
Por Carlos Ardila González *
El decreto expedido por el presidente Gustavo Petro Urrego, mediante el cual convoca una consulta popular sobre la reforma laboral a pesar del rechazo del Senado el pasado 14 de mayo, ha generado una intensa polémica jurídica en Colombia.
La decisión del mandatario, la cual fue calificada por diversos analistas, académicos, dirigentes gremiales y líderes políticos de variopintas ideologías como un claro desafío a la separación de poderes por pasar por alto la negativa del Congreso, ha desatado un debate entre juristas como Humberto Sierra Porto, Rodrigo Uprimny Yepes y Eduardo Montealegre Lynett, entre otros.
Sus posturas, publicadas en diferentes medios de comunicación, y replicadas masivamente por las redes sociales, reflejan visiones encontradas sobre la constitucionalidad de la medida y sus implicaciones para la democracia.

Humberto Sierra, expresidente de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó en una entrevista con Semana su preocupación por el ‘decretazo’ de Petro. El abogado cartagenero, quien en el ámbito academico es considerado un referente en materia de Derecho Constitucional, y a quien se le recuerda por haber sido el ponente de la sentencia que tumbó la segunda reelección de Álvaro Uribe, conceptuó que la medida va en contra del Estado Social de Derecho y representa un riesgo de erosión democrática, comparándolo con procesos que han debilitado las instituciones en países como Venezuela. «No le podemos dejar la política a las personas que no la utilizan adecuadamente», afirmó, instando a la academia y a la comunidad jurídica a no ser indiferentes ante esta realidad política (leer ‘Petro consuma el ‘decretazo’ de su consulta popular: “No nos puede pasar lo de Venezuela”, advierte expresidente de la Corte Constitucional‘).

Otro destacado constitucionalista: Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales dedicado al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los Derechos Humanos en Colombia y en el Sur Global, catalogó el decreto del presidente como «inconstitucional, inconveniente e innecesario«. De acuerdo con Uprimmy, quien es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la acción presidencial vulnera la separación de poderes al ignorar la decisión del Senado. En su concepto, de prosperar, la medida implicaría un peligroso precedente que erosionaría gravemente el Estado Social de Derecho, por cuanto abriría las puertas a un autoritarismo plebiscitario. Y es además -dijo – una decisión que enrarece aún más el ambiente político, en un momento de crispación y polarización extremas (leer ‘Las “íes” del “decretazo”: inconstitucional, inconveniente e innecesario‘).

Por su parte, Eduardo Montealegre, exfiscal y exviceprocurador general, y actual ministro designado de Justicia, defiende a capa y espada la legalidad del decreto presidencial, argumentando que la votación del Senado incurrió en «vicios de inconstitucionalidad insubsanables« que la invalidan. Así, con base en tal consideración, Montealegre sostiene que una «excepción de inconstitucionalidad» le permite a Gustavo Petro, sin problemas, convocar la consulta popular de manera directa, sin acudir al Congreso. Y, asimismo, considera que «el control de este decreto no será por el Consejo de Estado», sino «de la Corte Constitucional después de realizada la consulta». El pasado 1 de junio, cuatro días antes de que el presidente le ofreciera el cargo de ministro de Justicia, Montealegre publicó una columna de opinión afirmando que «ante el bloqueo institucional del Senado, proyectado en actos inconstitucionales, no queda otra salida que ‘El Decretazo'» (leer ‘El presidente Petro puede convocar por decreto la consulta popular‘).
Así, como diversos analistas coinciden en manifestar, este debate jurídico plantea serias preguntas sobre el equilibrio de poderes en Colombia y las graves consecuencias que su ruptura podría acarrear a la democracia colombiana.
Mientras Eduardo Montealegre defiende la constitucionalidad del decreto de Petro y, por el contrario, acusa al Congreso de haber violado la Ley y la Constitución, Rodrigo Uprimny y Sierra Porto alertan sobre el peligro de fracturar las instituciones y, con ello, debilitar la democracia, abriendo las puertas, peligrosamente, a un régimen autoritario.
* Director de Revista Metro
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