
Por Carlos Ardila González *
En marzo de 2023, al conocer que Judith Pinedo Flórez y cuatro personas más habían por fin recuperado su libertad tras haber establecido la Corte Suprema de Justicia que la venta de un lote al Hotel Dann -antiguo Hotel Las Velas – fue absolutamente legal, ya que se trataba de un bien baldío y no una franja de playa, como equivocadamente habían conceptuado los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, asumimos que el Distrito y el Concejo estaban ante una oportunidad inmejorable.

La razón: porque, como consecuencia del fallo de la Alta Corte, todos los lotes con iguales características que las del Hotel Dann (como el que ocupan las famosas Cabañas del Hotel Caribe), deben ser vendidos por el Distrito a los particulares que hoy los ocupan (leer ‘Sentencia de la Corte Suprema en caso de Judith Pinedo, una oportunidad inmejorable‘).
Y hoy, cuando el alcalde de Cartagena Dumek Turbay Paz decidió retirar los Proyectos de Acuerdo No. 043 de 2024, por el cual se buscaba conceder facultades al Ejecutivo para modificar la estructura de la Administración Distrital en los niveles central y descentralizado, y No. 044 de 2024, mediante el cual se pretendía autorizar al mandatario para crear la sociedad pública ‘Empresa Logística y de Obras Públicas –ELOP – de Cartagena’, vuelve a presentarse al Distrito y al Cabildo otra imperdible ‘ventana de oportunidad‘.
En el caso de la ELOP, teniendo en cuenta el objeto social propuesto (ejecutar y administrar proyectos tales como el mantenimiento del Corredor de Carga; el diseño de las obras del Plan Maestro de Drenajes Pluviales; el mantenimiento de los caños y canales; la limpieza y embellecimiento parques y otros espacios públicos, entre otros), el retiro de la iniciativa permitirá establecer la prestación de otros servicios específicos, como la vigilancia y el aseo de las instituciones educativas, con lo cual se solucionaría el problema recurrente, todos los inicios de año, de la carencia de estos servicios por falta de contratos. En la actual administración este problema se solucionó mediante el expediente de las vigencias futuras, pero esta no es una solución definitiva.
Y como la administración de maquinarias amarillas para obras menores en materia de intervención y embellecimiento del mobiliario urbano y de refacción de la malla víal y otras obras de infraestructura; así como la prestación de los servicios especiales de barrido, recolección y transporte de desechos sólidos, tal como en su momento tuvieron a su cargo, con recordado éxito, las extintas Empresas Públicas Municipales.
Y como la gestión de los activos públicos del Distrito: una versión local de la Central de Inversiones S.A. –CISA-, adscrita al Ministerio de Hacienda, cuyo objeto es comprar, comercializar y administrar todo tipo de inmuebles pertenecientes a las entidades públicas de cualquier orden. Cartagena, como se sabe, posee innumerables propiedades, tanto en su área urbana como rural, muchas de las cuales son explotadas por privados. Y ello, por la obligación que tiene el Distrito de adelantar acciones administrativas para recuperar los lotes de su propiedad, debe mover a pensar en la creación de un ente responsable de la administración de los bienes inmuebles distritales.
Pero, sobre todo, creemos que el retiro de las dos iniciativas propicia una oportunidad inmejorable para analizar las inquietudes expresadas por veedurías ciudadanas como Funcicar; analistas como Agustín Leal Jerez y las bancadas del Concejo declaradas en oposición o independencia, como la del Pacto Histórico y la del Partido Alianza Verde. Para estudiar la viabilidad de las sugerencias y propuestas realizadas por voceros de la comunidad durante las correspondientes audiencias públicas. Y para realizar un gran debate público, incluyente, participativo, que permita conocer exactamente qué sugieren los grupos de interés de cara al establecimiento de cuál, según cada uno de ellos, debe ser la principal vocación de la ciudad y, en consecuencia, qué tipo de Gobierno Distrital proponen. Y, así, con más socialización y consenso, que vuelvan a presentarse en la próxima anualidad.
Un gran debate que, además, permita establecer qué tipo de estructura administrativa debe poseer el Distrito, y si este debe contar o no con unos organismos, adscritos a la misma, capaces de cumplir a cabalidad, y sin solución de continuidad, los fines esenciales del Estado.
Queremos creer que existe consenso sobre la necesidad de modernizar la Administración del Distrito de Cartagena, así como sobre la conveniencia de contar con un ente público o mixto que técnica, jurídica, financiera y administrativamente puedan ejecutar de manera eficaz, eficiente y efectiva obras requeridas con urgencia, y realizarles el debido mantenimiento; y prestar de forma oportuna y continua servicios esenciales. No creemos que, de forma sincera, haya quienes pretendan que el Ejecutivo Distrital prosiga con la parsimonia que caracterizó pasadas administraciones.
Así, toca ahora, respetando los derechos adquiridos por los actuales empleados del Distrito, y atendiendo los principios de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, el pluralismo, la subsidiariedad, la eficiencia, la eficacia, la equidad y el acceso a los servicios, que el Ejecutivo reabra el debate sobre el tema presentando otra vez al Concejo las dos iniciativas.
PS: Para el análisis (¡para el recuerdo!): Nicolás Curi Vergara (q.e.p.d.), durante su tercer mandato, presentó un Proyecto de Acuerdo: el No. 141 de 2006, «por medio del cual se otorgan facultades al señor alcalde (…) para la creación de la sociedad anónima de economía mixta de carácter estatal, Multiservicios del Caribe S.A.« De haber sido aprobada dicha iniciativa, esta empresa, con un socio operador con experiencia, conocimientos y respaldo tecnológico, habría desarrollado actividades como manejo de base de datos y de sistemas de información; y atención al público, facturación, recaudo, cobro y recuperación de cartera.
* Director de Revista Metro









