La Protección Costera de Cartagena: más preguntas que respuestas 

Por Álvaro González Álvarez * 

El cuestionamiento acerca de la afectación del patrimonio ha encendido nuevamente el debate acerca de la Protección Costera, un proyecto chueco desde su mismísima génesis: la contratación millonaria, sin interventoría, a la Universidad de Cartagena (a través del Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental -IHSA-) para la realización de los diseños por parte del Departamento de Valorización mediante el Contrato Interadministrativo VAL 02-2017.

De nada han valido las concienzudas columnas del abogado Danilo Contreras Guzmán en Revista Metro. Mucho menos les importó el comunicado elaborado en septiembre de 2020 por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar -SIAB – y la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI-, el cual iba dirigido al alcalde William Dau, con copia a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD – Eduardo González, y en donde se evidenciaron varias falencias del proyecto. También se pasaron por la faja las declaraciones del contratista de Países Bajos en entrevista para La Contratopedia Caribe, quien contó que optó por no participar en la licitación. El señor Nieuwenhoven dijo que «luego de analizar, detenidamente, el proyecto desde sus aspectos técnicos, financieros y jurídicos llegamos a la conclusión de que el mismo no es viable, incluso para una empresa que como nosotros lleva tanto tiempo haciendo este tipo de obras» (leer ‘Las dudas que persisten tras la selección del contratista de la Protección Costera’).

Parece que la orden del Gobierno Nacional era seguir con el proyecto sí o sí. Se especula que podría haber una presunta vinculación del esposo de la vicepresidenta Ramírez. Incluso se comenta que la vicepresidenta, aparentemente, habría intercedido para que la empresa Alvarado & During pudiese ser habilitada luego de cuestionamientos a su capacidad de endeudamiento. Dice el adagio popular que cuando el río suena es porque piedras lleva. Sin embargo, yo prefiero pensar que esas son especulaciones mal intencionadas y que el interés de la vice es por amor a la ciudad. Por algo es la madrina de Cartagena.

Quizás muchos en la ciudad estarán de acuerdo con Ramón del Castillo, Kathy Lambis y José Trucco, quienes piensan que los peros que en estas últimas semanas han salido a relucir son puras ganas de joder de unos pocos, que no tienen nada que ver con la obra, y que sus reclamos no tienen asidero porque el proyecto fue socializado y estudiado por varias universidades de Cartagena y el exterior. Definitivamente, la ignorancia es atrevida. Yo entiendo que los cartageneros estén desesperados por este proyecto que es necesario. No obstante, el desespero y haberse acostumbrado a tan poco no debe nublar lo obvio: la Protección Costera fue un proyecto mal concebido y que no solucionará los problemas a largo plazo como muchos esperan.

Los reclamos son de vieja data. Lo que pasa es que varios no se han enterado, ya sea porque no conocen del tema, no leen (la gran mayoría), o simplemente no les interesa. Lo cierto es que las alertas han estado ahí por años.

En julio de 2020, el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Diego Fernando Trujillo, le envió a la UNGRD el Oficio D.P.-0782 solicitándole hacer ciertas aclaraciones del proyecto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En agosto de ese mismo año, el subdirector general de la UNGRD, Gerardo Jaramillo, responde al procurador con un oficio de nueve páginas y ocho anexos (Radicado No. 2020EE06575). En el oficio hubo un anexo (llamado Revisión Técnica Estudios y Diseños) y una respuesta que captaron mi atención sobremanera, dado que tratan de explicar por qué (a) no se contrató interventoría para los diseños y (b) los diseños son confiables. Al respecto, me quedan las siguientes dudas:

(1) Aducen que la entidad contratante -el Departamento de Valorización del Distrito – no realizó interventoría porque «decidió ejercer la vigilancia y control del contrato administrativo a través de la supervisión en atención al objeto del contrato (estudios y diseños), ya que en este tipo de contratos la interventoría no es obligatoria de acuerdo con el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, acorde con el parágrafo 1 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011».

¿No es irónico que citen el artículo 83 de la Ley 1474 para argumentar que no se necesita interventoría? Ese mismo artículo establece que «…las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que […] es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados». Hasta donde sé, (a) la Protección Costera es un proyecto de gran complejidad que necesita la interacción de varias disciplinas y la realización de actividades que demanda un conocimiento y experiencia muy específico y (b) el Departamento de Valorización no tiene personal capacitado para evaluar este tipo de proyectos.

(2) El documento Revisión Técnica Estudios y Diseños parece un intento desesperado de la UNGRD para tratar de suplir la ausencia de interventoría en un contrato realizado en 2017. La revisión concluye que prácticamente todo está bien.

