
Por Horacio Cárcamo Álvarez *
Desde hace mucho tiempo, incluso desde la época del teniente coronel Hugo Chávez, Venezuela había abandonado las reglas de la democracia. Chávez, quien irrumpió en el mundo de la política con un frustrado golpe de estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, fue encarcelado y posteriormente amnistiado por el presidente Rafael Caldera. Apenas unos años después, derrotó a los partidos políticos tradicionales, Acción Democrática y Copei, a los que pertenecían el presidente que pretendió derrocar y el presidente que lo liberó de la cárcel de Yare.

La dirigencia de los partidos tradicionales y las oligarquías que surgieron tras la caída del régimen militar de Marcos Pérez Jiménez continuaron, gracias a la transición democrática, con la administración de la primera bonanza petrolera, que convirtió al vecino país en la Arabia Saudí de América.
Este período no solo inició un proceso asombroso de transformación urbanística sino también una concentración de riqueza y la configuración de una clase media con cierta capacidad de consumo. Sin embargo, a pesar de tanto boato, no se resolvieron problemas estructurales como la pobreza, la exclusión social y la corrupción. Estos problemas fueron capitalizados posteriormente por Chávez en el contexto de la crisis provocada por la caída de los precios del petróleo durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez. La crisis llevó a este a implementar severos ajustes económicos, empobreciendo a la clase media y agravando aún más la situación de los pobres y excluidos.
El pueblo, oprimido y hastiado de la corrupción, terminó por elegir al militar golpista que, en sus recorridos por el país y sus barriadas pobres, se comprometía con un cambio y con acabar con la corrupción de los partidos tradicionales y sus oligarquías. Más tarde, como presidente, se refería a ellos como los «escuálidos».
Los excluidos e ignorados finalmente conocieron las mieles de la riqueza petrolera durante el mandato de Chávez: en su era, el barril de petróleo pasó de costar 10 dólares a 100, lo que permitió implementar las llamadas Misiones Barrio Adentro de salud, educación, vivienda y trabajo, entre otras. Los «escuálidos» nunca entendieron el momento histórico y, en lugar de ayudar a resolver sus propios errores, radicalizaron ‘la Revolución Bolivariana’, para la cual las reglas de la democracia -la división tripartita del poder y las garantías a la oposición – fueron consideradas como un estorbo en la materialización del proyecto político.
Pero a la ‘Revolución Bolivariana’ se le muere su carismático líder e ideólogo y se le agotan las jugosas regalías petroleras que la sustentaban. Con una economía devastada, sucedió lo inevitable: naufragó. Luego, los herederos, Maduro y su cuadrilla, fueron por lo que quedaba del naufragio, apelando sin ruborizarse a la fuerza para mantenerse en el poder. Hoy son los responsables de la diáspora más grande que se conoce en América: más de siete millones de venezolanos, el 25% de la población, han tenido que abandonar su país huyendo del hambre y de la tiranía, que cada vez más recurre al manejo autoritario de los poderes del Estado, incluyendo la violencia y el fraude para mantener el orden político y social.
La intimidación y la violencia son los únicos recursos que le quedaron a Maduro para alzarse con el triunfo en las pasadas elecciones del mes de julio. Hasta hoy, el Consejo Nacional Electoral se ha negado a finalizar el proceso eleccionario que, de acuerdo con la misión del Centro Carter, autorizada como veedora, concluyó que las «elecciones no podían considerarse democráticas». Para legitimarlas, el gobierno de la dictadura acudió a otra de sus instituciones cooptadas: el Tribunal Supremo de Justicia.
La crisis no muestra señales de resolución. Al borde de esta situación no se vislumbra una salida, y una propuesta de transición pacífica parece inviable, en principio, porque Maduro y su círculo cercano no la aceptarían. Esto solo sería posible si se produjera un colapso y si las fuerzas armadas bolivarianas, altamente comprometidas con el narcotráfico y la violación de derechos humanos, no tuvieran poder real. La cercanía a estos crímenes los hace conscientes de que una retirada, incluso con amnistía, no les garantiza evitar la Corte de Roma ni a la justicia internacional que es competente para perseguir delitos contra la humanidad amparada en el principio extraterritorial de jurisdicción universal.
Como en el proverbio hindú, les toca cabalgar sobre el tigre, porque si se apean serán devorados.
* Abogado, con especialización en Gestión de Entidades Territoriales y en Desarrollo Social; exdirector Territorial para Bolívar del Ministerio del Trabajo. Doctrinante.
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