Por Enrique del Río González *
En las sociedades contemporáneas, el dolor y la indignación ante los crímenes que afectan a los más vulnerables, en especial a los menores, generan una demanda inmediata de acción por parte del sistema judicial y del Estado. Es natural que, frente a tales atrocidades, la población exija respuestas rápidas y contundentes. Sin embargo, la emoción colectiva, aunque legítima, puede convertirse en un terreno peligroso cuando se transforma en el motor de decisiones legislativas que afectan el funcionamiento de la justicia.
La tentación de proponer leyes más severas, sin un análisis profundo de sus implicaciones, es un fenómeno cada vez más común, y suele tener efectos contraproducentes, pues puede conducir a decisiones legislativas que, paradójicamente, dificultan la efectiva administración de justicia y la protección de nuestros niños.
La reciente oposición de más de 120 congresistas a morigerar el tratamiento procesal en delitos contra menores refleja cómo el populismo punitivo puede nublar el juicio legislativo. Si bien la intención de proteger a nuestros niños es loable, la eliminación total de beneficios por allanamientos y preacuerdos está generando impunidad.
La realidad es que, sin estos mecanismos procesales, los acusados optan por prolongar los juicios hasta sus últimas consecuencias, apostando al desgaste probatorio o al vencimiento de términos. La justicia premial, lejos de ser un premio al delincuente, es una herramienta que permite descongestionar los despachos judiciales y asegurar condenas efectivas. Su eliminación no solo sobrecarga el sistema, sino que favorece a quienes, a sabiendas de su responsabilidad, prefieren apostar a las dilaciones procesales que eventualmente pueden llevar a su absolución por tecnicismos.
No se trata de ser ‘blandos’ con los criminales, sino inteligentes en la persecución del delito. Los mecanismos de justicia premial, cuando están bien diseñados y aplicados, sirven de instrumentos efectivos para desarticular redes criminales, obtener confesiones y, sobre todo, evitar la revictimización en largos procesos judiciales. La experiencia demuestra que un sistema que no ofrece ningún incentivo para la colaboración eficaz termina perpetuando ciclos de violencia y criminalidad.
La justicia no puede construirse desde la emoción sino desde la razón. Una justicia efectiva requiere más que gestos mediáticos; lo que necesitamos es un sistema que facilite la pronta resolución de los procesos, pues la verdadera protección de los menores no está en leyes que suenan severas pero resultan ineficaces, sino en un sistema judicial que pueda procesar y condenar efectivamente a los responsables.
Nuestra niñez merece un debate serio, basado en evidencias y no en reacciones viscerales, de lo contrario seguiremos construyendo una justicia de papel, que aparenta dureza pero que en la práctica deja a nuestros niños más vulnerables que nunca.
* Abogado, doctor en Derecho, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas; especialista en Derecho Probatorio. Magister en Derecho. Profesor Universitario de pregrado y postgrado. Doctrinante.
