Por Juan Correa Reyes *
El debate sobre el Poder y la Crisis en Cartagena se ha convertido en cotidiano, pero en discusiones privadas donde se afirma que todos somos culpables. Particularmente, en conversaciones sostenidas con algunos colegas y compañeros de la Universidad de Cartagena, creemos que la responsabilidad no es general sino que obedece a unas causas de índole político y económico.
El origen del esplendor de La Fantástica podría atribuirse a las ejecutorias de modernización de dos gobiernos distritales: el de Gabriel Antonio García Romero (1992-1994) y el de Carlos Alberto Díaz Redondo (2001-2003). Estos gobiernos tuvieron como elementos comunes el liderazgo del alcalde por concertar las reformas con el establecimiento, un equipo gerencial con una permanente formación en gestión pública y orientado a cumplir el correspondiente Plan de Desarrollo, y un manejo concertado de la gestión financiera y las reformas administrativas con el Concejo Distrital. [1]
Cuando se comparan esas buenas prácticas con la gestión del actual alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, se evidencian claras diferencias: este ha sido un mandatario obsesionado por comunicarse a través de las redes sociales para “combatir la corrupción”, un equipo gerencial inestable, conformado en su mayoría por profesionales foráneos que no han demostrado empatía con la ciudad y en un constante e improvisado aprendizaje, y unas relaciones orientadas a neutralizar y deslegitimar al Concejo Distrital como coadministrador de la ciudad.
El resultado de esta experiencia ha sido: Dau Chamat ha neutralizado al Concejo en la obtención de prebendas distintas a las que mantiene históricamente (el control del Concejo Distrital y la influencia en la gestión de la Contraloría y Personería Distrital); al menos a la mayoría de los concejales. Por otra parte, la respuesta de la corporación edilicia ha sido aprobar todos los proyectos de acuerdo de obligatoria presentación del alcalde (Plan de Desarrollo, Presupuestos, Incorporaciones presupuestales , entre otros), pero negando aquellos que promueven los cambios que anuncia el alcalde (la reforma Administrativa es un claro ejemplo) y realizando un permanente control político al equipo de gobierno para demostrar públicamente los casos de improvisación, corrupción e incompetencia en que presuntamente han incurrido, así como la deficiente ejecución de los recursos de inversión, que ha sido una característica de los tres años de gobierno.
Estos debates, que cada uno de los contrincantes presenta a su manera a través de las redes sociales, ha sido un verdadero desgaste donde no hay vencedores ni vencidos. O, mejor, sí: la ciudad y sus habitantes han sido los grandes perdedores, principalmente los sectores pobres históricos y los empobrecidos por la pandemia del Covid-19.
Ante este vacío de poder, regresemos al título: ¿quién manda en Cartagena de Indias?
La única respuesta posible es: los grupos invisibles. Esta permanente crisis política ha disminuido la capacidad de regulación y autoridad del Gobierno Distrital y, por el contrario, ha empoderado a las fuerzas de poder tradicionales y emergentes.
Cartagena de Indias, como cualquier ciudad del país o del mundo, es gobernada por los sectores propietarios de los negocios más importantes y de los terrenos e inmuebles más valiosos.
El ejercicio de esta práctica de poder invisible consiste en expresarse públicamente solo a través de representantes que siguen instrucciones acordes a sus intereses económicos, como es el caso de los gerentes de empresas, representantes gremiales o representantes de asociaciones que se muestran ante la ciudad como si fueran los “dueños de las empresas o negocios”. Tienen el permanente registro y exposición ante medios y mantienen un discurso que recicla la promesa permanente del progreso, pero que parece fundamentarse en propuestas no ejecutadas desde hace 20 o 30 años, lo cual contribuye a la promoción de un pragmatismo que equivale a que la ciudad no necesite avanzar sino simplemente ejecutar lo que esta propuesto, como si los escenarios del entorno nacional o global no hubieran cambiado.
