo en los casos específicos previstos en la ley – resulta necesario actuar con cautela respecto a su difusión en redes sociales. Máxime cuando se emplean mensajes sensibles que pueden exponer al funcionario judicial, dado que dicha divulgación puede derivar en un riesgo para su seguridad personal.
Referencias:
Abogados. (2018). Ordenan la protección de datos en redes sociales. Abogados.com: https://www.abogados.com.co/articulos/ordenan-la-proteccion-de-datos-en-redes-sociales Rama Judicial de la República de Colombia. (s.f.). Sistema de Consulta y Gestión de grabaciones de audiencias. Rama Judicial: https://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/sistema-de-consulta-y-gestion-de-grabaciones-de-audiencias
* Abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Seguridad Social y Derecho Procesal Penal, magister en Derecho Universidad Externado de Colombia, juez civil municipal de Cartagena de Indias.
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