Por Juan Carlos Cabarcas Muñiz *
Aprendí en segundo año de Derecho; repito: ¡en segundo año de Derecho!; qué era el control difuso de constitucionalidad. ¡Nunca me he olvidado de eso! Y en mi vida profesional lo he visto aplicar poquísimas veces. Yo lo he pedido -pluralmente – a jueces aplicarlo. Y no lo hacen. ¡Les da miedo! Temen prevaricar y que los metan presos.
Y hasta dicen: «…eso debe explicarse muy bien para decir que no aplica una norma porque la considera contraria a la constitución (…)»; hay que hacer -dicen – «un discurso de mucha factura intelectual».
Esto último es el primer requisito para hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad por parte de un juez; repito: ¡de un juez!; no de un funcionario cualquiera, así sea un ministro o el primer mandatario de un país.
Tal vez por ello el decreto al que llaman ‘decretazo’ tiene treinta y tantas hojas, tratando de explicar lo inexplicable…
¿Usted había visto, en su vida, un decreto más extenso?
Me sentí leyendo una sentencia, y no un decreto. Casi una encíclica.
En el ejercicio profesional aprendí que cuando el error es palmario, ostensible, no se necesitan tantos folios para demostrarlo. Si se requiere mucha escritura y tinta es porque el error que se aduce no existe.
El control difuso es difuso porque se difunde entre todos los jueces: o dicho de otra manera, y mejor: entre el tribunal constitucional – entre nosotros Corte Constitucional – y el resto de jueces.
Generalmente hay un tribunal constitucional que es el centinela o guardián de la Constitución -enseñanza de Hans Kelsen – y se permite -control difuso – que el resto de jueces singulares o plurales también ejerzan control constitucional excepcional, sin hacer parte del tribunal constitucional propiamente dicho.
Por ello, y por otras razones, siempre he dicho que todos los jueces son constitucionales, y esto porque se ha vuelto costumbre llamar jueces constitucionales solamente a aquellos que estudian las acciones de tutela.
Esto del control difuso y, consecuencialmente, la excepción de inconstitucionalidad, es un concepto elementalísimo entre los abogados. Repito: ¡saberlo es elemental!; no saberlo es desastroso y vergonzante.
Por ello digo que Gustavo es un hombre indefenso. Le bastaba con saber esa elementalidad del Derecho, para defenderse de la maldad de Montealegre…en adelante Eduardo.
Leí un artículo del doctor Rodrigo Uprimny donde hace trizas la maldad de Eduardo… porque lo que este señor está haciendo con Gustavo y con el país es una maldad; usar su prestigio y conocimiento para determinar al delito al Gobierno es una maldad que ni el indefenso Gustavo ni el país merecen.
Y si leen y escuchan al profesor Mauricio Gaona se darán cuenta cuán indefenso es Gustavo y cuánta maldad hay en abusar de un hombre indefenso y aprovecharse de su investidura para una vitrina y unos pesos que no necesita Eduardo, quien renunció a la Corte Constitucional en el 2004 porque el salario no le servía, y además dijo que se iba a dedicar a la academia. Repito: ¡a la academia! Una verdadera maldad. Lo peor de un ser humano es aprovecharse de la ignorancia de otro.
Diría mi difunto padre: ¡Eso no se le hace a una persona! Y agrego yo: menos al presidente de la Republica y el pleno de sus ministros. Estos últimos – pienso yo – firmaron el dislate jurídico, algunos por el mínimo vital, otros por la subordinación, otros por miedo, otros por la misma indefensión de Gustavo, otros por la misma sabiduría de Eduardo, y otros…vaya yo a saber…
Alcanzó a decir Miguel –hoy en UCI – que ministro que firmara…él lo denunciaba por prevaricato… Y Gustavo replicó: «el que no firme lo renuncio»; y, ellos oyeron a ambos y firmaron el dislate. El tiempo actuará de juez.
Eduardo me hace recordar a Yago, quien atizó al pobre Otelo de manera tal que lo hizo matar a su hermosa esposa Desdémona… solo con mentiras. William Shakespeare -se sabe – cuenta esa historia mejor que yo. Lo curioso es que lo hizo en el 1622…cuatrocientos y tantos años antes de nuestros días, y hoy ese cobra vigencia aprovecharse y usar la mentira y la indefensión para poner a unos hombres a matar -perdón, intentar matar – la juridicidad y la institucionalidad de una nación civilista y republicana como es Colombia.
Me pregunto: ¿cuántos Yagos tiene el pobre e indefenso Gustavo?
Lo mas triste de todo esto es que estamos escribiendo un pedazo de historia que no vamos a tener tiempo de contar como hizo Gabo. Les toca contarla a nuestros hijos y nietos. Vivir para contarla.
* Abogado; especialista en Ciencia Penales y Criminológicas; magister en Derecho Penal y en Derecho; profesor universitario; abogado litigante.
.