Esto ocasiona que los seminarios de futuro y las propuestas a los nuevos gobiernos sean un reciclaje de documentos anteriores, que ni siquiera se ajustan a los cambios recientes. [2]
Sin proponérselo, el alcalde Dau y los actuales concejales le han cedido el poder que les otorgaron los ciudadanos en las urnas a los grupos de interés que tienen presencia en la ciudad, pero cuyas decisiones económicas se toman por fuera de ella, principalmente en lo referente al establecimiento económico.
Estos grupos de interés tienen dos naturalezas: una formal y otra informal. Aunque el crecimiento de la informalidad económica en la ciudad por la inequidad existente (desigualdad institucionalizada por la estratificación) se ha definido como una prioridad, la competitividad de la ciudad se fundamenta en los negocios de los siguientes grupos formales, como son:
1.- Sector Petroquímico e Industrial: el principal protagonista es Ecopetrol, la Refinería de Cartagena y asociadas, que son la primera y tercera empresas más grandes del país en ventas, donde el poder decisorio reside en Bogotá. Otro protagonista importante es el Grupo Argos y asociadas, que es la empresa con mejor reputación corporativa en el país, cuyo poder decisional reside en Medellín. Otras industrias importantes son filiales de multinacionales noruegas, mexicanas o de compañías nacionales con sede en Bogotá. Aquí se viene a producir (con sus externalidades), pero los impuestos se tributan en Bogotá, principalmente.
2.- Sector Portuario y Logístico: el principal protagonista es el Grupo Puerto de Cartagena, que manejó en 2022 el 27% de la carga nacional; aquí el Distrito es un simple accionista minoritario. Otro protagonista es Puertos Asociados SA -Compas, donde la terminal de Cartagena es uno de sus seis terminales. Como en el sector anterior, en estas importantes empresas las decisiones importantes también se toman en Bogotá de la mano del Gobierno Nacional, que otorga y prorroga las concesiones.
3.- Sector Turístico: en los últimos 30 años la ciudad ha visto cambiar su perfil hotelero del hotel familiar al hotel de cadena internacional, y recientemente se ha complementado con hoteles boutique y hostales, donde la mayor inversión y las decisiones más importantes, en su gran mayoría, se toman en la sede matriz o de la mano de la compañía franquiciante. A esto se agrega la creciente llegada de restaurantes de cadena o de sedes de franquicias de restaurantes, donde el fenómeno se repite. Este sector se ve amenazado por un conflicto permanente de usos e intereses con sectores informales donde tiende a prevalecer la ley del más fuerte. [3]
4.- Clúster de Abastecimiento y Financiamiento: aquí las cadenas de distribución, con excepción de Megatiendas, depositan las ventas diarias en el sistema financiero vía a sus sedes matrices y reciben instrucciones. Asimismo, las entidades del sector financiero corresponden a sucursales y agencias dependientes de sus casas matrices. Igualmente, se destaca el poder de las tiendas de barrio (formal o informal) que imponen precios de supermercado a sus clientes sin que exista autoridad que los defienda.
5.- Concesionarias de Servicios Básicos Domiciliarios y de vías públicas: estas empresas, si bien prestan “servicios públicos”, terminan por la vía de hecho imponiendo sus intereses, donde se destaca la gestión de reclamaciones de sus usuarios que ni la Superservicios alcanza a controlar, y cuando lo hace es de manera tardía. Aquí solo la empresa KMA tiene unos intereses locales claros, pero su creciente expansión hacia otras zonas del país hace que su negocio no dependa de lo que suceda en Cartagena.
6.- Clúster del transporte urbano: aquí debemos comenzar por los operadores de Transcaribe, cuyas decisiones se toman fuera de la ciudad a pesar de que uno es un operador público, pues recientemente depende de los fondos del Ministerio de Transporte. Los socios de las compañías propietarias de los buses y busetas llamadas a ser chatarrizadas, que son locales, han demostrado su poder dilatando su salida del negocio; los taxis, cuyos principales propietarios manejan el negocio como un arrendamiento de sus vehículos a particulares, durante la pandemia del Covid-19 -se comenta en los corrillos – sacaron del servicio siete mil taxis, dada la insuficiente demanda de servicios causada por la cuarentena o aislamiento sanitario. Estas decisiones se toman en la ciudad.
