La noticia no podía ser mejor, sobre todo en medio de una pandemia que había desnudado el tamaño de la crisis sanitaria que arrastra Cartagena por la falta de una red hospitalaria óptima.
Al término de una Mesa Técnica Extraordinaria convocada y liderada por la Contraloría General de la República, en la cual participaron el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, funcionarios distritales de distintas áreas, contratistas, interventores y veedores, el contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte anunció que antes de cinco meses estarán -por fin – terminadas las obras de la Unidad Periférica de Atención – UPA- de Daniel Lemaitre; de los hospitales de El Pozón y Canapote; y de los CAP de Barú y Bayunca.
Concretamente, según el anuncio del funcionario, en dos meses culminarán las obras del CAP de Bayunca; en tres meses la UPA de Daniel Lemaitre; en cuatro meses el CAP de Barú; y en cinco meses los hospitales de Canapote y El Pozón.
Al término de la Mesa Técnica Extraordinaria, la cual tuvo lugar en el Palacio de la Aduana, Córdoba Larrarte advirtió que, para lograr que se cumplan los plazos establecidos, la entidad a su cargo mantendrá una vigilancia especial sobre las obras que se reactivan, con el acompañamiento de la comunidad organizada.
El contralor reveló -igualmente – que en el marco de la estrategia ‘Compromiso Colombia‘, que busca destrabar el desarrollo de las obras que en distintos entes territoriales han presentado atrasos considerables, desde el año pasado ha venido promoviendo una serie de diálogos con los funcionarios del Distrito de Cartagena responsables de las respectivas obras, en su propósito de ejercer control preventivo y reactivarlas lo más pronto posible.
Y en el marco de ese mismo ejercicio, Córdoba hizo otro anuncio positivo: la próxima semana funcionarios del Ministerio de Hacienda deberán reunirse con el alcalde Dau Chamat con el fin de lograr acuerdos para conseguir recursos, entre ellos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales –Fonpet, que permitan la reactivación de por lo menos otros seis Centros de Atención Prioritaria en Cartagena.
De acuerdo con fuentes del Distrito, durante la reunión, el propio contralor llamó al nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para pasarle al alcalde y concretar una cita.
Sobre las responsabilidades fiscales que les caben a los funcionarios y exfuncionarios que por acción u omisión propiciaron que durante más de seis años no se pudieran culminar las obras, el propio Córdoba informó que la Contraloría «tiene embargados y vinculados a dos procesos de responsabilidad fiscal por $42 mil millones a los responsables de no entregar los CAP en Cartagena«.
¿’Ahora Sí’?
En medio del incremento de las cifras de contagios y muertos por Covid-19 en Cartagena y, sobre todo, por el drama que representa saber que la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos está muy cerca del 100%, los anuncios del contralor Carlos Felipe Córdoba sobre la reactivación de las obras de cinco puestos de salud y centros hospitalarios fue recibida con complacencia -como pudo apreciarse en las redes sociales – por numerosos ciudadanos.
Sin embargo, también por lo visto, el anuncio de embargos y vinculaciones a procesos de responsabilidad fiscal, fueron recibidos con escepticismo.
Como destacó en su momento Revista Metro, a propósito de la serie de ‘elefantes blancos‘ en que terminaron convertidas decenas de obras contratadas durante el gobierno de Dionisio Vélez Trujillo, en mayo de 2019 la Procuraduría General de la Nación señaló que «estas obras nacieron muertas«; se debieron terminar en el año 2015 pero, hoy, «cuatro años después, tenemos unos monumentos a la ineficiencia, a la indebida contratación y al desgreño administrativo» (leer ‘«Varias obras contratadas en Cartagena son unos monumentos a la ineficiencia»: PGN‘).
Para esas mismas fechas, Noticias Uno resumió así los hallazgos del ente de control disciplinario: «un detrimento de $100 mil millones podría haberse causado en Cartagena por dos contratos para construir o hacerles mejoras a 36 puestos de salud. El 50% del valor de esos contratos se entregó pero la gran mayoría de los puestos no existe o está abandonada«.
No obstante las grandes sumas involucradas y el grave perjuicio causado, la Procuraduría, finalmente, sancionó -en primera instancia – al alcalde Vélez Trujillo con ocho meses de suspensión de un cargo que ya no ocupa (leer ‘La nimia sanción impuesta a Dionisio Vélez por la Procuraduría, la noticia de ayer‘).
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