Por Agustín Leal Jerez *
Celebramos con entusiasmo las conclusiones del Segundo Conversatorio por una Nueva Cartagena – Visión 2033, y nos complace que de una u otra forma se hayan replicado los ecos que desde esta tribuna hemos venido impulsando desde cuando decidimos ser una voz ciudadana en contra de la pobreza y la desigualdad y -sobre todo – su principal génesis: los malos gobiernos distritales, la mediocridad de sus dirigentes políticos y la indiferencia de la clase empresarial y cívica.
A través de Revista Metro hemos hecho visible la pobreza e inequidad que nos cobija desde el mismo ordenamiento territorial de la ciudad hasta el manejo de la tributación en el Distrito de Cartagena, y hemos dicho, en voz alta, que no se pueden seguir copiando modelos extraños de Hacienda Pública aplicables a urbes muchos más homogéneas y desarrolladas que la nuestra (leer ‘Tributos para una ciudad desigual‘).
Como principal ciudad para el comercio, la inmigración y el mercado de esclavos durante la Colonia partimos de un sesgo clasista que no hemos podido superar hasta nuestros días, y que nos ha conducido hacia la materialización execrable de dos Cartagena, para vergüenza de la imagen de la ciudad y desgracia de quienes habitan en la peor parte.
El turismo, que es el alma de la economía y el desarrollo de la ciudad y que, como una divinidad, encierra el mal pero también la cura, solo ha servido para exacerbar la brecha territorial entre las dos ciudades, porque el instrumento que se ha utilizado para su expansión y desarrollo es el extrañamiento y la gentrificación.
No ha sido posible desagregar y encadenar los ciclos productivos alrededor de la industria del turismo para que, a través de famiempresas, microempresas o cualquier forma de economía solidaria, los beneficios que genere la industria turística se redistribuyan en toda población; como tampoco desarrollar un ordenamiento territorial justo y equitativo. Solo nos hemos ocupado de que este sector, la industria y el puerto, funcionen.
Es tan cierto este funcionalismo como se ha ordenado la ciudad que un reconocido ingeniero cartagenero propuso, antes de la erradicación de Chambacú, que se hiciera un encerramiento alrededor del gueto para que los turistas no lo vieran.
Fenómeno parecido sucede con los otros dos pilares en que se sustenta la economía de la ciudad, como son la industria y la actividad portuaria.
La ciudad y sus instituciones han marchado de espaldas a sus necesidades, realidades económicas y geopolíticas.
Una de estas grandes fallas se encuentra en la educación que se imparte en todos los niveles en las instituciones públicas, divorciadas completamente de nuestras fortalezas turísticas, comerciales, industriales y portuarias. A nivel intermedio no hemos sido capaces de estructurar una cátedra de formación turística que nos permita formar verdaderos servidores turísticos, para evitar esa generación espontánea de servidores empíricos que, con su patanería y mal servicio, amenazan seriamente la competitividad del sector a nivel internacional.
A nivel superior la falla es más imperdonable aún: la Universidad de Cartagena, como si existiera en otro planeta, se ha consagrado a las carreras liberales, dejando atrás todas las técnicas y tecnológicas, desaprovechando toda la infraestructura turística, industrial y portuaria existente en la ciudad. Es completamente imperdonable que con una industria petroquímica tan desarrollada como la nuestra nuestra alma mater no haya implementado carreras técnicas y profesionales para suplir esta demanda de recurso humano. Hoy, esta mano de obra está mayormente representada por trabajadores de otras ciudades del país.
Hemos tocado fondo, como ciudad y como ciudadanos. La indiferencia, las posturas cómodas y el oportunismo político han destrozado al Distrito de Cartagena.
Es la hora de fijar posturas mas concretas sobre el desempeño del Gobierno Distrital, sobre los compromisos capitalinos en materia de desarrollo y sobre la escogencia de nuestra clase dirigente, llámese política, cívica o gremial.
