Ayer, la noticia político-administrativa más sonada en Cartagena fue la difusión de un oficio del director técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales de la Contraloría Distrital de Cartagena, Rafael Castillo Fortich, dirigido a todos los bancos con sede en la ciudad, mediante el cual les notifica que, en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal (el 090-2021), se había dispuesto el embargo de las cuentas del alcalde William Dau Chamat así como de 27 funcionarios y 15 exfuncionarios del Distrito.
En el caso de Dau Chamat, el monto embargado es de $1.611’317.376; en el de los exjefes de la Oficina de Talento Humano Adelfo Doria Franco y Marta Carvajal Herrera, $987’951.119 y $626’497.305, respectivamente. En los restantes casos, las sumas embargadas no superan los $60 millones.
Lo que se ha dicho sobre el particular es que la Contraloría tomó la decisión de embargar las cuentas de los 43 funcionarios y exfuncionarios como medida cautelar en el marco de un proceso fiscal por el presunto detrimento de más de $1.600 millones por haber pagado la Administración unos gastos de representación no autorizados por la Ley (leer ‘Oficio de la Contraloría Distrital a los bancos de la ciudad‘).
Se ha dicho -además – que, con base en la Ley, una vez notificados todos los bancos, el órgano de control notificará en estrados a los procesados, quienes serán advertidos de que contra el auto proferido procederá el recurso de reposición, que deberá ser interpuesto, sustentado y resuelto el forma oral, durante una audiencia pública, con fundamento en la Ley 1474 de 2011.
Y se ha dicho, como era de esperarse, que la medida se tomó como represalia por los ataques de que ha sido objeto el contralor distrital, Freddy Quintero Morales, por parte del burgomaestre.
Como se recordará, en un video publicado en sus redes sociales, el alcalde acusó al contralor de tener «rabo de paja» y de ser «un malandrín“.
En dicho video, difundido masivamente desde el pasado 18 de octubre, Dau cuestionó no solo a Quintero sino, en general, a los funcionarios de todos los entes de control, por no atender con diligencia las denuncias ciudadanas. Ante estas -expresó – “solo existe el silencio cómplice de los órganos de control, de la Contraloría distrital, de la departamental, de la nacional, de la Fiscalía, de la Procuraduría“, y, dirigiéndose a todos ellos, los sindicó de guardar silencio “porque todos ustedes comen del mismo plato que se llama corrupción“. VER VIDEO:
Lo que cuestiona -e investigó – la Contraloría
En abril de este año, la Contraloría Distrital le dio un plazo de cinco días al alcalde para que explicara por qué autorizó el pago de $1.100 millones en gastos de representación a sus colaboradores más cercanos durante todo el año 2020, sin tener facultades para ello.
Concretamente, el ente de control fiscal cuestionó que mediante un acto administrativo firmado inopinadamente por el mandatario el último día del 2020, se ordenara incrementar los emolumentos que debían ser pagados a los secretarios de Despacho y demás miembros de su gabinete, con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2020 (ver ‘Decreto No. 1657 del 31 de Diciembre de 2020‘).
De acuerdo con lo establecido en esa fecha, durante el proceso de empalme, funcionarios del entonces alcalde Pedrito Pereira Caballero le advirtieron a la entrante administración que no se podían pagar gastos de representación a funcionarios distintos al mandatario, porque ello estaba expresamente prohibido, pero, por lo visto, tanto Dau como sus distintos asesores desatendieron dichas advertencias.
Para esos días se reveló que el ente de control fiscal ha venido cuestionando desde 2018 el pago de gastos de representación a personal distinto al alcalde, y que -concretamente – durante un informe de auditoría presentado en el 2020, resaltó la irregular situación.
Según la Contraloría, el Acuerdo 009 de 2011, expedido durante el gobierno de Judith Pinedo Flórez, así como los Acuerdos que, antes de ese, dispusieron el pago de gastos de representación a los empleados del nivel directivo, «son violatorios de las normas constitucionales y legales«.
Destacó la Contraloría que la Administración de Pedrito Pereira consultó al Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP – si era procedente que en un Distrito se realizara el reconocimiento y pago de gastos de representación a funcionarios distintos al alcalde, y la respuesta del ente consultor fue tajante: que el Distrito solo puede pagar esta erogación al alcalde, y que los funcionarios distintos a este «no lo pueden devengar bajo ningún concepto, y menos basándose en un acto administrativo que contraviene la Carta Política«.
Por ello, considera la Contraloría que tanto el alcalde William Dau como se asesores en estos temas, conocedores de esta situación, estaba en el deber legal de inaplicar el Acuerdo 009 de 2011, tal como lo consagran la jurisprudencia del Consejo de Estado y numerosos conceptos del DAFP, haciendo uso de la figura de la excepción de inconstitucionalidad.
No obstante ello, y a pesar de reiteradas advertencias, la Administración ordenó el -según la Contraloría – «pago ilegal«.
«Ahí están las consecuencias»
En sus redes sociales, la lideresa política y activista social Jacqueline Perea Blanco, refiriéndose al embargo decretado, manifestó que «ahí están las consecuencias« de una Administración que no escucha a la ciudadanía y menos a quienes, como ella, ejercen control social.
En efecto, Perea Blanco, enterada de la sorpresiva expedición del Decreto No. 1657 del 31 de Diciembre de 2020, advirtió en varias oportunidades que, de no derogarlo, el Ejecutivo iba a enfrentar «procesos fiscales, disciplinarios y hasta penales«.
Entretanto, el líder sindical y veedor ciudadano Érick Urueta Benavides, llamó la atención que el alcalde haya autorizado un incremento -en promedio – del 25% en su salario y el de sus más cercanos colaboradores, con retroactivo incluido, mientras que a los empleados de menor nivel les autorizó solo un aumento de hasta el 5,5%.
