Por Carlos Ardila González *
Se ha dicho en innumerables escenarios que el avanzado y galopante deterioro de la malla vial de Cartagena, sin que se vislumbre por lo menos una solución a largo plazo a un problema que afecta en proporciones gigantescas a tirios y troyanos, es un verdadero monumento a la desidia.
Pero si, entre toda la infraestructura deteriorada a lo largo y ancho de la ciudad buscamos un caso que muestre de cuerpo entero la ineptitud e incapacidad de ciertos funcionarios del Distrito, no hay dudas de que el cierre sin fórmula de juicio del Puente Las Palmas sería el escogido.
Primero, sin tener previsto ningún plan, se cerró una de las calzadas del puente que une el barrio Manga con el Pie del Cerro, causando inmediatamente enormes trancones.
Después, aunque aún no había plan alguno, se decidió clausurar totalmente el puente, causando ya no trancones sino, literalmente, un verdadero colapso en las llamadas horas pico.
Justamente, sumándose a los reclamos ciudadanos por el caos causado sin que, paralelamente, se tenga a la mano una solución, aunque sea temporal, el Concejo de Cartagena exhortó al Ejecutivo a evitar que se agrave la situación implementando inmediatamente acciones que mejoren la movilidad.
De igual forma, por iniciativa del concejal Fernando Niño Mendoza, el cabildo realizará una audiencia pública con los residentes de los barrios Pie de la Popa y Manga con el fin de explorar soluciones al problema creado con la inopinada decisión. “Este es un problema enorme, que ha tenido varios requerimientos por el estado de deterioro, y hasta el momento no hemos encontrado ninguna respuesta, ni una posición de la administración”, reclamó Niño Mendoza.
Por ‘requerimientos’ -le informaría el cabildante a este reportero – se refirió a los oficios remitidos por la Procuraduría Provincial de Cartagena al alcalde William Dau Chamat, así como a las advertencias realizadas por expertos.
Entre las cartas que, en ejercicio de su acción preventiva, el Ministerio Público envió al mandatario, se halla una en la cual el entonces procurador provincial, Guidobaldo Flórez Restrepo, le solicitó informar las acciones tomadas con el fin de evitar un eventual colapso del puente.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, es claro que el Distrito ha debido y debe atender las recomendaciones de unos expertos que, tras una exhaustiva revisión de la estructura del puente, conceptuaron que esta tiene «muy afectada su capacidad para resistir las cargas de servicio actuales y futuras, ya que más del 80% de la misma presenta un nivel de daño severo y se puede presentar un inminente colapso lo que pone en riesgo las vidas humanas«.
«Se emiten estas recomendaciones«, se advierte en el estudio de los expertos, suscrito por el magíster en Geotecnia Emiro Vanegas Gómez y fechado en julio de 2019, «para ser aplicada de manera inmediata mientras se realizan los diseños del nuevo puente a instalar«.
Otro experto, el expresidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar Alfredo Pineda Corena, sobre el cierre total del puente conceptuó que “se tomó una decisión que es totalmente absurda y va en contra de la movilidad de la ciudad; los trancones son enormes y no se puede. Hay muchas soluciones, como demolerlo, construir un puente militar provisional, reforzarlo, pero no tomar esas decisiones sin tener un proyecto o saber lo que se va a hacer”.
La solución definitiva, como se sabe, es construir un nuevo puente, y por ello la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar –Edurbe – tiene listos los respectivos diseños (ver arriba fotografía principal), y el gobierno anterior incluyó en el proyecto APP Corredor Portuario la ejecución de las correspondientes obras.
Que la Administración no sepa aún qué acciones tomar no es, sin embargo, el único problema que enfrenta la comunidad cartagenera.
Debajo del puente hay dos tuberías de gran envergadura: una de acueducto y una de alcantarillado, instaladas hace más de tres décadas por las extintas Empresas Públicas Municipales.
De romperse esas tuberías, lo cual indefectiblemente ocurriría si la Administración no ejecuta oportunamente las obras, Manga sufrirá otra gran afectación, ya que -por un lado – el suministro de agua potable se le disminuirá ostensiblemente; y -por el otro – las aguas residuales que circulan por la tubería de alcantarillado, que provienen de la mayoría de los casas y edificios de la zona, en caso de una ruptura deberán descargarse en la Bahía de Cartagena, a un lado del Club de Pesca, lo cual ocasionaría una tragedia ambiental y sanitaria de gran magnitud.
* Director de Revista Metro
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