Ya bastan los foros, los conversatorios, los simposios, los estudios y los ensayos sobre la pobreza y la desigualdad en Cartagena. Es hora de actuar. Ya existen suficientes razones para la acción.
Estamos frente a un Gobierno Nacional con un compromiso de cambio muy enorme, con un programa de gobierno bastante azaroso para las desmirriadas finanzas estatales. La paz total, la transición energética, la educación gratuita, la media pensión, la mitigación de los efectos del cambio climático, el cumplimiento de la regla fiscal y el alto endeudamiento externo impiden que esta Administración Nacional pueda transferir recursos para cofinanciar programas territoriales.
Por ello, lo que está pensando el Gobierno es en una reforma tributaria territorial para el fortalecimiento de las finanzas de los departamentos, distritos y municipios, para que desde los territorios definan su propio destino.
Ante este panorama, para el caso de Cartagena, lo que debemos exigir es que se cumplan con las situaciones jurídicas ya consolidadas, como es el caso de las leyes aprobadas: Ley 1784 de 2016 o Ley del Sitio «por medio de la cual la nación se asocia a la conmemoración del bicentenario del sitio de Cartagena de Indias«, presentada en su momento por el representante a la Cámara Pedrito Pereira Caballero, y la Ley 2038 de 2020 o «del Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena 500 años», fusionarlas y ajustarlas en la Ley Nacional del Plan de Desarrollo.
Nuestra labor ciudadana debe centrarse en vigilar que los $2.8 billones del presupuesto del 2023 se inviertan debidamente, e impedir, por ejemplo, que la actual Administración gaste mas de $80 mil millones en un espurio programa de transparencia, como ya lo hemos denunciado en varias columnas por este medio.
Participar activamente para que en el nuevo estatuto Tributario Distrital no se cometan los mismos errores del pasado, sobre todo en la gestión fiscal de los impuestos Predial e Industria y Comercio, donde, por cobrarle al 70% de los contribuyentes de la ciudad que no tiene ni para comer, el 30% de los que pueden pagar no lo hacen.
Estudiar con detenimiento el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP – del Centro Histórico y su área de influencia, donde se pretende cambiar el modelo de ocupación de la ciudad abriendo más la brecha entre la Localidad Histórica y de la Bahía y las demás Localidades, y donde las competencias del Distrito y el Ministerio de Cultura en materia de su urbanismo no están definidas.
El Plan de Ordenamiento Territorial -POT – se elabora a cal y canto, desconociendo importantes conceptos de expertos en recursos hídricos sobre el impacto de ordenar el territorio sin un Plan Maestro de Drenajes Pluviales bien diseñado; y con la terquedad de seguir adelante con la revisión general sin contar con los estudios de riesgos de detalles de las principales amenazas de la ciudad, como el Cerro de la Popa y sus estribaciones, las Lomas del Marion, el Cerro de Albornoz, Membrillal, san francisco, etc.
Y la APP del Canal del Dique, que está a punto de sucumbir por los fuertes cuestionamientos y requerimientos ambientales que, a través de los medios de comunicación, ha lanzado últimamente la ministra del Medio Ambiente.
Para todos estos temas sí son útiles los foros, simposios y conversatorios, porque a través de todos estos instrumentos es como podemos combatir seriamente la pobreza y desigualdad en la ciudad, por las razones expuestas al comienzo de esta columna.
Pero para lo que requerimos -allí sí – de todos los mecanismos de participación posibles, es para la escogencia de nuestros próximos dirigentes.
Una ciudad, fortalecida en sus finanzas propias como es el deseo del gobierno Petro, es el fruto más apetecido para que una clase política, corrupta y embaucadora se tome el poder por cualquier medio.
Por ello, invitamos a todos esos exdirigentes gremiales, exmandatarios, exconcejales distritales, excongresistas, con buen decoro, a hacer un sacrificio por la ciudad y conformar una lista de ciudadanos capaces y honestos para conformar un nuevo Concejo Distrital y una nueva Administración Distrital.
Tomemos a Cartagena en serio, por favor.
* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.
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