Definitivamente, la transparencia en varias dependencias del Distrito de Cartagena cada día está más en cuestión.
Al principio del gobierno, el hecho de que no se publicaran los actos administrativos suscitó -sin respuesta alguna – serios cuestionamientos (leer ‘Desde el 11 de febrero, ya los decretos de nombramientos del Distrito están en la web‘).
Un actor político en su momento: el exalcalde Pedrito Pereira Caballero, ha debido interponer acciones de tutela y posteriores incidentes de desacato para acceder a información documental que debería estar en línea, lo cual arroja nuevas inquietudes sobre el tema (leer ‘La probidad y la transparencia en la Administración Dau – Parte I‘).
Otros actores han venido solicitando información sobre la real situación de Transcaribe, de los peajes, de la operación del alumbrado público y de la semaforización, en fin, pero la respuesta sigue siendo el mismo mutismo (leer ‘La probidad y la transparencia en la Administración Dau – Parte III‘).
Hoy, un nuevo caso de falta de transparencia es denunciado por el periodista Álvaro Anaya Díaz, quien debió recurrir a una tutela luego de que desde el pasado 12 de febrero solicitara información sobre una supuesta «feria» de Contratos de Servicios Profesionales en la Secretaría de Planeación Distrital sin que, hasta la fecha de su acción, el Distrito le hubiera respondido debidamente.
Según Anaya Díaz, solicitó fotocopias de los documentos presentados por un grupo de contratistas, así como los estudios de conveniencia para su vinculación y los criterios que se tuvieron en cuenta al fijarles los honorarios. «Quiero verificar si se cumple o no con la Resolución 6000 del 30 de diciembre de 2020, que estableció una tabla de honorarios de acuerdo a la formación académica y la experiencia de los profesionales contratados«, señaló el reconocido periodista, quien, por lo visto, tiene sus reservas porque -según dijo – «a la misma Secretaría de Planeación están vinculados funcionarios con una comprobada experiencia, de 10 y 15 años, y sus remuneraciones están por debajo de lo establecido en la citada Resolución«.
De acuerdo con lo que se pudo establecer, el pasado 30 de marzo el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías admitió la acción de tutela instaurada por Anaya. En su auto de admisión, el juez William Oyola Yepes le ordenó al Distrito que, «en un término improrrogable de tres días hábiles«, presente «un informe con los hechos que dieron fundamento a la vía judicial«.
El hecho es que, solo después de conocerse esta orden judicial y de que varios portales informaran sobre ella, la Administración envió al periodista la información solicitada. «Casi a las 6 de la tarde de este lunes (5 de abril), mientras asistía a una reunión sobre la inseguridad en Crespo, me enviaron lo pedido. Bueno, aún no he revisado si está todo. Y de seguro también dieron traslado de esta respuesta al señor juez«, le informó Anaya a este reportero; «qué triste que los ciudadanos debamos recurrir a acciones de esta naturaleza para que nos den información que podrían responder en el término de la distancia«.
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