
La Alcaldía de Cartagena intensificó sus acciones para proteger los derechos de los habitantes del barrio Crespo frente a las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, tras denuncias de la comunidad por posibles afectaciones sociales, civiles y medioambientales.
El pasado sábado, el alcalde Dumek Turbay Paz se reunió con los voceros de la comunidad de Crespo y asumió el compromiso de revisar las irregularidades reportadas y, como primera medida, el lunes 29 de abril, la Inspección de Policía de la correspondiente Unidad Comunera de Gobierno, con el respaldo de la Dirección de Control Urbano, la Secretaría del Interior y la Gerencia de Espacio Público del Distrito, suspendió una de las obras relativas a dicha ampliación, tras constatar que la Operadora Internacional Aeropuesto de Cartagena – OINAC – no presentó los debidos permisos (leer ‘Por falta de permisos, el Distrito de Cartagena suspende obras de ampliación del aeropuerto Rafael Núñez‘).
Como se sabe, el malestar de los vecinos de Crespo se centra -entre otros aspectos – en la declaratoria de predios privados como de utilidad pública para su expropiación, un proceso que consideran amenaza su derecho a la propiedad y la planificación urbana de Cartagena.
En respuesta a tal inquietud y en cumplimiento de su compromiso, el mandatario de los cartageneros le solicitó el mismo 29 de abril al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI – Óscar Torres Yarzagaray, al director de la Aeronáutica Civil José Henry Pinto Rodríguez y al gerente de la OINAC Carlos Cuartas Quinceno, una «copia del expediente correspondiente a la declaratoria de utilidad pública decretada mediante Resolución No. 20232000003805 del 31 de marzo de 2023 ‘Por la cual se declara de utilidad pública e interés social el Proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada Aeropuerto de Cartagena’, con todos sus anexos«.
Y ello, como declaró Turbay Paz, «con el fin de revisar la actuación y decidir sobre el medio de control (acciones judiciales) que se adelantarán para defender nuestra autonomía territorial y nuestro ordenamiento del territorio; el cual, al parecer, se está viendo vulnerado debido a una ampliación que desconoce la planificación de nuestra ciudad y los usos del suelo, y que no garantiza la armonía de nuestro territorio; y eso sin mencionar el estrés que han generado en todo un barrio».
De acuerdo con analistas, la situación planteada ha generado un debate en Cartagena sobre el equilibrio entre el desarrollo de infraestructura y la protección de los derechos ciudadanos.
Concretamente, mientras el Distrito aguarda la respuesta de las autoridades nacionales y el operador del aeropuerto Rafael Núñez, los dignatarios de la Junta de Acción Comunal y otros voceros de la comunidad de Crespo permanecen atentos a las decisiones que se tomen; e igual ocurre con los gremios empresariales de la ciudad, poniendo en evidencia las tensiones en torno de la ampliación del aeropuerto, la cual, por un lado, busca aumentar la capacidad de la terminal aérea de 7.2 a 8.5 millones de pasajeros anuales, y por el otro lado causa -como se ha dicho – diversas afectaciones a los residentes en Crespo y los barrios aledaños.
Ante este hecho, de acuerdo con fuentes de la Alcaldía de Cartagena, el alcalde ha reiterado su compromiso con la legalidad y la armonía territorial, asegurando que no permitirá que las obras vulneren el ordenamiento urbano ni los derechos de los cartageneros.
.








