
Por José Carlos Puello Rubio *
Con el Acto Legislativo Número 1 de 1986 se estableció en Colombia la elección popular de alcaldes.
En un principio, muchos habitantes de municipios pequeños e inclusive los extensos en territorio y grandes en población vieron la oportunidad de elegir como mandatarios personas alejadas de las roscas políticas y pertenecientes a los grandes clubes sociales de donde generalmente salían sus nombramientos.
Pero hoy, 36 años después, pienso que no estábamos preparados para tan importante medida.
Reconocemos mucho avance en este tema en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde se postulan y se eligen candidatos con todos los pergaminos para ser buenos dirigentes.
No obstante, en Cartagena de Indias pareciera que no sucediera así. Pasa el tiempo y en cada elección, en vez de tener candidatos más calificados a la Alcaldía, hemos venido eligiendo personas sin la preparación ni experiencia suficientes para tan importante cargo.
Lo anterior ha motivado a muchos ciudadanos con cero experiencia en el sector público a presentar sus nombres para la Gerencia de la ciudad, pues se asegura en los corrillos políticos, particularmente en los bajos del Palacio de la Aduana, en el Palito de Caucho y en el Parque Bolívar, que en la elección de alcalde de Cartagena cualquier cosa puede pasar, como en efecto ha ocurrido.
No estoy en contra al derecho de elegir y ser elegido, pero la experiencia nos está mostrando que se hace necesario, imperiosamente, una reforma constitucional y exigir un mínimo de requisitos en cuanto a conocimiento y experiencia en la cosa pública a las personas que quieran postular su nombre como candidatos a Gobernaciones y Alcaldías. El hacerlo no es atentatorio contra la democracia, al contrario; se trata de por lo menos garantizar tener candidatos idóneos, los cuales, una vez elegidos, no tendrían excusas para no desarrollar un buen programa de gobierno.
Pregunto a manera de ejemplo: ¿la junta directiva de una importante empresa, de cualquier sector, nombraría como gerente a una persona sin conocimiento ni experiencia en el sector? ¿Nombrarían de gerente al mejor futbolista, al mejor ciclista, al mejor pintor, al mejor cuentachiste, al mejor cantante? Estoy convencido que no.
Seamos sinceros: ¡zapatero, a tus zapatos!
Basta de seguir eligiendo personas por el solo hecho de ser populares o, como ahora se pretende, el que más vocifera, el que más tira piedra. Una persona popular, pero sin preparación académica ni experiencia probada -y con éxito – en lo público, gobernará solo con políticas populares. Por regla general, lo que resalta de sus discursos es la demagogia; y, cuando pretenden ejecutar alguna de sus promesas de campaña en el gobierno, lo más seguro es que sean acciones irresponsables que acarrearán más problemas que beneficios.
Eso sí, tampoco basta el estudio y la experiencia en lo público. Se requiere que el futuro gobernante esté bañado de probidad y practique la axiología. Que sean personas con conocimientos y experiencia en lo público, sin duda alguna, pero que no hayan sido condenadas ni fiscal, ni disciplinaria ni penalmente.
Se trata, entonces, de buscar un balance entre hombre probo, con conocimientos claros de la cosa pública y una vasta experiencia, con resultados comprobados.
Y en esto juegan un papel muy importante los partidos políticos, ya que son estos los que entregan de avales. No debería bastar el amiguismo y el roscograma. Los avales deberían otorgarse solo a personas que, además de tener claras las doctrinas del respectivo partido, reúnan las cualidades de un buen candidato arriba mencionadas. Del mismo modo, los partidos deberían tener unos estatutos y una organización interna que les permita ser más democráticos y más inclusivos.
Hay personas honestas, probas, con experiencia y alta educación que no se atreven a aspirar por lo encarecido que se ha puesto el debate electoral. Los partidos difícilmente les darán el aval, y recoger la cantidad de firmas necesarias para aspirar no es un tema de poca monta. Tiene muchos gastos económicos y dificultades con el sistema.
En esto también juega un papel muy importante el pueblo, como constituyente primario. No deberían ser avalados con las firmas ciudadanas un candidato que no la merezca. Las firmas son un ‘cuasi voto’ o ‘prevoto’, por así decirlo.
El pueblo debe educarse políticamente. Como manifestara el inmolado dirigente Luis Carlos Galán Sarmiento, «un pueblo educado sabrá elegir sus gobernantes«. A eso debemos apostarle.
Para la reflexión debo admitir, con todo respeto, que no comparto la premisa de que «la voz del pueblo es la voz de Dios«; por lo menos tengo sobre ello grandes reservas. Cuándo Poncio Pilatos puso a escoger al pueblo entre Barrabás, el asesino y maleante, y Jesús, ¿a quien escogió el pueblo? ¿A quién salvó? Desde ese episodio bíblico el constituyente primario no viene eligiendo de manera acertada.
Ojo, cartageneros, llegó la hora de que cese la horrible noche. Exijamos candidatos idóneos con credenciales comprobadas, que tengan un currículo que mostrar. ¡Votemos por los más capaces!! Dejemos de convertir la elección popular del alcalde en un relajo, en un juego, en una recocha.
Los habitantes de la ciudad más bella de Colombia y una de las más lindas del mundo, patrimonio de la humanidad, no puede seguir entregando su gerencia al más chabacano, al más grosero, al que más insulte, al que se ‘pegue’ más en la campaña por sus declaraciones irresponsables o, lo que es peor, el que de más risa, como si la ciudad fuera un circo.
Pareciera que en Cartagena la elección de su mandatario no fuera algo serio. En el Corralito de Piedra se vota, como decimos en la Región Caribe, como si la elección de quien deberá regir los destinos de la ciudad y sus habitantes fuera un perrateo o un vacilón.
Y lo peor es que, como ha quedado probado, ¡así como los eligen, así gobiernan!
* Abogado, especialista en Derecho Administrativo, Seguridad Social y magister en Derecho Público. Exprocurador Administrativo, exalcalde encargado de Cartagena, exsecretario del Interior y Convivencia Ciudadana, exsecretario general del Concejo de Cartagena.
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