Como puede apreciarse, existe un elemento común: las empresas formales, en su gran mayoría (sobre todo las grandes), solo producen o venden en nuestra ciudad, pero bajo una política de intereses comerciales que es determinada en su casa matriz. Esto explica el desinterés empresarial en la inestabilidad política del gobierno distrital en los últimos 10 diez años. Además, su solidaridad social la comprenden como una actividad de partes interesadas dirigidas a las comunidades de su entorno, y no incluye la autorregulación para tributar en la ciudad. Un ejemplo de ello es el caso del Impuesto del avisos y tableros; mediante la jugada de desmontar los avisos ubicados en las empresas de la zona industrial de Mamonal, para aducir que no requieren de ellos, eluden el pago y apelan a las vías jurídicas en su defensa. Todo legal, pero…
En lo referente a los grupos informales o no formales, se presentan unas zonas grises para la acción de los denominados grupos ilegales o criminales. A continuación se describen los principales grupos de poder ilegales:
1.- La mayor importancia económica es ostentada por los grupos ilegales o criminales dedicados al tráfico internacional de drogas, cuyas rutas utilizan a Cartagena. Sus decisiones son tomadas fuera de la ciudad, al igual que la lucha contra el narcotráfico, que es una política del Gobierno Nacional.
2.- La actividad anterior ha redireccionado la actividad delincuencial local hacia su especialización por sectores como microtráfico, fleteo, extorsión, hurto y comercialización de celulares hurtados, entre otras actividades que no tienen un peso económico tan apreciable, comparativamente, aunque tienen un efecto demoledor sobre la vida de las víctimas y la congestión del sistema judicial, que rápidamente se ve obligado a devolverlos a las calles y se mantiene el círculo vicioso. La decisión más importante es la división territorial entre las bandas más reconocidas. Estas son decisiones que se toman dentro de la ciudad.
3.- Otro grupo importante son las pandillas juveniles de los barrios pobres de la ciudad, que se fomentan por la lumpenización e insuficientes oportunidades de resocialización. La decisión más importante es la división territorial de los barrios, que separan mediante calles o fronteras invisibles entre las pandillas asentadas o por personajes con remoquetes “que se hacen respetar”. Estas son decisiones que se toman en los barrios, para el desarrollo del crimen o la intolerancia de la ciudad.
4.- La prostitución callejera: en Cartagena, desde los años 70’s del siglo pasado, se ha ejercido la prostitución callejera; entonces eran Las Tablitas en el Muelle de la Bodeguita; después, cuando el Mercado Central se fue a Bazurto, se mimetizaron en la Calle Media Luna y en el Parque del Centenario. Hace unos siete años comenzó un fenómeno especial: la ocupación visible de la Plaza de los Coches, la Plaza de la Paz y el Camellón de los Mártires como lugares de encuentro de las mujeres de compañía con los turistas, con un clúster de servicios que incluye hoteles y bares en el Centro Histórico. Todo esto, a la mirada del Gobierno Distrital y la Policía Nacional, que siempre encuentran una justificación para que este fenómeno no pueda desaparecer. Esta es una decisión colectiva local donde intervienen no solo las víctimas o clientes, sino redes de explotación y trata de personas como un negocio criminal.
Por otra parte, los grupos de poder informales han ido creciendo como actividades independientes o cuenta propia sin mayor relación con el Gobierno Distrital o con los sectores formales descritos anteriormente. Entre estos grupos de poder informales se destacan los siguientes:
1.- Mototransportadores: son más conocidos como ‘mototaxistas’ por las actividades que realiza una minoría importante de ellos, y «no cumplen reglas de tránsito ni aceptan control por parte de autoridad alguna”, dicen los principales medios locales de comunicación. Tienen como decisión importante: “si alguna autoridad intenta regular o controlar su negocio ilegal de transporte público, bloquean de inmediato la ciudad”. Esto lo han demostrado en esta y anteriores administraciones, y es la principal decisión tácita que se mantiene en la ciudad. En la calle suplantan de facto a los agentes de tránsito del DATT, que solo pueden dedicarse a regular tráfico o imponer multas por pico y placa a vehículos particulares.
