
Por Adriana Caraballo Gómez *
La Constitución Política de 1991 marcó un hito en la historia de Colombia al establecer un marco normativo que promueve la dignidad humana, el desarrollo sostenible y el bienestar de todos los ciudadanos. Este nuevo enfoque también se refleja en la manera en que concebimos la infraestructura y el urbanismo en nuestras ciudades.

Hoy, más que nunca, es crucial que estas herramientas se utilicen para crear entornos que prioricen a las personas, fomentando la equidad y la calidad de vida. Así mismo, establece principios fundamentales que deben guiar el desarrollo urbano. En su Artículo 1, se reconoce que Colombia es un Estado Social de Derecho, lo que implica que las políticas públicas deben garantizar el bienestar y los derechos de todos los ciudadanos. Esto se traduce en la necesidad de construir infraestructuras que no solo faciliten el desplazamiento, sino que también ofrezcan acceso equitativo a servicios básicos, educación y salud.
Uno de los principios rectores es la participación ciudadana. La Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a intervenir en la gestión pública y en la toma de decisiones que afectan su entorno. Este enfoque participativo es esencial para un urbanismo que responda a las necesidades reales de las comunidades, creando espacios que reflejen sus aspiraciones y no solo las de los planificadores.
La infraestructura en las ciudades colombianas, desde el transporte público hasta los espacios públicos, debe ser diseñada con un enfoque humano. A menudo, las políticas urbanas han estado centradas en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura que priorizan la movilidad vehicular. Sin embargo, esta visión ha contribuido a la congestión, la contaminación y la exclusión social.
La creación de espacios públicos accesibles y amigables es otro aspecto crucial en la construcción de ciudades para las personas. La Constitución resalta la importancia del bienestar colectivo y la dignidad, lo que debe reflejarse en el diseño urbano. Los parques, plazas y áreas recreativas no solo son esenciales para la salud física y mental, sino que también fomentan la interacción social y el sentido de comunidad.
En ciudades como Medellín el uso de la infraestructura para la inclusión ha sido ejemplar. Proyectos como las escaleras eléctricas en las laderas han transformado comunidades, mejorando el acceso a servicios y fomentando la cohesión social. Este tipo de iniciativas no solo atienden la necesidad de movilidad, sino que también integran a sectores marginados en el tejido urbano.
La sostenibilidad es otro principio fundamental establecido en la Constitución, que debe estar presente en la planificación urbana. A medida que enfrentamos desafíos como el cambio climático, es crucial que las ciudades se adapten y sean resilientes. Esto implica invertir en infraestructura verde, promover la eficiencia energética y crear espacios que mitiguen los efectos del calentamiento global.
La reforestación urbana, la implementación de techos verdes y sistemas de gestión de agua pluvial son ejemplos de cómo la infraestructura puede contribuir a un entorno urbano más saludable y sostenible. La Ley 99 de 1993, que establece el Sistema Nacional Ambiental, complementa este enfoque al promover un desarrollo urbano que respete los ecosistemas y la biodiversidad.
La participación ciudadana es esencial para asegurar que la infraestructura y el urbanismo respondan a las necesidades de la población. La Constitución establece que la comunidad tiene voz en la planificación y ejecución de proyectos. Sin embargo, muchas veces este derecho se ve limitado por la falta de información o la exclusión de sectores vulnerables.
Para que la planificación urbana sea realmente efectiva es necesario implementar mecanismos que faciliten la participación activa de los ciudadanos. Talleres, foros comunitarios y encuestas pueden ser herramientas valiosas para recoger opiniones y sugerencias. La inclusión de voces diversas en el proceso de toma de decisiones no solo enriquecerá el resultado final, sino que también fomentará un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida.
En la Constitución Política de 1991 se sentaron las bases para un país más justo y equitativo, y este principio debe reflejarse en cómo construimos nuestras ciudades. La infraestructura y el urbanismo deben centrarse en las personas, promoviendo la inclusión, la sostenibilidad y la participación ciudadana. Solo así podremos crear entornos urbanos que no solo sean funcionales, sino que también enriquezcan la vida de todos sus habitantes.
Al adoptar un enfoque que priorice el bienestar humano, estaremos avanzando hacia un futuro más equitativo y resiliente, donde las ciudades sean verdaderos espacios de convivencia y desarrollo para todos.
* Estudiante de Derecho, adscrita a los semilleros de investigación SIFAD de la Corporación Universitaria Rafael Núñez -CURN – semillero JOINES de la Universidad de Cartagena; y columnista.
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