La sorpresa me la llevé al ver los autores del documento. Aparecen las ingenieras Mónica Agámez Anillo y Adriana Puello Alcázar, quienes han hecho parte de proyectos para el IHSA de la Universidad de Cartagena. Incluso, en el 2011, la ingeniera Puello hizo parte del equipo de trabajo de los diseños que se usaron como base para los diseños realizados en el 2017. ¿Cómo es posible que, como miembros de la UNGRD, aparezcan revisando parte de los diseños realizados por la Universidad de Cartagena? Si bien esto no es ilegal, ciertamente podría implicar un conflicto ético.

(3) Con respecto a la confiabilidad de los diseños, la UNGRD manifiesta, sin temor a equivocarse y para la tranquilidad de todos, que «la Universidad de Cartagena es una institución con alta credibilidad en la elaboración de estudios y diseños relacionados en materia de hidráulica y más específicamente con propuestas de protección costera, con experiencia desarrollada por el IHSA desde hace más de 25 años y sus profesionales hacen parte activa de la comunidad científica en la ciudad de Cartagena».

Ese es un argumento débil y nada técnico. Estamos hablando de un proyecto multimillonario complejo no de una de cuestión de fe. Por otra parte, hay que anotar que la producción académica del director del IHSA -Alfonso Arrieta-, en términos de publicaciones científicas, es bastante pobre si se tienen en cuenta todos los años que tiene como docente.

(4) La UNGRD afirma que «luego de tener los diseños y socializarlos con diversas entidades en la ciudad, se invitó a la Universidad del Sur de La Florida y en especial al Profesor Ping Wang […] para que realizara una revisión técnica de los diseños. Es preciso aclarar que la invitación para la revisión de los estudios y diseños por parte de la Universidad del Sur de La Florida fue realizada por la señora Vicepresidenta de la República».

Tres cosas por decir. Primero, no entiendo qué peso le da al argumento el hecho de que la vicepresidenta fue quien hizo la invitación. ¿Será que el subdirector general de la UNGDR creyó que invocar el nombre de la Hada Madrina de Cartagena le haría el milagrito de sacarlo del apuro? Segundo, la SIAB se desmarcó y dejó claro cuál fue su rol (leer ‘Nunca tuvimos participación como supervisores”: SIAB sobre protección costera‘). Tercero, el sencillo hecho de haber citado a la vicepresidenta me creó suspicacia inmediatamente. Es así como, en agosto de 2020, contacté al profesor Wang para preguntarle acerca de su rol en el proyecto y los resultados de su revisión. Sus respuestas en varios correos electrónicos fueron:

«[…] No fue mi rol respaldar (o aprobar) los diseños bastante complicados. Suministré varios comentarios técnicos en varios aspectos del proyecto, con el objetivo de ayudar a los tomadores de decisión. Por ejemplo, esperaba y debatí fuertemente acerca de que las estructuras diseñadas directamente en frente del fuerte (haciendo referencia a las murallas sobre la avenida Santander) debían ser reemplazadas con algo más ambientalmente amigable».

«[…] Propuse que se realizaran algunos estudios sobre ciertos aspectos del proyecto. Pero el estudio nunca fue llevado a cabo».

Mi intuición no me falló. Por lo visto el IHSA de la Universidad de Cartagena, la UNGRD y demás participantes omitieron decir el pequeñísimo detalle de que a quien usaron como referencia para tratar de reforzar su argumento de la tal idoneidad había cuestionado varios aspectos del diseño. Todo resultó ser puro humo.

Este proyecto con todas esas deficiencias no hubiera pasado siquiera la primera ronda de revisiones en países como EE.UU., Canadá u Holanda. Es doloroso ser cartagenero y trabajar en estos temas en el exterior, y ver cómo este y otros proyectos mal estructurados son aprobados y la ciudadanía ni se inmuta. Inmediatamente caigo en cuenta de que la única razón para creer que Colombia sea dizque el país más feliz del mundo, a pesar de todo las atrocidades y corrupción que hay, es por el grado de desconexión y meimportaculismo de sus ciudadanos. Por algo dicen los gringos que «ignorance is bliss», que traduce algo así como «el que no sabe es como el que no ve».

Ñapa: El proyecto aún tiene otro ‘entuerto’: la estación de bombeo de aguas lluvias. Al realizar una revisión de lo que proponen, se observan varias deficiencias en el diseño. Amanecerá y veremos, dijo el ciego.

*Doctor (Ph.D.) en Recursos Hídricos e Ingeniería Ambiental. Con licencia de Ingeniero Profesional (P.E.) en el Estado de Nueva York. Ingeniero consultor senior, investigador y docente en EE.UU. en el área de la hidrología, hidráulica, sistemas de conducción y bombeo de agua potable y residual, y sistemas de tratamiento de agua potable y residual.