2.- Los conductores de plataformas: llegaron para quedarse y a pesar de ser un servicio gris (carente de plena legalidad), se ofrecen a los mismos precios regulados cuando la situación es normal, pero si existe un fenómeno de escasez de oferta, disponen de un algoritmo que incluso duplica las tarifas ofrecidas a los pasajeros, contrario a lo ofrecido internacionalmente, donde las plataformas trabajan a mitad de las tarifas de los taxis y solo incluyen un fee a modo de propina adicional. Esta es la decisión que prevalece, y es establecida por las plataformas que no están ubicadas en la ciudad.
3.- Los conductores de colectivos: este grupo reemplazó las rutas de transporte que fueron abandonadas por las compañías de transporte colectivo, o por los taxistas que decidieron establecer unas estaciones ilegales para brindar el servicio de taxis colectivos a barrios de estrato medio (Bocagrande, Manga, Crespo, entre otros) o por rutas a través de la Avenida Pedro de Heredia hasta la Bomba del Amparo. Estos servicios ilegales son permitidos como un servicio normal de transporte, a pesar de estar prohibidos como el mototaxismo. Esta es otra fuente de poder informal.
4.- Los vendedores estacionarios: corresponde a los comerciantes informales que se asentaron en el espacio público, y que no son removidos de su invasión por el Gobierno Distrital en los términos establecidos por la Ley. Adquieren una protección legal -bajo la figura de la ‘confianza legítima’ – debido a la acción tardía del gobierno, y solo pueden ser reubicados si le son garantizados o reestablecidos sus derechos. Estos comerciantes se convierten en una autoridad de facto en el Mercado de Bazurto y zonas peatonales estratégicas de la ciudad, apoyados por los compradores que, por su interés o comodidad, les demandan las mercancías incluso desde los vehículos o al momento de abordar el transporte colectivo.
5.- Los vendedores ambulantes: aquí merecen agruparse aquellos que ofrecen alimentos naturales o preparados que deambulan por el sector turístico y por el resto de la ciudad. Tienen sus propias reglas e incluso algunos anuncian por altoparlantes los servicios que ofrecen, violando las regulaciones de ruido establecidos por el Establecimiento Público Ambiental -EPA – de Cartagena. A este grupo se pueden vincular los vendedores establecidos en los balnearios. Tienen como característica común, cuando hay una autoridad que intenta controlarlos, que deciden inmediatamente bloquear la ciudad “hasta que el alcalde no concierte con nosotros”. El resultado, casi siempre, es que se reversan las medidas.
Cuando uno realiza este análisis es que se comprende por qué el actual alcalde, sintiéndose desbordado por los otros actores formales e informales, apela a un slogan en sus publicaciones en las redes sociales para estimular el subconsciente de todos: “tú papá te quiere”, que es algo así como: “yo mando a aunque tú no me obedezcas”.
Por otra parte, hay una mayoría silenciosa que se encuentra frustrada por la imposición de intereses formales, informales e ilegales que están reconfigurando una ciudad inestable, donde a veces no se sabe si podrá llegarse al aeropuerto o podrá regresarse oportunamente a casa después de trabajar.
En este panorama, con un alcalde y un Concejo ‘herniados’ por su fratricida confrontación, los grupos de poder están disfrutando de un gobierno alternativo y ven crecer sus intereses y privilegios, así pisoteen a los ciudadanos o vecinos de una zona o de toda la ciudad.
¿Quiénes mandaran a partir de 2024?
Se acercan las elecciones territoriales de 2023, sin embargo, no se distingue -hasta ahora – una candidatura que cuente con un proyecto comprometido con la renovación del Concejo para cogobernar en función de los intereses generales de toda la ciudad (y no para privilegiar o desregular los intereses de los grupos dominantes, como ahora). Asimismo, que le brinde confianza al establecimiento (que se encuentra fuera de la ciudad) para superar esta crisis de gobernanza y para concertar un programa de construcción de futuro que guíe a los sectores económicos hacia la competitividad y a los sectores sociales hacia el bienestar, la inclusión económica y el emprendimiento familiar como estrategia para romper la inequidad social institucionalizada.
