
Por Blas Thorrens Mendoza *
Con la Constitución de 1991, la República de Colombia incorpora elementos importantes para el desarrollo de los territorios apartados y abandonados; la apuesta de la Constituyente fue la descentralización, la autonomía de las regiones y el Estado Social de Derechos. Estos pilares, más la participación ciudadana como símbolo de la democracia para la paz y el desarrollo social, al otorgarles a los ciudadanos el poder constituyente primario de presentar iniciativas populares, revocar mandatos y refrendar proyectos legislativos o constitucionales de reformas a través de plebiscitos, referendos y consultas populares, facilitaron el tránsito de una Constitución centralista y religiosa a una más abierta, liberal y descentralizada.

No obstante, el desarrollo legal de la Constitución y la tutela como mecanismo de protección a la violación de los derechos fundamentales ha sido insuficiente; falta mucho más para desarrollar una política pública de formación y certificación a las bases comunales en mecanismos de participación ciudadana como eje esencial, para empoderar y llevar desarrollo a las calles y que resuelvan las necesidades primarias en materia de educación, salud e infraestructura, así como de agua y alcantarillado, acorde con las normas ambientales de sostenibilidad y equidad.
Igualmente, en los Planes de Desarrollo locales, departamentales y nacionales se deben contemplar garantías para que los ciudadanos puedan contar con las herramientas necesarias para la formulación y gestión de proyectos que beneficien a las comunidades organizadas, así como para la contratación pública de planes, proyectos y programas de menor cuantía, lo que en Cartagena de Indias equivale a 280 salarios mínimos legales mensuales, mediante Asociaciones Público-Privadas reglamentadas, según Decreto 874 del 2024.
Por consiguiente, podría decirse que se cuenta con la debida normatividad constitucional y legal, con los planes de desarrollo, con los presupuestos para inversión social, con los dignatarios comunales elegidos y con las necesidades apremiantes de las comunidades; pero, necesariamente, no se cuenta con muchos líderes sociales que posean las habilidades técnicas y gerenciales requeridas para formular y gestionar proyectos innovadores en temas de cultura, eficiencia energética, infraestructura social, vías terciarias y caminos vecinales, vivienda rural y gestión comunitaria del agua, entre otros.
He aquí, entonces, que se debe recurrir a las Alcaldías Locales y al Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y el Caribe -Idaccc, los cuales cuentan con presupuestos propios para impulsar el desarrollo en las comunidades y convertirlas en un motor que produzca el gran salto social requerido para la incubación de empresas comunitarias de la economía popular, digital y circular.
Cabe resaltar que -así – el desarrollo comunitario podría tocar las puertas de comunidades con altos índices de deserción escolar, violencia intrafamiliar, desempleo y drogadicción, generando los grandes cambios culturales y sociales que la innovación social y el emprendimiento comunal permiten potenciar en el territorio.
¡La educación que no sirve para pensar, tampoco sirve para innovar!
* Economista de Innovación, especialista en Gerencia de Calidad y en Relaciones Humanas; con estudios de Derecho durante cuatro años; profesor universitario.
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