Los comerciantes, carperos y demás trabajadores formales e informales que derivan su sustento de los servicios que prestan en las playas de Bocagrande están desesperados.
Desde el pasado 18 de diciembre el Gobierno Distrital les aseguró que en pocos días la denominada Playa 5 -recuperada plenamente por el consorcio Proplaya – se abriría para el uso y disfrute de la ciudadanía, pero han pasado dos semanas y ello no ha ocurrido.
Por tal demora, voceros de los afectados anunciaron que realizarán una jornada de protesta el jueves 5 de enero, ya que lo que observan -según dijeron a los medios de comunicación – es que mientras la Alcaldía, el consorcio, la Dirección Marítima –Dimar – y la Universidad de Cartagena «se pasan la pelotica» evadiendo sus respectivas responsabilidades, ellos y sus familias están «pasando hambre«, ya que la temporada turística llegó, transcurrió y está a punto de terminar pero ninguno ha podido laborar.
El hecho es que, en efecto, el 18 de diciembre, tras un recorrido de inspección por la playa recuperada, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, anunció su pronta apertura, pero lo que realmente ocurrió es que días después la propia Administración instaló unas vallas prohibiendo «bañarse en este área» y advirtiendo a la ciudadanía que «por su seguridad«, no ingrese a la misma.
De acuerdo con lo que se ha podido establecer, lo que sucedió fue que, tras un análisis realizado por la Dimar a los datos aportados por la Alcaldía, se detectó que existen apreciables variaciones entre el diseño inicial y lo realmente existente.
Según reveló la autoridad marítima, «la zonificación de este tramo no podría contener el aforo para 253 unidades sociofamiliares y 1.518 personas proyectadas, sino que se deberá realizar una nueva zonificación de acuerdo con la situación actual y real«.
Por tales desfaces, la Dimar se pronunció advirtiendo que «no se recomienda al Distrito proceder con la apertura de la playa, entendiendo que tanto el diseñador como el ejecutor del proyecto deben revisar el cumplimiento de las condiciones contractuales, para luego realizar una nueva zonificación en la que se tengan en cuenta las condiciones actuales de la misma«.
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