La noticia del día ayer en Cartagena de Indias fue -sin duda – la detención de la presidenta del Concejo, Gloria Estrada Benavides, de su esposo, el bacteriólogo Martín Barreto de la Hoz, y del excandidato a la Junta Administradora Local de la Localidad No. 1, Avelino Villamizar, tras encontrar la Policía Metropolitana en la camioneta en la que viajaban un kilo de cocaína y tres armas de fuego con sus respectivos proveedores.
Inicialmente, el comandante de la Policía, brigadier general Nicolás Zapata Restrepo, informó a los medios de comunicación que “nos encontramos en verificación del caso en el CAI del barrio Manga, donde nuestro cuadrante, en una actividad de control como las que se han dispuesto en la ciudad en despliegue del servicio de Policía, inmoviliza una camioneta«.
Detalló más tarde el oficial que en el vehículo inmovilizado iban «tres personas: dos hombres y una mujer; y se encuentra lo que podría ser un kilo de clorhidrato de cocaína”.
Y, posteriormente, otras fuentes de la misma Policía precisaron que, en efecto, se trataba de cocaína, y que al menos una de las armas halladas cuenta con salvoconducto, aunque aún debían constatar su legalidad.
La concejala detenida
Pero, ¿quién es Gloria Estrada Benavides, la concejala que, en espera de su presentación este sábado ante un juez de control de garantías, pernoctó en las instalaciones de la Fiscalía con las otras dos personas retenidas?
El pasado 12 de octubre, al informar que el Concejo de Cartagena había elegido como su presidenta para el 2022 a la administradora de empresas Gloria Estrada, Revista Metro informó que esta «había sido miembro, en dos ocasiones, de la Junta Administradora Local -JAL – de la Localidad Industrial y de la Bahía: del 2012 al 2015 con el aval del Partido de Integración Nacional –PIN-, y del 2016 al 2019 con el de Opción Ciudadana«.
Asimismo, reveló que «durante su primera campaña a la JAL, el nombre de Estrada Benavides figuró en medios nacionales al lado del de la entonces candidata a la Asamblea de Bolívar Emilia Rosa López Romero, hermana de la exempresaria del chance Enilce López Romero, condenada por vínculos con paramilitares«.
De igual forma, recordó que el PIN «fue fundado en el 2009 por el también condenado exsenador Luis Alberto Gil, durante una convención nacional del desaparecido Convergencia Ciudadana«, y destacó que esta colectividad «en el 2013, ante el descrédito ocasionado por los escándalos en que se vieron envueltos algunos de sus dirigentes, cambió su nombre por el de Opción Ciudadana«.
E informó igualmente este portal que «en el 2019, Estrada cambió de colectividad y llegó al Concejo con el aval del Partido Liberal. Bajo el lema ‘Cartagena, hagamos equipo’, la lideresa política adelantó una ostentosa campaña que llamó la atención de algunos medios«.
“Ni la droga ni las armas son de la concejala”: Cristian Torres
En diálogo con Revista Metro, el abogado penalista Cristian Torres Torres llamó la atención sobre un hecho que, hasta el momento, no se había informado: que en la camioneta retenida viajaba una cuarta persona que no se ha identificado, la cual logró escapar de las acciones policiales cuando -según dijo -la droga fue encontrada y los otros tres ocupantes del vehículo fueron detenidos.
«Tenemos todas las herramientas y tenemos pruebas suficientes para defender la inocencia de mi poderdante«, aseguró Torres Torres; «porque -además – estamos seguros que esto no es más que un montaje político, teniendo en cuenta la importancia del cargo que la señora Estrada actualmente ocupa«.
«Lo sucedido impacta la imagen del concejo»: Funcicar
Mediante un comunicado de prensa, la Fundación Cívico-social pro Cartagena –Funcicar-, colectivo que, a través del programa ‘Observatorio al Concejo’, realiza control social a la corporación edilicia, sus bancadas y sus integrantes, respaldó las acciones de la Policía, que a pocos meses de las próximas elecciones «deben sentir el apoyo de la ciudadanía«; y exhortó «a todas las campañas y a la ciudadanía para que se respeten las buenas prácticas en esta contienda electoral«.
Tras abogar por el debido proceso y las garantías a las partes, Funcicar destacó la importancia de que el Concejo «reaccione rápidamente y asegure que esta situación no altere la actividad normativa y de control político de la ciudad«.
