Por Gabriel Jaime Dávila Gómez *
Una reciente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dentro de la acción popular interpuesta por la procuradora ambiental Sara Esther Pechtalt, ordena el cierre temporal de Cayo Acuario (Rose Cay) por seis meses y cierres trimestrales en Haines Cay para permitir la recuperación ecológica de estos frágiles ecosistemas.
Este fallo sienta un precedente para todo el Caribe: demuestra que el turismo masivo, cuando sobrepasa la capacidad de carga y carece de medidas de manejo efectivas, acelera la degradación de los ecosistemas que lo sustentan.
El Parque Tayrona ha sabido implementar cierres anuales concertados con comunidades indígenas para regenerar playas, manglares y fauna. En contraste, el Parque Nacional Natural -PNN – Corales del Rosario y de San Bernardo -con uno de los sistemas coralinos más importantes del país – no ha adoptado cierres periódicos ni planes sólidos de recuperación biológica, pese a sufrir presiones intensas: sobreocupación, vertimientos, tránsito descontrolado de embarcaciones y deterioro de arrecifes.
Desde el Distrito de Cartagena se han dado pasos importantes, destacando:
- La creación de la Secretaría de Turismo con grandes resultados y un liderazgo destacado.
- Regulación de precios turísticos.
- Regularización de economías informales.
- Protección al consumidor.
- Presencia Institucional.
- Inversión en Infraestructura en playas.
Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿y la protección al ecosistema, en qué vamos? Porque la sostenibilidad turística no se logra solo con orden comercial, sino garantizando la salud de los hábitats que sostienen la actividad.
A esto se suman intervenciones de gran escala como la Fase II del Proyecto de Protección Costera y el Gran Malecón del Mar, obras que indiscutiblemente impulsarán el turismo nacional e internacional. No obstante, su efecto colateral puede ser un incremento de la presión sobre áreas protegidas, particularmente en el PNN Corales del Rosario y de San Bernardo, si no se acompaña de control, regulación y capacidad institucional.
Además de los controles en muelles de la zona insular, debe exigirse el cumplimiento estricto de las restricciones de artefactos náuticos a motor en el área del parque, evitando impactos físicos sobre corales, pastos marinos y especies en riesgo, lo que en este momento nos invita a pensar en:
- Cierres temporales planificados en áreas de alta presión, siguiendo el ejemplo de San Andrés y Parque Tayrona.
- Aplicar y hacer cumplir la capacidad de carga turística y reglamentación de actividades recreativas dentro del marco legal de PNN.
- Fortalecer la coordinación entre Parques Nacionales Naturales, autoridades locales, sector privado y comunidades.
- Infraestructura ambiental efectiva para residuos, aguas residuales y control de vertimientos.
- Participación de comunidades afrodescendientes, raizales, pescadoras e indígenas como guardianas del territorio.
El turismo no es un derecho ilimitado. Los cierres y restricciones no son castigo, sino un respiro vital para la naturaleza.
El PNN Corales del Rosario y de San Bernardo, junto con el Gobierno Nacional, la Dirección Marítima -Dimar, el Distrito y el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, tienen la oportunidad de liderar un modelo donde el desarrollo turístico no signifique destrucción ambiental.
El Ministerio Público mantiene un papel activo en garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, articulando a las autoridades, comunidades y sector privado. Este compromiso debe materializarse en acciones concretas: cierres temporales donde se requieran, sanciones efectivas ante incumplimientos, seguimiento riguroso a las obras que incrementen la presión turística y verificación continua de la capacidad de carga de los ecosistemas. La defensa de nuestros parques y comunidades debe sentirse en el territorio.
El futuro del Caribe depende de que se actúe ahora con visión, compromiso y voluntad política.
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* Ingeniero, especialista en Contratación Estatal y en Planeación Estratégica y Prospectiva. Asesor del Despacho del Procurador General; coordinador de Asuntos Preventivos en la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena
Nota del editor: la opiniones expresadas en esta columna por su autor no comprometen a la entidad en la cual presta sus servicios profesionales.
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