Por Rafael Vergara Navarro *
El inicio del desmonte del Cartel del Escombro expresa un cambio y una luz de esperanza que aporta la Fiscalía para poder vencer el delito continuado que destroza los ecosistemas, y una rectificación en la ciudad luego de que en 2007 precluyera y se inhibiera en 97 denuncias, consolidando las ocupaciones ilegales acusadas y las por venir, sin sanción posible.
Pero ese es el ayer de impunidad. Ahora estamos ante este cambio esencial: la desactivación de un crimen ecológico, una exhaustiva investigación articulada por el ente acusador y la Policía Nacional, que ordena detener a los dos primeros acusados por concierto para delinquir y daño en los recursos naturales agravado, con el anuncio de más detenciones, es decir, la desarticulación de la red que permitirá identificar y capturar a financistas, dueños de volquetas, loteadores, taladores, rellenadores, ocupantes, vendedores, tramitadores, de esa urbanización ilegal que fue ejecutada entre el 2014 – 2020, entre Tierrabaja y Puerto Rey. Valga recordar que allí la intención dolosa de urbanizar lideró la pérdida de 51 hectáreas de manglar, con trazado de vías y la expansión poblacional de propios y extraños.
La investigación de la Fiscalía involucra además La Boquilla, Villa Gloria y Olaya Herrera, donde la obstinación de dinero se mezcla con la necesidad de suelo.
Hay satisfacción ciudadana, y en el Ecobloque complacencia porque en 2020 se acertó, con fiscal a bordo, al priorizar parar en esa zona protegida el avance del ecocidio; se ganó gobernabilidad ante los representantes y asesores de los consejos comunitarios, para quienes bajamar no significaba restricción, bien de la Nación. También porque con patrullaje y presencia se controló la tala y el loteo, impidiendo que el cartel devastara toda la ronda hídrica en su pretensión de llegar a El Pozón. El daño está hecho, hay recuperaciones pendientes y sigue la siembra que limita y restaura 59 hectáreas, compromiso de Cardique en el Ecobloque. Para bien de la comunidad, desactivado el cartel y sus presiones, tiene ello que ser garantía del respeto a los manglares, su fauna, la ciénaga y la ley.
El concierto para delinquir y daño en los recursos naturales con sus talas y rellenos enormes, develará los abusos de determinadores y testaferros en Puerto Rey y el territorio protegido en la titulación colectiva de Tierrabaja, y en la metamorfosis del bien de la Nación que pasa de lote a predio escriturado y vendido.
La decisión judicial indica a los consejos y a todos que es hora de repensar y censar, precisar si el ocupante es o no de la comunidad, o si son “lotes” de engorde, o “predios” ocupados por quienes no son afrodescendientes ni pobres. Duele e indigna el uso de los nativos y alegra el castigo a los culpables.
* Abogado, ambientalista, gestor de Paz y director del Ecobloque
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