De igual manera, como lo demostraron buenas prácticas anteriores, se necesita recuperar la confianza en la Administración Pública para que regresen a ella los profesionales locales que tienen experiencia y conocen la problemática del territorio. Solo así se puede concertar un programa de modernización y ordenamiento urbano acompañado de un plan de recuperación o autogestión económica de las familias en pobreza extrema, pues la ciudad carece de una clase media que sustente con impuestos un amplio programa de subsidios sociales, como lo define la teoría o visión dominante en los organismos multilaterales.
Mientras, hay muchos aspirantes -tanto a la Alcaldía como a al Concejo – que esperan contar con el apoyo de una fuerza emergente, que son los millenials, generación que tiene el corazón partido entre emigrar a otras latitudes o quedarse en una ciudad que le ofrece cada vez menos oportunidades. Estos adultos jóvenes vienen expresándose electoralmente desde 2018, con un voto castigo a los candidatos que basan su fortaleza en las clientelas políticas y en la coacción al sufragante. Algunos analistas sostienen que esta generación ganó la Alcaldía respaldando a William Dau, pero su gestión en términos de cambio social no ha sido apreciable, con la excepción de haber bloqueado la politiquería en un sector del Concejo Distrital y dificultar la reelección en 2023 de la mayoría de sus integrantes.
Sin embargo, esta reacción electoral puede generar un ‘harakiri‘ para la ciudad, pues el efecto péndulo de la alternancia política puede facilitar que un grupo politiquero se apropie nuevamente de la Alcaldía Distrital, de la mano de un candidato populista con masiva publicidad en redes que prometa gobierno fuerte para someter el desorden urbano, y que ofrezca las garantías para la financiación clientelar de una campaña electoral por los inversionistas locales o de otros lugares, como pasó en la elección de los pasados gobiernos que precedieron esta crisis.
Como nunca, el destino de la ciudad depende de los millenials para consolidar un proyecto político de futuro. Si esto no fuere posible, estaremos ante una gentrificación para las nuevas generaciones de cartageneros (actualmente la han sufrido los hijos de las clases medias que han debido salir de la ciudad), pues tendrán que entregar espacios apreciados al mejor postor y migrar a los municipios circunvecinos (tendencia que retrasó la llegada al millón de habitantes en el Censo 2018, según el DANE), y comenzará el decrecimiento poblacional de la ciudad hacia el 2050, como resultado de la desilusión con la Ciudad Fantástica, que será solo imágenes y slogans publicitarios de bellos paisajes naturales y edificios de cristal que permanecen vacíos, y de casas coloniales del Centro Histórico convertidas en una ciudad boutique que se arrienda en las plataformas digitales, y cuyas ventas inmobiliarias se transan privadamente en dólares en el exterior del país.
Bonito pero sombrío panorama. Hay que pensar en una propuesta de cambio hacia el futuro, y con mis colegas y diversos actores estamos dialogando sobre ello, rompiendo con la tradición de reciclar propuestas que han hecho famosos y mantienen vigentes mediáticamente nuestro liderazgo.
[1] Aquí hubo una clara excepción: la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial por decreto.
[2] Ver el documento de la Gobernación y los líderes parlamentarios al Gobierno Petro para ser incluidas en el Plan Nacional Desarrollo 2022-2026, el cual se adjunta.
[3] Esto ha generado una creciente informalización de los servicios turísticos por fenómenos desde la parahotelería hasta las plataformas digitales o los por negocios informales establecidos en el espacio público (playas) o ambulantes en los lugares turísticos (monumentos o Centro Histórico). Esta prevalencia de intereses particulares en démerito del interés general, y la imagen del destino turéstico, afecta la sustentabilidad del sector en el mediano plazo.
* Economista, MSS PhD, Profesor titular de la universidad de Cartagena
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